Estimados seguidores del blog “Los valores de la izquierda”:

Tengo el placer de presentaros mi novela, “Un himno a la alegría” (también en su versión en catalán: “Un himne a l’alegria”), disponible en la web de Amazon.

Aunque, como podréis deducir del título, y de la descripción que puede consultarse en los enlaces que se encuentran bajo, la temática principal del libro no es la política, en él no he podido ignorar los problemas sociales de la actualidad, y creo que he reflejado mi visión de una izquierda crítica y no dogmática, o si queréis liberal progresista, pero siempre en la defensa de los valores éticos de progreso, libertad y justicia, y desde el respeto a todas las personas con distintas ideas.

Podéis consultar la descripción y leer las primeras páginas en los siguientes enlaces:

Versión en castellano:
http://www.amazon.es/dp/B00V8T8G12
Versión en catalán:
http://www.amazon.es/dp/B00V8T995O

Web dedicada a la obra, con diversos artículos sobre el argumento, los temas de la obra, los personajes, la estructura narrativa, etc.: http://www.unhimnoalaalegria.com/

Página de Facebook: https://www.facebook.com/himnoalegria.himnealegria

Por la república

Imaginaos que el rey no hubiese sido nombrado por un dictador. Imaginaos que la historia que nos han contado sobre que el rey trajo la democracia, que la defendió heroicamente contra los golpistas durante el 23-F, etc., fuese todo cierto. Imaginaos que el rey no cazara elefantes, que él y su familia fueran modélicos, que Urdangarín fuese un honrado entrenador de baloncesto, etc. 

Imaginaos que en España hubiese habido cuatro repúblicas (aún serían menos que en Francia), y que todas ellas hubieran sido un desastre. 

Imaginaos todo lo que queráis. Pues aún así, todavía deberíamos continuar reivindicando la REPÚBLICA. ¿Por qué? 

- Porque creemos que la democracia y la transparencia deben llegar a todas las instituciones del Estado, incluida la jefatura.

- Porque pensamos que todos los ciudadanos deben ser verdaderamente iguales ante la ley y que nadie puede ser “irresponsables ante la ley”, como el jefe de estado actual.

- Porque nadie debe poseer ventajas estamentales o privilegios especiales de familia, sino que todos los que accedan a los cargos o instituciones públicas lo deben hacer habiéndose ganado la confianza de sus ciudadanos en unas elecciones libres.

- Porque lo que interesa de verdad de los cargos públicos, incluido el jefe de estado, no es su vida privada, sino su actuación pública, de la cual deben dar cuentas ante los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente.

- Porque creemos que la monarquía, como sistema mediante el cual una familia es portadora de la representación máxima del Estado y una persona ejerce el cargo de jefe del Estado por herencia, es una institución obsoleta y residual, herencia del Antiguo Régimen feudal, anterior a la modernidad, totalmente incompatible con la idea de igualdad de derechos de todas las personas e incluso con la democracia.

 
14 de abril, Día de la República

Sobre un libro que no leeré

Hace poco oí una entrevista radiofónica a Alberto Garzón, economista y diputado de Izquierda Unida, que tenía como objetivo presentar su reciente libro La gran estafa. La seguí con gran interés, esperando escuchar algo nuevo, alguna alternativa válida en las propuestas de un economista de izquierdas representativo de los nuevos movimientos de contestación aparecidos recientemente. Sin embargo, he de decir que me defraudó profundamente: los mismos tópicos, las mismas teorías caducas, los mismos lugares comunes y falsas alternativas de siempre.

No pretendo hacer un análisis riguroso del contenido de la entrevista, ya que no puedo citar literalmente sus palabras. Me limitaré a exponer la impresión recibida, recogiendo lo esencial de sus argumentos y esperando no traicionar la esencia de su discurso; si cometo algún error grave, espero que alguien me corrija.

El primer lugar, y haciendo referencia al título de su libro, para él la crisis es, efectivamente, una estafa. Con ello recoge y se hace eco de la consigna popular “no es una crisis, es una estafa”. Y, efectivamente, en la crisis económica actual puede haber un gran contenido de estafa; pero, a falta de un análisis riguroso, si nos limitamos a la consigna no avanzaremos nada en la comprensión del origen y de las causas de la crisis, y de sus posibles soluciones.

Porque, para él, los “estafadores”, los causantes, y al mismo tiempo los beneficiarios de la crisis son los de siempre: los mercados, los bancos, las grandes empresas, el gran capital, etc., que se han beneficiado de la transferencia de recursos de los trabajadores hacia ellos. Claro; esto suena muy populista, y es recibido con complacencia por los oídos a los que se dirige. Pero este tipo de argumentaciones olvida que entre los bancos, los que se han revelado como inviables y han ocasionado más erosión a la Hacienda pública han sido algunas de las antiguas cajas de ahorro, gestionadas y dirigidas por instancias estatales, y que el conjunto de bancos privados y grandes empresas han visto recortado su patrimonio, como media, a la mitad desde el inicio de la crisis, tal como podemos observar sólo con mirar las cotizaciones bursátiles o el índice Ibex; y ello sin contar el gran número de pequeñas y medianas empresas que se han ido a la quiebra. Desde luego, los que más han sufrido la crisis han sido y son los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, o los que han perdido parte de su poder adquisitivo y prestaciones sociales; pero es demagógico afirmar que “el capital” (excepto unos cuantos ejecutivos aprovechados, a los que habría que ajustar cuentas) ha salido de rositas o se ha beneficiado de la crisis.

Por supuesto, el entrevistado se ha mostrado contrario al sistema económico actual. Pero, como casi siempre, no se ha atrevido a dar una alternativa clara. Únicamente ha apuntado su opción por una “banca pública” (como si no hubiésemos padecido las consecuencias de la catástrofe de las cajas de ahorros) y por la “nacionalización de grandes empresas” (como si no conociésemos la ineficiencia y el derroche de recursos que las empresas estatalizadas han supuesto en todas partes y en todas las épocas). Ha avalado, sin la menor crítica, a ciertas dictaduras tropicales, y se ha mostrado correferente de Rifondazione Comunista en Italia. En fin, se ha declarado partidario de una “economía al servicio de la sociedad”, es decir, fuertemente controlada por el Estado, burdo eufemismo de una economía colectivizada, de tipo socialista o comunista –pero claro, sin citar estas palabras (excepto en la referencia directa a sus correligionarios italianos), para no asustar a la gente–. Y ello, obviando que su concepción de la economía al servicio de la sociedad, “para que produzca lo que la sociedad necesita, y no lo que sea un negocio”, consiste precisamente en quitar a la sociedad los recursos económicos para traspasarlos al Estado, como si un puñado de burócratas pudiesen conocer de antemano “lo que la sociedad necesita” mejor que los propios ciudadanos interactuando libremente a través del mercado; y olvidando el fracaso de los sistemas colectivistas en todas las ocasiones en que se han experimentado, que han desembocado siempre en dictaduras burocráticas –o lo fueron ya desde sus inicios– por el mismo desarrollo normal de su idiosincrasia.

