La enésima mentira del Gobierno de Rajoy

Rajoy y sus ministros se hartaron de decir que no habría banco malo. Pues bien, ya tenemos banco malo. Pero si parecía que ésta era la única solución para los activos tóxicos y se había experimentado con éxito en otros países, ¿por qué se llenaron la boca a fuerza de negarlo?; ¿por qué tardaron tanto tiempo en implementar la medida? Y, ¿quién les va a creer ahora cuando dicen que no costará ni un euro al contribuyente?

Desarrollo, inversión internacional y expropiaciones: ¿a quién benefician o perjudican?

En los últimos días hemos presenciado dos actos de nacionalización o expropiación de sendas filiales de empresas españolas en dos países latinoamericanos. En ambos casos, los gobiernos respectivos las realizan “en nombre del pueblo”, “con el objetivo de controlar los recursos naturales”, “los sectores estratégicos”, “los servicios básicos”, etc. Sin entrar en detalles sobre cada caso concreto, sobre las consecuencias para las empresas matrices de las nacionalizadas ni sobre la justeza o no de las compensaciones económicas que puedan derivarse, mi objetivo en esta entrada es el de analizar las consecuencias de dichos actos para los pueblos de los propios países en cuestión: ¿les benefician o les perjudican?

En primer lugar, debemos recordar algunas cuestiones elementales. Es necesario comprender que el nivel de riqueza, de bienestar y de progreso económico de un país depende de la cantidad y calidad de los bienes de capital existentes en dicho país, es decir, de la densidad y la eficiencia de su tejido industrial, de sus fábricas, de sus infraestructuras, de sus medios de comunicación, etc.; no debemos olvidar incluir también el capital humano: la calidad de la enseñanza, el nivel de los conocimientos tecnológicos, etc. Es evidente que de la densidad de los medios de capital depende la productividad, es decir, la cantidad de producción en relación con la cantidad de trabajo empleado: un campesino con un arado romano y unos bueyes tardará un día en labrar un campo que, probablemente, araría en una hora si cuenta con el tractor o la maquinaria adecuada; igualmente, en un país que cuente con infraestructuras deficientes, medios de comunicación escasos y una población mayoritariamente analfabeta, la productividad será mucho menor que en otro que tenga medios de capital más desarrollados. Una mayor productividad, derivada de una alta densidad de bienes de capital, redunda en unos precios menores, ya que productos que antes eran muy costosos de producir, con unos medios de capital adecuados ven abaratados sus costes medios. Así mismo, tal como se explica en cualquier manual de economía, la productividad marginal (es decir, la productividad del último trabajador contratado) determina, los salarios de equilibrio, de manera que el nivel general de los salarios es mayor en los países que cuentan con mayor densidad de bienes de capital; es por ello que los salarios en Alemania, en Suiza o en Holanda son mayores que en España, Portugal, Irlanda o Grecia, y en estos países mayores que en Marruecos, China o Nicaragua, y no porque los sindicatos hayan sido más eficaces o las luchas sociales hayan sido más intensas en unos países que en otros.

El aumento de los bienes de capital puede conseguirse mediante dos vías no excluyentes: el ahorro y la inversión interior o bien la inversión exterior. De manera originaria, en los países desarrollados (en Europa y en algunos países poblados o relacionados con europeos) los bienes de capital han ido desarrollándose y acumulándose a lo largo de siglos, a partir de la revolución cientificotécnica que precedió a la Revolución Industrial, en un constante y progresivo proceso de desarrollo tecnológico, ahorro e inversión. Este proceso ha sido, en términos generales, paralelo al desarrollo humano y social en otros terrenos, como los derechos humanos, la democracia y la libertad, avances que han posibilitado la consolidación de instituciones sólidas en forma de estados democráticos y de derecho, y de una estabilidad política y jurídica que ha favorecido el desarrollo económico.