Pero cuando le han preguntado sobre soluciones concretas a la crisis, olvidando sus principios colectivistas, se ha mostrado partidario de “soluciones monetaristas”, bien sea recuperando para España la capacidad de la política monetaria (con otras palabras, salir del euro, obviando el empobrecimiento económico y el retroceso social que ello supondría), o bien aplicando dichas soluciones a escala europea. Y aquí, lamentablemente, cae en la misma contradicción que muchos otros de su corriente ideológica: por una parte, afirman que la crisis actual no es una crisis como otra cualquiera, sino una “crisis del sistema”, que sólo puede resolverse mediante una contestación global al sistema; por otra parte, se remiten, para salir de la crisis, a recetas de la más pura ortodoxia económica keynesiana, es decir, a medidas que se quedan completamente dentro del sistema. Pero lo más grave es que bajo el tecnicismo “soluciones monetaristas” (independientemente de la dudosa efectividad de dichas medidas) se oculta lo que en realidad significa: tirar de la máquina de hacer billetes, con la consiguiente inflación (que debería ser galopante, para que tuviese algún efecto real), devaluación de la moneda y empobrecimiento generalizado de la sociedad, y particularmente de sus sectores más productivos.

En el único punto en que estoy de acuerdo con lo manifestado por el señor Garzón, y he de destacarlo, es en su contestación respecto a la forma de estado monárquica, y en su opción republicana. La solución no es que el rey abdique en el “ciudadano Felipe” o en cualquier otro, sino que se convoque un referéndum donde el pueblo pueda manifestar libremente y pueda elegir entre monarquía y república.

En fin, y volviendo al terreno económico, pienso que las teorías del señor Garzón no sirven ni para salir de la crisis ni para construir una alternativa ideológica compatible con los valores de la izquierda (libertad, solidaridad, progreso, igualdad de derechos y de oportunidades, etc.) y con el método científico. Creo firmemente que, si se implementara la “alternativa global al sistema” que propone el señor Garzón, no sólo no se resolvería la crisis y el paro, sino que éste aumentaría y la economía se hundiría, precisamente en perjuicio de los más necesitados. Francamente, no me apetece leer su libro; uno tiene un tiempo limitado y debe seleccionar cuidadosamente sus lecturas. Esperaré que alguien que esté de acuerdo con sus presupuestos ideológicos lo lea y lo resuma, para poder hacer los comentarios pertinentes. Y mientras tanto, lamentablemente, no me queda más opción que relegar las teorías del diputado Garzón al grupo de las que, en una entrada reciente, yo calificaba de “otras opciones que han demostrado su fracaso tanto teórico como práctico”. Ésta es mi opinión.

Los ciudadanos exigimos soluciones

Estamos ya cansados de discursos, de prédicas y de monsergas, y exigimos soluciones a los problemas más acuciantes del país; en particular, al más dramático y preocupante, consecuencia directa de la crisis y origen de otros males que pueden llegar a ser trágicos: el paro. 

Y seamos claros: ni los economistas ni los políticos tienen una receta única y aceptada universalmente para resolver el paro y salir de la crisis, porque si la tuvieran, la expondrían claramente y ya la hubiesen aplicado; pero sí que tienen los medios para acercarse a la solución, que son el raciocinio y el método científico. Olvídense de prejuicios ideológicos, de intereses partidistas, y utilícenlos.

Existen, al menos, dos teorías económicas principales razonables sobre el origen de la crisis y las posibles soluciones: la teoría keynesiana y las teorías liberales plasmadas en su versión más coherente por la Escuela Austríaca de Economía; y digo razonables en el sentido de que existen distinguidos economistas, muchos de ellos con la aureola de su cátedra o incluso de sus premios Nobel correspondientes (no me refiero ahora a otras opciones que han demostrado su fracaso tanto teórico como práctico) que mantienen la una o la otra. La primera es defendida, de manera más o menos coherente, por los partidos socialdemócratas; la segunda no tiene representación política parlamentaria, puesto que aunque el Partido Popular se presentó con un programa "liberal" en la economía (aunque profundamente conservador y reaccionario en muchos otros aspectos), en la práctica ha llevado a cabo ciertos recortes en terrenos que deberían haber sido los últimos en ser recortados, ha mantenido intacta la estructura burocrática de un Estado hipertrofiado e ineficiente y ha engañado a sus electores con una subida masiva de impuestos en tiempos de crisis contraria a toda lógica económica.

Pero veamos: ambas teorías no pueden ser al mismo tiempo correctas. ¿Está el origen de la crisis en la "avaricia" de los "mercados" y los "especuladores", o en la manipulación de los tipos de interés por parte de los bancos centrales? ¿El problema es la falta de gasto o la escasez de ahorro? ¿Deben subirse los impuestos "a los ricos", o deben bajarse todo tipo de impuestos, sobre todo los que lastran el ahorro y la inversión? ¿La reforma laboral, ha provocado más paro aún, o bien se ha quedado corta? ¿Debe mantenerse, o incluso incrementarse, el gasto público solicitando para ello una moratoria en los compromisos de recorte del déficit, o debe reducirse decididamente el tamaño del Estado? ¿Puede el Estado impulsar por sí mismo el crecimiento, o deben liberalizarse todos los mercados a fin de que los empresarios puedan llevar a cabo sus proyectos y absorber el paro existente? A cada una de estas preguntas, y a otras muchas más que podríamos formular, cada una de las escuelas económicas en liza (la keynesiana y la liberal) nos dan respuestas contradictorias en un debate academicista y estéril que se prolonga desde hace décadas, mientras que nuestros políticos –de todo el arco parlamentario– están completamente desorientados, instalados en la ignorancia, en la ineptitud o en la indecisión, con propuestas incoherentes con lo que hicieron cuando gobernaban o con prácticas completamente contrarias a lo que prometieron, en un permanente diálogo de sordos que ya no interesa a nadie. Son indudablemente cuestiones complejas, pero a todas ellas debe haber una respuesta correcta, y sólo una, y ésta es independiente de la ideología o de los apriorismos; son cuestiones puramente técnicas, que deben abordarse, como ya he dicho, mediante la razón y el método científico.

No me voy a mantener neutral entre una postura o la otra, y no voy a ocultar mi mayor proximidad, después de algunos años de estudio, lectura y reflexión, por las propuestas liberales. En otra ocasión expondré con más detalle los motivos de esta opción personal. Pero lo que menos importa ahora es lo que yo opine; yo no soy economista ni político. Tampoco importa demasiado lo que opinan los políticos, porque la mayoría tampoco son expertos en la materia. No voy a ser yo el que pretenda desoír el resultado de las urnas, ni clamar por un gobierno de tecnócratas. Pero, como ciudadano, sí que exijo que se aclaren entre ellos, que olviden sus rencillas, sus intereses electorales particulares y sus ansias de poder, y que intenten buscar soluciones consensuadas, que solamente pueden venir por la vía técnica. También me siento en la obligación de pedir a los economistas que dejen la torre de marfil de sus cátedras y que bajen a la arena pública, al debate y a la confrontación de ideas con sus compañeros de claustro, con sus adversarios teóricos, e ilustren con su saber, quizá también con sus dudas, al conjunto de la sociedad. Ya sé que muchos economistas han intentado contribuir con sus libros o con sus artículos ofreciendo análisis y propuestas, desde la perspectiva de cada uno, en muchos casos muy valiosas. Pero ahora eso no basta; hay que mojarse, comprometerse en el debate en la calle, y quizá en la tareas de gobierno.

Los líderes de unos partidos y otros, por encima de la refriega parlamentaria, se han ofrecido la colaboración en diversos aspectos. Pero el terreno donde más urge la colaboración es el económico. Convoquen urgentemente comisiones paritarias de economistas de prestigio de una y otra opción, incluyendo también a aquéllos que puedan mantener una posición ecléctica. Promuevan el debate público y abierto. En nuestro país existen suficientes profesionales de la economía que puedan aproximarse a soluciones que nunca serán mágicas, que pueden no ser completas ni definitivas, pero que pueden indicarnos el camino. También existen ya suficientes experiencias de países que han seguido unas políticas u otras; obsérvense los resultados obtenidos, teniendo en cuenta las circunstancias de cada país. Confróntese las ideas y los datos con verdadero espíritu crítico, de servicio a la sociedad, por encima del prestigio profesional y de los intereses de capilla. Y después, los políticos, siempre respetando los resultados de las urnas y las mayorías parlamentarias, olvídense de sus intereses electoralistas y pongan por encima los intereses del país; expliquen con claridad a la ciudadanía los resultados y las conclusiones, aunque sean parciales, de los expertos, y pónganlas en práctica, por muy impopulares que puedan parecer. Todo esto no nos garantizará resultados infalibles e inmediatos, pero cualquier cosa es preferible al marasmo actual. La sociedad se lo exige.

El telediario y los Reyes Magos

El telediario de TVE de mediodía de hoy me ha indignado profundamente. Todos los niños que han salido en el reportaje han recibido todo lo que habían pedido a los Reyes Magos, e incluso más; el mundo es perfecto y todo es felicidad por doquier. No se han acordado para nada de los millones de niños cuyos padres están en el paro o con graves dificultades y que sin duda no habrán podido, muy a su pesar, regalarles lo que deseaban; por no hablar de los niños sin hogar, etc. Me parece una muestra de desprecio por la realidad, de falta de respeto y de sensibilidad, insoportable en un medio público.

Las pérdidas del Estado en la banca pública

La operación de venta del Banco de Valencia a Caixabank ha desatado mi más profunda indignación, y supongo que la de muchos ciudadanos.

Como es sabido, el Banco de Valencia estaba integrado en el grupo Bancaja (después, Bankia), que era su accionista mayoritario; es decir, formaba parte del sistema de banca pública, que fue objeto de una desastrosa gestión de los políticos –en este caso, del PP valenciano– y que como otras muchas cajas de ahorros del resto de España se vieron sometidas a los intereses particulares y partidistas, y en muchos casos a prácticas corruptas que están siendo objeto de investigación judicial.

Fruto de esta “gestión pública” –más bien, podríamos decir “ingestión” o “indigestión”–, el banco tuvo que ser intervenido –es decir, nacionalizado– por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, otra instancia del Estado) en noviembre de 2011, mediante la inyección directa de 1.000 millones de euros en capital y otros 2.000 millones en forma de crédito.

Ahora, la operación de venta a Caixabank se materializa mediante una ampliación de capital en el Banco de Valencia, suscrita por el FROB, por valor de 4.500 millones, con carácter previo a la venta de su participación mayoritaria en el banco por el valor simbólico de un euro. Hablando claro, esto significa que el Estado, por medio del FROB, reconoce que el Banco de Valencia no vale nada, que está en situación de quiebra y que los 5.500 millones de euros (4.500 actuales más los 1.000 inyectados anteriormente) invertidos por el Estado en capital pierden todo su valor y se han esfumado: sólo servían para intentar tapar el inmenso agujero producido por años de gestión, cuanto menos, ineficiente; y ello, sin contar los 2.000 millones de crédito, que será de dudosa recuperación. Además, el FROB (es decir, el Estado) suscribe un esquema de protección de activos (EPA) mediante el cual cubrirá el 72,5% de las pérdidas que se produzcan en la cartera de activos del banco, con lo cual la aportación final del Estado está aún por determinar.

Todo esto debe sumarse a las pérdidas registradas en una operación similar que se realizó hace unos meses mediante la venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo al Banco de Sabadell, también por un euro, que costó al Estado 5.249 millones en capital perdido (2.800 en el momento de la nacionalización más 2.449 antes de la venta), sin contar las pérdidas futuras derivadas del correspondiente EPA. Es decir, las pérdidas efectivas y realizadas del Estado en el sector de banca pública, sólo en estas dos operaciones, ascienden, como mínimo, a 10.749 millones de euros, es decir, más de un 1% del PIB, que deberá sumarse al déficit público de este año o, si la contabilidad creativa lo permite, del que viene. ¿Quién se supone que paga toda esta “fiesta”? Adivínenlo los lectores.

Es de destacar que no se trata de “ayudar o salvar a la banca con dinero público”. Podrá ser discutible si el Estado debe “salvar” o no a determinados bancos a fin de asegurar la estabilidad del sistema financiero, y la opinión de los expertos está dividida en este punto. Pero lo que está fuera de toda duda, porque lo confirma la realidad de los hechos, es que en nuestro país la banca privada, sometida a los criterios y a la disciplina del mercado, no ha necesitado hasta ahora la ayuda del Estado, sino que han sido sus accionistas los que han asumido las minusvalías derivadas de los descensos de cotización. Ha sido en el sector de las antiguas cajas de ahorro y entidades sometidas a ellas (controladas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es decir, por instancias del Estado) donde se han concentrado la gestión nefasta, los desaguisados y las corruptelas que han conducido al desastre actual; y todo ello, con la connivencia del Banco de España, el teórico regulador (también estatal, claro está). Es decir, no es que el Estado haya “salvado a la banca”, sino que el Estado se ha salvado a sí mismo, o más bien ha reconocido su ineptitud primero pasándose la patata caliente de unas instancias estatales a otras y finalmente reconociendo sus pérdidas, mientras unos consejeros nombrados a dedo por los partidos políticos y los sindicatos se han repartido impunemente millones de euros procedentes de nuestros bolsillos.

Una seria advertencia, pues, para todos aquellos que desconfían de “los políticos” en general pero siguen defendiendo la existencia de una banca pública gestionada por estos mismos políticos, o por otros que no se diferenciarían en nada de los actuales en cuanto a incentivos, intereses y ignorancia, y que sin duda realizarían una gestión igualmente ineficiente, interesada y eventualmente corrupta.