Lamentablemente, esta situación relativamente favorable (y aun así, sometida a crisis económicas periódicas como la actual) sólo existe en un número reducido de países. En muchas zonas del mundo existen aún gobiernos despóticos al servicio de elites corruptas que someten a sus pueblos a la ignorancia y a la miseria. En otros países, aunque cuenten con regímenes políticos formalmente democráticos, sus instituciones son aún débiles e inestables y su nivel de corrupción es alto. En unos y en otros, los medios de capital, físicos y humanos, son muy escasos o incluso casi inexistentes, debido a que no han tenido la posibilidad de desarrollarse. Esto origina que su nivel de riqueza sea bajo y que abunde la pobreza y la miseria. Muchas veces se arguye como causa del subdesarrollo de los países pobres y de la riqueza de los desarrollados la explotación imperialista o colonialista; aún debiendo analizarse y denunciarse todos los abusos e injusticias que históricamente se hayan producido o puedan producirse, creo que esta explicación no es suficiente para dar cuenta de la situación real actual: por una parte existen países muchos países europeos desarrollados que no contaron con imperios coloniales (Noruega, Suecia, Suiza, Finlandia, Islandia...), y en muchos países del Tercer Mundo, como muchos de los países árabes o africanos, la dominación colonial fue de corta duración en términos históricos. Creo, más bien, que la explicación de la situación actual de unos países y otros está determinada por el distinto nivel de desarrollo de los bienes de capital fruto de su proximidad o lejanía o distinta relación histórica con el núcleo donde primeramente se desarrollaron, de manera paralela, las revoluciones cientificotécnica, industrial y democrática, y que el futuro de los países pobres depende de la política que adopten de cara a favorecer el incremento de su capacidad productiva, es decir, sus bienes de capital.

Por ello, una serie de países (Sudeste asiático, India, Brasil, incluso China...) han optado de manera decidida por la vía de la apertura al exterior, tanto en cuanto a la intensificación de los intercambios comerciales como a la inversión extranjera, y han experimentado un progreso económico indudable en las últimas décadas. En otros países, esta apertura ha sido más indecisa, sometida a bandazos en función de las circunstancias políticas, o incluso no se ha dado, con el consiguiente perjuicio para los pueblos, que se han visto sumidos en el estancamiento y el atraso, o en la pobreza generalizada y en la miseria extrema.

En este sentido, la inversión exterior representa un elemento imprescindible para el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo y para el progresivo aumento del bienestar de sus pueblos. Países donde el tejido industrial, las infraestructuras, el nivel educativo, el desarrollo tecnológico, etc., son muy deficientes, tienen una capacidad productiva muy limitada y no pueden generar por sí mismos, a corto y a medio plazo, los recursos suficientes para mejorar el nivel de vida de sus habitantes ni para desarrollar, a través del ahorro interno y de la inversión endógena, sus propios recursos productivos. Sin inversión exterior, deberían atravesar un largo período de tiempo en adquisición de conocimientos y tecnología, ahorro y esfuerzo de inversión para aumentar sus recursos de capital que les permitiesen, a largo plazo, mejorar su productividad y aumentar su nivel de vida; es decir, deberían recorrer por sí solos el largo y costoso periplo de desarrollo que en Europa y otros países desarrollados ha costado siglos. En cambio, la inversión exterior permite que los países en vías de desarrollo se aprovechen de nuestros avances tecnológicos, de nuestro capital y de nuestra experiencia, y puedan recorrer el camino del progreso en un período mucho más corto que el que nosotros habíamos necesitado.