Cataluña: por la libertad y el entendimiento

En Barcelona se produjo el día 11 de septiembre una movilización sin precedentes, que modifica las coordenadas políticas no solamente de Cataluña, sino las de España en su conjunto. No tiene sentido ignorarla ni intentar minimizarla con argumentos o justificaciones del tipo de que muchos manifestantes no eran propiamente independentistas, que estaban allí como protesta por la crisis, por el descontento con el fallo del Tribunal Constitucional respecto al Estatuto, etc. Ello puede ser cierto: quizá sólo un porcentaje indeterminado de los que asistieron a las movilizaciones, a la hora de verdad, no votarían a favor de la independencia; pero no es menos cierto que el lema de la convocatoria era inequívoco, y que la totalidad de los asistentes sabían a lo que iban, y no se sienten incómodos, sino más bien complacientes, con la idea de la independencia. Es necesario reconocer que, sean cuales sean las causas, una base amplísima del espectro social del catalanismo se ha desplazado claramente hacia posiciones independentistas; ya no se puede seguir pensando que el independentismo es y será siempre una opción minoritaria. Y se trata de una ola creciente. 

En primer lugar, debo expresar mi respeto hacia la opción independentista, como hacia todas las opiniones que se expresen en libertad y de manera pacífica, y mi defensa inequívoca del derecho de los pueblos a decidir su futuro. Sin embargo, considero que en una época en que el futuro de la construcción europea pasa por la cesión progresiva de la soberanía de los estados existentes a una Europa fortalecida en un contexto de libertad, democracia y paz, tiene poco sentido crear nuevos estados, que no serían otra cosa que obstáculos y barreras a la convivencia. Siempre me he sentido, como valenciano de padres castellanos y felizmente casado con una latinoamericana, partícipe de los dos ámbitos culturales que conforman mi existencia: el ámbito catalán, entendido en sentido amplio e integrador, como espacio cultural y lingüístico abierto a todos los territorios que compartimos la misma lengua, por encima de particularismos y denominaciones locales igualmente legítimas, y el español o hispanoamericano, como una de las culturas más ricas del planeta). Desde muy joven procuré aprender la lengua de mi país, y la cultivo y uso, junto a la mía de origen, en cualquier tipo de situaciones. Considero igual de “míos” a Ausiàs March, Cervantes, Salinas, Verdaguer, García Márquez, Lluís Llach, Javier Marías, María del Mar Bonet, Màrius Torres, Pío Baroja o Estellés. Me siento orgulloso de mi ciudadanía española, como expresión de un ámbito de convivencia en libertad y solidaridad, y no tengo problemas para usar el término España para referirme a este ámbito de convivencia o al estado que lo vertebra, aunque a veces uso también Estado español para no caer en repeticiones léxicas. No obstante, no me gusta usar el término nación, porque tras varios años de investigación y algunas publicaciones que ahora no suscribiría, no conseguí hallar una definición satisfactoria para dicho término. No me considero “nacionalista” porque creo que la pertenencia a un ámbito identitario no debe ser exclusiva ni excluyente; en este sentido, recomiendo el libro de Amin Maalouf que resumo en mi “Resum del llibre ‘Les identitats que maten. Per unamundialització que respecti la diversitat’”. 

Por todo ello, considero que la opción de convivencia más razonable, el “encaje” más adecuado entre Cataluña y el resto de España, es un estado federal, que tan bien funciona en países como Suiza, Estados Unidos y Alemania. Considero que el futuro de los pueblos pasa por superar las fronteras existentes y no por crear otras nuevas. 

Me preocupa, sin embargo, la postura del conjunto de los españoles respecto al tema. Muchos, me gustaría decir que la mayoría, han reaccionado ante la gran manifestación de Barcelona con sorpresa, admiración y respeto. Otros han exhibido posturas más o menos destempladas. Después de siglos ignorando o ocultando el problema catalán, o intentando barrerlo debajo de la alfombra, muchos parecen haber despertado de su bello sueño de la “nación española única e indivisible” y se han topado de bruces con la dura realidad. Es curioso que ahora oigamos hablar de estado federal (como mal menor) a muchos que nunca habían aceptado ni siquiera el estado de las autonomías. 

Se plantea a los catalanes la acusación de “insolidarios”: quieren –se dice– separarse porque son los más ricos y no desean aportar su parte a las regiones españolas más desfavorecidas. Apuntaré de paso que la postura oficial de Artur Mas, de reclamar el “pacto fiscal” y al mismo tiempo apuntarse a la locomotora en marcha de la independencia, me parece irresponsable y contradictoria; es como si en una pareja que está planificando su presupuesto para comprar un piso, uno de ellos plantease la separación: ya no tendría sentido comprar el piso. Sin embargo, debe recordarse que la solidaridad es voluntaria; no puede ser impuesta. Entre otras cosas, porque si se impone se convierte en un expolio que lastra la capacidad de desarrollo propio de los receptores eternos de solidaridad. No es correcto que se piense que “los catalanes, de las piedras hacen panes”, y al mismo tiempo que se pretenda esquilmar parte de dichos panes sin preocuparse por desarrollar los medios para fabricarlos por uno mismo. 

No tiene sentido, en mi opinión, plantear argumentos como que Cataluña independiente quedaría empobrecida, que quedaría fuera del euro, etc. Es cierto que, en un primer momento, una Cataluña independiente quizá perdiera parte de su cuota de mercado en el resto de España, o que algunas grandes empresas con sede actual en Barcelona se trasladarían a Madrid. Pero no voy a descubrir nada nuevo si recuerdo la tradición comercial e industrial de Cataluña, y su capacidad de iniciativa para salir adelante. Y a nadie se le puede ocultar la vocación europea de Cataluña; si así lo deseasen los catalanes, una Cataluña independiente sería inmediatamente integrada en las instituciones europeas e internacionales y en la moneda común, si es que no lo estuviese ya desde el inicio por los acuerdos alcanzados. 

Pero creo que el problema no es económico; se trata de un problema fundamentalmente identitario. Es cierto que el nacionalismo, en mi opinión, supone una exaltación, por encima de otras consideraciones, de un concepto vago y difícil de definir como el de "nación", y que los nacionalistas manejan una concepción esencialista y reduccionista de la identidad como pertenencia exclusiva a una única comunidad, en este caso nacional o lingüística, como excluyente de cualquier otra pertenencia, haciéndolas incompatibles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que responde a una necesidad humana básica de autoidentificación y de pertenencia a una colectividad. Y cuando esta autoidentificación se siente en peligro, como ha sido históricamente en el caso catalán, surgen los conflictos, tal como advierte Amin Maalouf en el libro citado. 

Sin embargo, muchos españoles, en un ejercicio de mirar la paja del ojo ajeno y no ver la viga en el propio, estigmatizan el nacionalismo catalán olvidándose de que ellos mismos caen en el nacionalismo de tipo contrario: el nacionalismo español excluyente. No me referiré aquí a los agravios históricos –que los hay–, sino a actitudes que se manifiestan en expresiones como la "unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, sin tener en cuenta y por encima de la voluntad de sus miembros, la de “Cataluña es parte de España”, entendida como estructura eterna y fosilizada, y no modificable opinen lo que opinen los catalanes o otros pueblos hispanos, o en frases cavernícolas como el "háblame en cristiano", "esto es España y aquí se habla el español", en la supuesta "superioridad del español como lengua de España", etc., que aún se oyen de vez en cuando en territorios del Estado con una lengua distinta de la castellana. Es decir, en la negación permanente, miope y suicida de la realidad catalana y de otros pueblos de España. Creo que, lamentablemente, en el resto de España no se ha entendido ni se entiende a Cataluña ni a los catalanes, ni tampoco a los vascos, y me atrevería a decir de paso que tampoco a una parte de los valencianos. España no ha resuelto satisfactoriamente el problema del plurilingüismo y de la existencia en su territorio de pueblos que aspiran a una identidad propia y distinta de la que se les quiere adjudicar por decreto o por "derecho de conquista". 

Y la realidad, de la que no podemos huir, es que una parte creciente, quizá ya mayoritaria, de catalanes –y vascos–, sea con motivos objetivos o puramente subjetivos, se sienten agredidos respecto a su propia identidad, sienten que España no les comprende ni les respeta, y opinan que la única opción que les queda es la de “ser un país normal”, es decir, construir un estado propio. Simplemente, hay muchos que han llegado al independentismo por hartazgo, por “fatiga”, porque se sienten insatisfechos con y en el Estado español. Por suerte, no tengo experiencia en divorcios, pero creo que cuando alguien quiere separarse ambos miembros de la pareja suelen tener parte de culpa, y desde luego no la tiene siempre el que promueve la separación. Y cuando la armonía de la convivencia se rompe –si es que esta armonía existió alguna vez–, de nada sirven los reproches. 

Por ello, deben superarse las mentalidades exclusivistas que han llevado a esta situación, y debe entrarse en una vía de entendimiento que permita, de una vez por todas, un encaje satisfactorio entre Cataluña y España, donde los catalanes puedan sentirse cómodos. Una opción, para mí deseable como dije anteriormente, sería la del estado federal, un estado plurinacional que reconociese el derecho de sus pueblos a considerarse una “nación” (aunque ya dije que a mí no me gusta usar dicho término) y a decidir su futuro, incluida la separación, y la igualdad efectiva de derechos de sus ciudadanos a desarrollarse en su propia lengua y con su propia cultura. Cámbiese la Constitución si es necesario, revísese lo que haya que revisar, incluyendo el nombre oficial del Estado si hace falta, etc.; pero lléguese a un acuerdo entre iguales; no entre territorios, sino entre ciudadanos con los mismos derechos y deberes.

 

Pero quizá la locomotora que se puso en marcha el 11 de septiembre ya no pueda detenerse. Quizá ya pasó el momento, y se desaprovechó la oportunidad histórica de convivencia en un mismo estado. Si ello fuera así, contémplese la situación sin dramatismo, sin pensar que se rompe una parte de cada uno; no quedaría otro camino que el del sentido común (el seny) y, de nuevo, el del entendimiento. Por una parte, Cataluña no puede declarar la independencia de manera unilateral e ilegal, pues ello implicaría el rechazo internacional y el aislamiento. Pero por la otra, España no tendría otra opción que la de entrar en la vía de la negociación. En estos días también he oído voces histéricas recordando la inconstitucionalidad de las pretensiones de los catalanes, e incluso llamando a la intervención del ejército evocando su papel garante de la “unidad territorial de la nación española”. Seamos sensatos; si el pueblo catalán, o mañana el vasco o cualquier otro, reafirmase de manera repetida e inequívoca, bien sea por medio de movilizaciones pacíficas, de elecciones, de referéndum, etc., su voluntad de independencia, ¿alguien cree realmente que iba a ser impedimento, a medio o largo plazo, una constitución o un ejército?; ¿alguien en su sano juicio estaría dispuesto a iniciar una guerra contra Cataluña, o quizá también y simultáneamente contra el País Vasco, bajo el grito de “la maté porque era mía”?; ¿pero es que alguien cree que nos encontramos en los tiempos de los tercios de Flandes? Lo lógico, y lo deseable, sería que se actuase como en una ruptura de una pareja que desea separarse de manera civilizada. Se entraría –deseo y quiero esperar– en una vía de diálogo y negociación, donde los partidos españoles mayoritarios no tendrían más remedio que aceptar la situación; se modificaría la Constitución allá donde hiciera falta o incluso se sustituiría, y se negociarían, conjuntamente con las instituciones europeas, los aspectos económicos del asunto (deuda externa, moneda, etc.), de manera que la separación se realizase con los menores traumas posibles. Lo contrario, sería caer en la locura y en el suicidio colectivo.

La enésima mentira del Gobierno de Rajoy

Rajoy y sus ministros se hartaron de decir que no habría banco malo. Pues bien, ya tenemos banco malo. Pero si parecía que ésta era la única solución para los activos tóxicos y se había experimentado con éxito en otros países, ¿por qué se llenaron la boca a fuerza de negarlo?; ¿por qué tardaron tanto tiempo en implementar la medida? Y, ¿quién les va a creer ahora cuando dicen que no costará ni un euro al contribuyente?

Desarrollo, inversión internacional y expropiaciones: ¿a quién benefician o perjudican?

En los últimos días hemos presenciado dos actos de nacionalización o expropiación de sendas filiales de empresas españolas en dos países latinoamericanos. En ambos casos, los gobiernos respectivos las realizan “en nombre del pueblo”, “con el objetivo de controlar los recursos naturales”, “los sectores estratégicos”, “los servicios básicos”, etc. Sin entrar en detalles sobre cada caso concreto, sobre las consecuencias para las empresas matrices de las nacionalizadas ni sobre la justeza o no de las compensaciones económicas que puedan derivarse, mi objetivo en esta entrada es el de analizar las consecuencias de dichos actos para los pueblos de los propios países en cuestión: ¿les benefician o les perjudican?