Cuando una empresa extranjera o una multinacional invierten en un país, desde luego lo hacen por interés propio y de sus accionistas, y no actúan como una ONG; su fin es maximizar los beneficios, de la misma forma que cuando invierten en cualquier parte, o de como actúa la mayor parte de la gente en el terreno económico. Pero esta inversión se traduce en el montaje de una fábrica o de unas instalaciones que aumentan el tejido industrial o las infraestructuras del país; para ello, requerirán la contratación de mano de obra, y a fin de fidelizar a sus trabajadores más eficientes, normalmente pagarán salarios más altos que los que ofrecían los escasos empleos en las manufacturas locales. Desde luego, los salarios y las condiciones de trabajo no serán, al principio, tan altos ni tan favorables como los que se ofrecen en los países desarrollados, puesto que la cantidad de mano de obra disponible es muy numerosa, y por ello la relación entre bienes de capital y trabajo (de la cual depende la productividad marginal y los salarios) es baja; pero sin duda, tales condiciones de trabajo y de vida son mejores que las que tenían cuando la empresa multinacional no existía. Y a medida que la inversión exterior se extiende y acuden nuevas empresas extranjeras a invertir al país, el tejido productivo se hace más denso, la relación entre bienes de capital y trabajo aumenta, y por ello empieza a funcionar la competencia entre las empresas por conseguir los trabajadores más eficientes, y necesariamente los salarios aumentan y las condiciones laborales mejoran. Una parte de los beneficios se reinvertirá en el país, mediante la mejora o ampliación de las instalaciones o la apertura de nuevas industrias. Por ello, la alternativa a una multinacional que ofrece salarios escasos y condiciones duras (en comparación con los estándares de los países ricos) no es que la multinacional se vaya, sino que acudan otras diez, cien o mil multinacionales más a enriquecer el tejido industrial y a ofrecer nuevos puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, gracias a la inversión exterior proliferan las industrias locales que ofrecen sus productos y servicios a la multinacional, y se aprovechan los conocimientos y la tecnología exterior. De esta manera, se incrementan aún más los bienes de capital físico y humano, y se posibilita todavía más la mejora de salarios y condiciones de vida; a largo plazo, éstos se equilibrarán con los de los países desarrollados. Al mismo tiempo, al haber aumentado la producción en su conjunto, se ofrecen bienes y servicios inexistentes anteriormente, o de mejor calidad y a un menor coste que los previamente existentes, y por tanto a un precio más barato. El país en su conjunto se beneficia de la inversión exterior. Por supuesto, el país originario de la empresa inversora también se beneficia, a través de la parte de beneficios que revierten a los inversores y mediante los productos importados a precios más baratos.

Por todo ello, la inversión exterior permite a los países en vías de desarrollo captar el capital y la tecnología que les posibilitarán su progreso económico y tecnológico, como un intercambio que beneficia a ambas partes. Ello es tan evidente que incluso algunos países de regímenes comunistas han acudido a la inversión exterior, sobre todo en épocas de carestía y como último recurso para su desarrollo.

Con estas reflexiones previas, podemos valorar las acciones de expropiación o nacionalización como profundamente negativas para los pueblos que sufren a los gobiernos populistas que las ejercen. A pesar de la retórica “patriótica” que las envuelve, normalmente sirven de coartada política al gobierno de turno para justificar su ineficiencia o sus problemas en otros terrenos. Su resultado es que, allí donde había una empresa moderna dirigida por profesionales y técnicos competentes, que prestaba un servicio de calidad o proporcionaba unos bienes o productos a la población, nos encontraremos con una macroestructura estatal dirigida por funcionarios sin incentivos adecuados, y eventualmente susceptible de caer en los males que aquejan a este tipo de estructuras: corrupción, nepotismo, despilfarro de recursos públicos, ineficiencia, ineficacia, etc. Además, dejará de afluir la tecnología que aportaba la empresa expropiada, y todo ello redundará en un empeoramiento o incluso desaparición de servicio o bien prestado.

Pero las consecuencias generales para el país no se limitarán a los de la industria o empresa expropiada. Normalmente, la empresa o multinacional se encuentra en el país fruto de un acuerdo previo, por compra de una empresa local que antes era ineficiente, o bien por haber montado nuevas instalaciones fruto de una política previa de apertura al comercio y a la inversión exterior; en todos los casos ha habido una inversión o desembolso por parte de la multinacional, que ahora se pierde. Incluso en el dudoso supuesto de que se llegase a un acuerdo justo con la empresa en cuanto a indemnización a pagar, se genera un precedente de cambio de reglas de juego, y una inseguridad jurídica manifiesta; la expropiación implica una variación en la política de apertura económica previa. Todo ello desincentiva la inversión exterior: las empresas exteriores paralizan las inversiones proyectadas o disminuyen las existentes, y las que pensaban acudir al país desisten de ello; las industrias locales que habían iniciado su florecimiento decaen o desaparecen. Con ello, se congela o se reduce la estructura productiva, los salarios se reducen o no crecen, se pierden puestos de trabajo, las condiciones de vida se estancan, el país se empobrece y se ciega una magnífica vía para salir de la pobreza.