En primer lugar, debemos recordar algunas cuestiones elementales. Es necesario comprender que el nivel de riqueza, de bienestar y de progreso económico de un país depende de la cantidad y calidad de los bienes de capital existentes en dicho país, es decir, de la densidad y la eficiencia de su tejido industrial, de sus fábricas, de sus infraestructuras, de sus medios de comunicación, etc.; no debemos olvidar incluir también el capital humano: la calidad de la enseñanza, el nivel de los conocimientos tecnológicos, etc. Es evidente que de la densidad de los medios de capital depende la productividad, es decir, la cantidad de producción en relación con la cantidad de trabajo empleado: un campesino con un arado romano y unos bueyes tardará un día en labrar un campo que, probablemente, araría en una hora si cuenta con el tractor o la maquinaria adecuada; igualmente, en un país que cuente con infraestructuras deficientes, medios de comunicación escasos y una población mayoritariamente analfabeta, la productividad será mucho menor que en otro que tenga medios de capital más desarrollados. Una mayor productividad, derivada de una alta densidad de bienes de capital, redunda en unos precios menores, ya que productos que antes eran muy costosos de producir, con unos medios de capital adecuados ven abaratados sus costes medios. Así mismo, tal como se explica en cualquier manual de economía, la productividad marginal (es decir, la productividad del último trabajador contratado) determina, los salarios de equilibrio, de manera que el nivel general de los salarios es mayor en los países que cuentan con mayor densidad de bienes de capital; es por ello que los salarios en Alemania, en Suiza o en Holanda son mayores que en España, Portugal, Irlanda o Grecia, y en estos países mayores que en Marruecos, China o Nicaragua, y no porque los sindicatos hayan sido más eficaces o las luchas sociales hayan sido más intensas en unos países que en otros.

El aumento de los bienes de capital puede conseguirse mediante dos vías no excluyentes: el ahorro y la inversión interior o bien la inversión exterior. De manera originaria, en los países desarrollados (en Europa y en algunos países poblados o relacionados con europeos) los bienes de capital han ido desarrollándose y acumulándose a lo largo de siglos, a partir de la revolución cientificotécnica que precedió a la Revolución Industrial, en un constante y progresivo proceso de desarrollo tecnológico, ahorro e inversión. Este proceso ha sido, en términos generales, paralelo al desarrollo humano y social en otros terrenos, como los derechos humanos, la democracia y la libertad, avances que han posibilitado la consolidación de instituciones sólidas en forma de estados democráticos y de derecho, y de una estabilidad política y jurídica que ha favorecido el desarrollo económico.

Lamentablemente, esta situación relativamente favorable (y aun así, sometida a crisis económicas periódicas como la actual) sólo existe en un número reducido de países. En muchas zonas del mundo existen aún gobiernos despóticos al servicio de elites corruptas que someten a sus pueblos a la ignorancia y a la miseria. En otros países, aunque cuenten con regímenes políticos formalmente democráticos, sus instituciones son aún débiles e inestables y su nivel de corrupción es alto. En unos y en otros, los medios de capital, físicos y humanos, son muy escasos o incluso casi inexistentes, debido a que no han tenido la posibilidad de desarrollarse. Esto origina que su nivel de riqueza sea bajo y que abunde la pobreza y la miseria. Muchas veces se arguye como causa del subdesarrollo de los países pobres y de la riqueza de los desarrollados la explotación imperialista o colonialista; aún debiendo analizarse y denunciarse todos los abusos e injusticias que históricamente se hayan producido o puedan producirse, creo que esta explicación no es suficiente para dar cuenta de la situación real actual: por una parte existen países muchos países europeos desarrollados que no contaron con imperios coloniales (Noruega, Suecia, Suiza, Finlandia, Islandia...), y en muchos países del Tercer Mundo, como muchos de los países árabes o africanos, la dominación colonial fue de corta duración en términos históricos. Creo, más bien, que la explicación de la situación actual de unos países y otros está determinada por el distinto nivel de desarrollo de los bienes de capital fruto de su proximidad o lejanía o distinta relación histórica con el núcleo donde primeramente se desarrollaron, de manera paralela, las revoluciones cientificotécnica, industrial y democrática, y que el futuro de los países pobres depende de la política que adopten de cara a favorecer el incremento de su capacidad productiva, es decir, sus bienes de capital.

Por ello, una serie de países (Sudeste asiático, India, Brasil, incluso China...) han optado de manera decidida por la vía de la apertura al exterior, tanto en cuanto a la intensificación de los intercambios comerciales como a la inversión extranjera, y han experimentado un progreso económico indudable en las últimas décadas. En otros países, esta apertura ha sido más indecisa, sometida a bandazos en función de las circunstancias políticas, o incluso no se ha dado, con el consiguiente perjuicio para los pueblos, que se han visto sumidos en el estancamiento y el atraso, o en la pobreza generalizada y en la miseria extrema.

En este sentido, la inversión exterior representa un elemento imprescindible para el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo y para el progresivo aumento del bienestar de sus pueblos. Países donde el tejido industrial, las infraestructuras, el nivel educativo, el desarrollo tecnológico, etc., son muy deficientes, tienen una capacidad productiva muy limitada y no pueden generar por sí mismos, a corto y a medio plazo, los recursos suficientes para mejorar el nivel de vida de sus habitantes ni para desarrollar, a través del ahorro interno y de la inversión endógena, sus propios recursos productivos. Sin inversión exterior, deberían atravesar un largo período de tiempo en adquisición de conocimientos y tecnología, ahorro y esfuerzo de inversión para aumentar sus recursos de capital que les permitiesen, a largo plazo, mejorar su productividad y aumentar su nivel de vida; es decir, deberían recorrer por sí solos el largo y costoso periplo de desarrollo que en Europa y otros países desarrollados ha costado siglos. En cambio, la inversión exterior permite que los países en vías de desarrollo se aprovechen de nuestros avances tecnológicos, de nuestro capital y de nuestra experiencia, y puedan recorrer el camino del progreso en un período mucho más corto que el que nosotros habíamos necesitado.

Cuando una empresa extranjera o una multinacional invierten en un país, desde luego lo hacen por interés propio y de sus accionistas, y no actúan como una ONG; su fin es maximizar los beneficios, de la misma forma que cuando invierten en cualquier parte, o de como actúa la mayor parte de la gente en el terreno económico. Pero esta inversión se traduce en el montaje de una fábrica o de unas instalaciones que aumentan el tejido industrial o las infraestructuras del país; para ello, requerirán la contratación de mano de obra, y a fin de fidelizar a sus trabajadores más eficientes, normalmente pagarán salarios más altos que los que ofrecían los escasos empleos en las manufacturas locales. Desde luego, los salarios y las condiciones de trabajo no serán, al principio, tan altos ni tan favorables como los que se ofrecen en los países desarrollados, puesto que la cantidad de mano de obra disponible es muy numerosa, y por ello la relación entre bienes de capital y trabajo (de la cual depende la productividad marginal y los salarios) es baja; pero sin duda, tales condiciones de trabajo y de vida son mejores que las que tenían cuando la empresa multinacional no existía. Y a medida que la inversión exterior se extiende y acuden nuevas empresas extranjeras a invertir al país, el tejido productivo se hace más denso, la relación entre bienes de capital y trabajo aumenta, y por ello empieza a funcionar la competencia entre las empresas por conseguir los trabajadores más eficientes, y necesariamente los salarios aumentan y las condiciones laborales mejoran. Una parte de los beneficios se reinvertirá en el país, mediante la mejora o ampliación de las instalaciones o la apertura de nuevas industrias. Por ello, la alternativa a una multinacional que ofrece salarios escasos y condiciones duras (en comparación con los estándares de los países ricos) no es que la multinacional se vaya, sino que acudan otras diez, cien o mil multinacionales más a enriquecer el tejido industrial y a ofrecer nuevos puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, gracias a la inversión exterior proliferan las industrias locales que ofrecen sus productos y servicios a la multinacional, y se aprovechan los conocimientos y la tecnología exterior. De esta manera, se incrementan aún más los bienes de capital físico y humano, y se posibilita todavía más la mejora de salarios y condiciones de vida; a largo plazo, éstos se equilibrarán con los de los países desarrollados. Al mismo tiempo, al haber aumentado la producción en su conjunto, se ofrecen bienes y servicios inexistentes anteriormente, o de mejor calidad y a un menor coste que los previamente existentes, y por tanto a un precio más barato. El país en su conjunto se beneficia de la inversión exterior. Por supuesto, el país originario de la empresa inversora también se beneficia, a través de la parte de beneficios que revierten a los inversores y mediante los productos importados a precios más baratos.