 
Por encima de la demagogia, éstas son las consecuencias reales de los actos populistas de expropiación o nacionalización. Las personas que, desde los valores de la izquierda, nos sentimos sensibles y solidarios con el progreso humano y el desarrollo de los pueblos no deberíamos ignorarlas.

El problema no es sólo de Repsol

El problema no es sólo de Repsol. Cuando los argentinos se den cuenta de que no cuentan con tecnología ni recursos para explotar sus pozos, y que de repente se quedan sin energía; cuando se den cuenta de que, habiendo su presidenta violado el principio de seguridad jurídica y el derecho internacional, los inversores exteriores empiezan a no acudir, o incluso a desaparecer de Argentina; cuando se den cuenta de que sin inversión exterior la competencia, la demanda de trabajo y los salarios reales se reducen; cuando se den cuenta de que en lugar de profesionales han colocado al frente de sus empresas más importantes a politicastros corruptos e incompetentes; cuando los organismos internacionales impongan a Argentina una indemnización por el valor real de lo expropiado, que el Estado se niega a pagar, porque sus políticos se han llevado los recursos; cuando ya nadie quiera prestar dinero al estado argentino ni hacer negocios con él; en fin, cuando la sociedad argentina se empobrezca cada vez más por culpa del populismo demagógico, entonces las consecuencias no las sufrirá su presidencia, ni sus políticos; las sufrirá el pueblo argentino. Pero, los políticos no tendrán problema: siempre conservarán lo que se han llevado, y siempre existirá el "imperialismo", el "neoliberalismo", el "colonialismo", los "malditos gallegos" o cualquier otro fantasma para echarle la culpa y eludir los análisis serios y las responsabilidades.

Rajoy decepciona incluso cuando acierta

En otro giro espectacular respecto a lo prometido, después de haber afirmado hasta la saciedad que España cumpliría sus objetivos de déficit, Rajoy se permite desafiar a la Unión Europea negando todas sus promesas anteriores y afirmando que el objetivo del déficit para 2012 será del 5,8% del PIB, muy lejos del 4,4% comprometido.

La decisión, en sí, no puede calificarse de negativa, sino todo lo contrario. El compromiso de déficit del 4,4% se tomó cuando se preveía una cierta recuperación económica que habría permitido ir enjugando el enorme déficit acumulado en los años anteriores; en lugar de ello, la economía ha experimentado un retroceso generalizado en el último trimestre de 2011, lo cual ha originado que el déficit del último año fuese más alto que el inicialmente previsto. En 2012, muchos países prevén una desaceleración que en algunos, como en España, se traducirá sin duda en recesión. En estas condiciones, el cumplimiento del objetivo prefijado hubiera obligado a una profundización de los recortes sociales que hubiera hundido aún más la economía y habría hecho que aumentara aún más de lo previsto el número de parados. Por ello, el mantenimiento del compromiso hubiese sido poco menos que suicida. Muchas voces se han pronunciado en este sentido, y el acierto de la decisión ofrece pocas dudas.

Sin embargo, la forma de tomar esta decisión resulta decepcionante, y puede calificarse de alarmante. La situación de dificultad en el cumplimiento de lo pactado no afecta únicamente a España, sino, como hemos dicho arriba, a muchos países de la Unión Europea. Se ha desaprovechado una magnífica ocasión de introducir un debate de altura en el conjunto de la Unión Europea para evaluar los resultados de la política de austeridad a ultranza seguida hasta ahora, y para valorar la posibilidad de reintroducir incentivos de tipo keynesiano para reactivar la economía; es decir, se ha perdido la oportunidad de convencer a los gobiernos más conservadores de la necesidad de cambiar el rumbo de la política económica seguida hasta ahora. Una decisión consensuada en sentido positivo habría generado confianza y habría permitido ir saliendo conjuntamente de la crisis.