Por todo ello, la inversión exterior permite a los países en vías de desarrollo captar el capital y la tecnología que les posibilitarán su progreso económico y tecnológico, como un intercambio que beneficia a ambas partes. Ello es tan evidente que incluso algunos países de regímenes comunistas han acudido a la inversión exterior, sobre todo en épocas de carestía y como último recurso para su desarrollo.

Con estas reflexiones previas, podemos valorar las acciones de expropiación o nacionalización como profundamente negativas para los pueblos que sufren a los gobiernos populistas que las ejercen. A pesar de la retórica “patriótica” que las envuelve, normalmente sirven de coartada política al gobierno de turno para justificar su ineficiencia o sus problemas en otros terrenos. Su resultado es que, allí donde había una empresa moderna dirigida por profesionales y técnicos competentes, que prestaba un servicio de calidad o proporcionaba unos bienes o productos a la población, nos encontraremos con una macroestructura estatal dirigida por funcionarios sin incentivos adecuados, y eventualmente susceptible de caer en los males que aquejan a este tipo de estructuras: corrupción, nepotismo, despilfarro de recursos públicos, ineficiencia, ineficacia, etc. Además, dejará de afluir la tecnología que aportaba la empresa expropiada, y todo ello redundará en un empeoramiento o incluso desaparición de servicio o bien prestado.

Pero las consecuencias generales para el país no se limitarán a los de la industria o empresa expropiada. Normalmente, la empresa o multinacional se encuentra en el país fruto de un acuerdo previo, por compra de una empresa local que antes era ineficiente, o bien por haber montado nuevas instalaciones fruto de una política previa de apertura al comercio y a la inversión exterior; en todos los casos ha habido una inversión o desembolso por parte de la multinacional, que ahora se pierde. Incluso en el dudoso supuesto de que se llegase a un acuerdo justo con la empresa en cuanto a indemnización a pagar, se genera un precedente de cambio de reglas de juego, y una inseguridad jurídica manifiesta; la expropiación implica una variación en la política de apertura económica previa. Todo ello desincentiva la inversión exterior: las empresas exteriores paralizan las inversiones proyectadas o disminuyen las existentes, y las que pensaban acudir al país desisten de ello; las industrias locales que habían iniciado su florecimiento decaen o desaparecen. Con ello, se congela o se reduce la estructura productiva, los salarios se reducen o no crecen, se pierden puestos de trabajo, las condiciones de vida se estancan, el país se empobrece y se ciega una magnífica vía para salir de la pobreza.

 
Por encima de la demagogia, éstas son las consecuencias reales de los actos populistas de expropiación o nacionalización. Las personas que, desde los valores de la izquierda, nos sentimos sensibles y solidarios con el progreso humano y el desarrollo de los pueblos no deberíamos ignorarlas.

El problema no es sólo de Repsol

El problema no es sólo de Repsol. Cuando los argentinos se den cuenta de que no cuentan con tecnología ni recursos para explotar sus pozos, y que de repente se quedan sin energía; cuando se den cuenta de que, habiendo su presidenta violado el principio de seguridad jurídica y el derecho internacional, los inversores exteriores empiezan a no acudir, o incluso a desaparecer de Argentina; cuando se den cuenta de que sin inversión exterior la competencia, la demanda de trabajo y los salarios reales se reducen; cuando se den cuenta de que en lugar de profesionales han colocado al frente de sus empresas más importantes a politicastros corruptos e incompetentes; cuando los organismos internacionales impongan a Argentina una indemnización por el valor real de lo expropiado, que el Estado se niega a pagar, porque sus políticos se han llevado los recursos; cuando ya nadie quiera prestar dinero al estado argentino ni hacer negocios con él; en fin, cuando la sociedad argentina se empobrezca cada vez más por culpa del populismo demagógico, entonces las consecuencias no las sufrirá su presidencia, ni sus políticos; las sufrirá el pueblo argentino. Pero, los políticos no tendrán problema: siempre conservarán lo que se han llevado, y siempre existirá el "imperialismo", el "neoliberalismo", el "colonialismo", los "malditos gallegos" o cualquier otro fantasma para echarle la culpa y eludir los análisis serios y las responsabilidades.

Rajoy decepciona incluso cuando acierta

En otro giro espectacular respecto a lo prometido, después de haber afirmado hasta la saciedad que España cumpliría sus objetivos de déficit, Rajoy se permite desafiar a la Unión Europea negando todas sus promesas anteriores y afirmando que el objetivo del déficit para 2012 será del 5,8% del PIB, muy lejos del 4,4% comprometido.

La decisión, en sí, no puede calificarse de negativa, sino todo lo contrario. El compromiso de déficit del 4,4% se tomó cuando se preveía una cierta recuperación económica que habría permitido ir enjugando el enorme déficit acumulado en los años anteriores; en lugar de ello, la economía ha experimentado un retroceso generalizado en el último trimestre de 2011, lo cual ha originado que el déficit del último año fuese más alto que el inicialmente previsto. En 2012, muchos países prevén una desaceleración que en algunos, como en España, se traducirá sin duda en recesión. En estas condiciones, el cumplimiento del objetivo prefijado hubiera obligado a una profundización de los recortes sociales que hubiera hundido aún más la economía y habría hecho que aumentara aún más de lo previsto el número de parados. Por ello, el mantenimiento del compromiso hubiese sido poco menos que suicida. Muchas voces se han pronunciado en este sentido, y el acierto de la decisión ofrece pocas dudas.

Sin embargo, la forma de tomar esta decisión resulta decepcionante, y puede calificarse de alarmante. La situación de dificultad en el cumplimiento de lo pactado no afecta únicamente a España, sino, como hemos dicho arriba, a muchos países de la Unión Europea. Se ha desaprovechado una magnífica ocasión de introducir un debate de altura en el conjunto de la Unión Europea para evaluar los resultados de la política de austeridad a ultranza seguida hasta ahora, y para valorar la posibilidad de reintroducir incentivos de tipo keynesiano para reactivar la economía; es decir, se ha perdido la oportunidad de convencer a los gobiernos más conservadores de la necesidad de cambiar el rumbo de la política económica seguida hasta ahora. Una decisión consensuada en sentido positivo habría generado confianza y habría permitido ir saliendo conjuntamente de la crisis.