Es decir, se imponía la vía de la negociación con nuestros socios, para tomar entre todos las decisiones más convenientes. Sólo agotada la carta de la negociación, y después de que se hubiese comprobado el fracaso de ésta, podría haber tenido justificación el incumplimiento por parte de España, para evitar males mayores. Sin embargo, el gobierno se lanza a una decisión unilateral, sin contar con nadie, en claro desafío a toda la Unión Europea. Con ello, el PP incumple de nuevo sus promesas electorales y sus afirmaciones anteriores (ya lo hizo al aumentar los impuestos) en un nuevo bandazo que compromete nuestra credibilidad de país para cumplir sus compromisos, y nos expone en solitario a los avatares de los mercados, dificultades que podrían provocar un aumento exagerado de la prima de riesgo que mermase nuestra capacidad de financiación en el exterior y agravase aún más la crisis. Ojalá, además de volver a mentir, el gobierno no se haya equivocado.

El verdadero rostro de Alberto Ruiz Gallardón

Hoy hemos vuelto a ver el verdadero rostro de Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia, y para algunos líder “moderado” de la derecha. Mientras su compañero de gabinete, el ministro del Interior, da muestras de una cierta autocrítica, Alberto Ruiz Gallardón cierra filas y habla de “los que atacan" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, afirmando que los agentes policiales han sido "violentamente agredidos" y han actuado "obligados" por esa violencia de las protestas estudiantiles. Nosotros no hemos visto nada de eso; lo que hemos visto, y ha visto todo el mundo, son policías empujando violentamente y golpeando a ciudadanos indefensos, muchos de ellos menores de edad.

A Ruiz Gallardón ya lo conocíamos apoyando también sin fisuras la guerra de Irak, y manifestando que lo más progresista que ha hecho en su vida es proponer una reforma legal para encarcelar a miles de mujeres y médicos. Si esta era la “imagen moderada” de la derecha española, ahora ya sabemos a qué atenernos.

Sobre la represión policial en Valencia

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/20/valencia/1329747482_238876.html#sumario_3 

http://www.abc.es/20120221/local-comunidad-valenciana/abci-videos-carga-policial-201202211112.html

En los enlaces anteriores recojo algunos testimonios y vídeos sobre la violencia policial injustificada que se vivió en Valencia en el día de ayer. Los he seleccionado de dos medios de tendencia diferente, para que nadie piense que se trata de una visión parcial.

Una actuación policial tan violenta como la que se vivió ayer, yo no la recuerdo desde los tiempos de la Dictadura. Esto pasó de simples "excesos policiales", y fue algo políticamente premeditado. Si pretendían despejar la calle, tenían medios para hacerlo sin agredir a la gente. Pero NADA JUSTIFICA EL APALIZAMIENTO BRUTAL DE PERSONAS INDEFENSAS.

Para acabarlo de rematar, el jefe de la policía en Valencia se refiere a los estudiantes menores de edad como "el enemigo", en presencia de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, que calla y otorga. Ésta es la "gente" que nos gobierna.

El Sindicato Unificado de Policía ha señalado a los verdaderos responsables políticos: la delegada del Gobierno, que ordenó la carga policial, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no la ha cesado fulminantemente y la mantiene en el cargo. Además, dicho sindicato señala que los policías no tienen un protocolo de actuación claro para estos casos. Sin embargo, esta responsabilidad política no quita la responsabilidad penal que corresponda a los policías individuales y mandos que cometieron los actos brutales, que deben investigarse y llevarse ante la justicia.

Sobre Grecia

¿De verdad creen los griegos que quemando su país, sus edificios históricos, sus valores culturales, lo que puede servirles para progresar un poco aunque sea atrayendo el turismo, van a arreglar algo? ¿De verdad hemos de aprender de ellos, como dicen algunos? ¡Pero si lo que están aprobando es lo que necesitan para que la Unión Europea les preste más dinero aún, dinero sin el cual no podrán pagar a sus maestros ni a sus médicos! Desde luego, la ruina de Grecia la han causado sus sucesivos gobiernos, que gastaron cinco veces más de lo que tenían, mintieron en sus cuentas y encima llevan dos años engañando y mintiendo para que les den todavía más dinero. Pero los ciudadanos, acostumbrados a la corrupción y a la evasión sistemática de impuestos, alguna responsabilidad deben tener también, ¿no?