Es decir, se imponía la vía de la negociación con nuestros socios, para tomar entre todos las decisiones más convenientes. Sólo agotada la carta de la negociación, y después de que se hubiese comprobado el fracaso de ésta, podría haber tenido justificación el incumplimiento por parte de España, para evitar males mayores. Sin embargo, el gobierno se lanza a una decisión unilateral, sin contar con nadie, en claro desafío a toda la Unión Europea. Con ello, el PP incumple de nuevo sus promesas electorales y sus afirmaciones anteriores (ya lo hizo al aumentar los impuestos) en un nuevo bandazo que compromete nuestra credibilidad de país para cumplir sus compromisos, y nos expone en solitario a los avatares de los mercados, dificultades que podrían provocar un aumento exagerado de la prima de riesgo que mermase nuestra capacidad de financiación en el exterior y agravase aún más la crisis. Ojalá, además de volver a mentir, el gobierno no se haya equivocado.

El verdadero rostro de Alberto Ruiz Gallardón

Hoy hemos vuelto a ver el verdadero rostro de Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia, y para algunos líder “moderado” de la derecha. Mientras su compañero de gabinete, el ministro del Interior, da muestras de una cierta autocrítica, Alberto Ruiz Gallardón cierra filas y habla de “los que atacan" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, afirmando que los agentes policiales han sido "violentamente agredidos" y han actuado "obligados" por esa violencia de las protestas estudiantiles. Nosotros no hemos visto nada de eso; lo que hemos visto, y ha visto todo el mundo, son policías empujando violentamente y golpeando a ciudadanos indefensos, muchos de ellos menores de edad.

A Ruiz Gallardón ya lo conocíamos apoyando también sin fisuras la guerra de Irak, y manifestando que lo más progresista que ha hecho en su vida es proponer una reforma legal para encarcelar a miles de mujeres y médicos. Si esta era la “imagen moderada” de la derecha española, ahora ya sabemos a qué atenernos.

Sobre la represión policial en Valencia

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/20/valencia/1329747482_238876.html#sumario_3 

http://www.abc.es/20120221/local-comunidad-valenciana/abci-videos-carga-policial-201202211112.html

En los enlaces anteriores recojo algunos testimonios y vídeos sobre la violencia policial injustificada que se vivió en Valencia en el día de ayer. Los he seleccionado de dos medios de tendencia diferente, para que nadie piense que se trata de una visión parcial.

Una actuación policial tan violenta como la que se vivió ayer, yo no la recuerdo desde los tiempos de la Dictadura. Esto pasó de simples "excesos policiales", y fue algo políticamente premeditado. Si pretendían despejar la calle, tenían medios para hacerlo sin agredir a la gente. Pero NADA JUSTIFICA EL APALIZAMIENTO BRUTAL DE PERSONAS INDEFENSAS.

Para acabarlo de rematar, el jefe de la policía en Valencia se refiere a los estudiantes menores de edad como "el enemigo", en presencia de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, que calla y otorga. Ésta es la "gente" que nos gobierna.

El Sindicato Unificado de Policía ha señalado a los verdaderos responsables políticos: la delegada del Gobierno, que ordenó la carga policial, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no la ha cesado fulminantemente y la mantiene en el cargo. Además, dicho sindicato señala que los policías no tienen un protocolo de actuación claro para estos casos. Sin embargo, esta responsabilidad política no quita la responsabilidad penal que corresponda a los policías individuales y mandos que cometieron los actos brutales, que deben investigarse y llevarse ante la justicia.

Sobre Grecia

¿De verdad creen los griegos que quemando su país, sus edificios históricos, sus valores culturales, lo que puede servirles para progresar un poco aunque sea atrayendo el turismo, van a arreglar algo? ¿De verdad hemos de aprender de ellos, como dicen algunos? ¡Pero si lo que están aprobando es lo que necesitan para que la Unión Europea les preste más dinero aún, dinero sin el cual no podrán pagar a sus maestros ni a sus médicos! Desde luego, la ruina de Grecia la han causado sus sucesivos gobiernos, que gastaron cinco veces más de lo que tenían, mintieron en sus cuentas y encima llevan dos años engañando y mintiendo para que les den todavía más dinero. Pero los ciudadanos, acostumbrados a la corrupción y a la evasión sistemática de impuestos, alguna responsabilidad deben tener también, ¿no?

Valoración urgente de la reforma laboral aprobada

¿Es tan complicado entender que para que alguien adquiera un compromiso duradero con otra persona debe tener la seguridad de que si algo no va bien podrá hacer que la relación acabe? ¿Es tan difícil comprender que cuanto más fácil y más barato sea el divorcio habrá más posibilidades de que la gente se case? ¿Es tan complicado de explicar que cuanto más fácil sea descontratar si las cosas van mal, más fácil es que la gente se decida a contratar? ¿Es tan difícil admitir que, aunque hubiera crecimiento, no habría suficientes contrataciones si las indemnizaciones por despido hubiesen continuado siendo de las más altas de Europa? Por ello era necesaria una reforma laboral. Los líderes sindicales deberían ser capaces de comprender todo esto. Y también tendría que haber sido capaz de entenderlo el PP, que mintió en la campaña electoral prometiendo que no abarataría los costes del despido, y vuelve a mentir ahora la ministra diciendo que no los ha abaratado, cuando es evidente que sí que lo ha hecho. Es decir, aunque hayan avanzado en la dirección correcta, ¡no se atreven a admitirlo! Es el colmo del cinismo.

Sin embargo, no han avanzado demasiado en otro de los aspectos que era necesario cambiar: la eliminación de los contratos temporales, excepto en casos justificados. Se mantiene así la dualidad del mercado de trabajo, con las consecuencias negativas que la mayoríade los autores que han tratado el tema han señalado.

Tampoco se han atrevido a enfrentarse a las poderosas organizaciones sindicales y patronales en otro tema importante: el de la negociación colectiva. No queda suficientemente claro que el ámbito principal de ésta, en cuando a fijación de los salarios, debe ser la empresa; los acuerdos en la empresa continúan contemplándose como una excepción, mediante casos de “descuelgue” respecto a los convenios territoriales y sectoriales, y no como los prioritarios; en el escrito citado antes explico por qué los economistas piensan que esto era esencial.

En resumen: se avanza en la dirección correcta, pero con tantas indecisiones, dudas e insuficiencias que me temo que se han quedado a mitad de camino. Me temo que ésta no es más que una reforma más, y no la que realmente necesitaba el mercado laboral para que cuando haya crecimiento y se supere la crisis no nos sintamos contentos si el paro se queda en un 12 o un 15 por ciento, como otras veces.

Las reformas estructurales necesarias para salir de la crisis (II)

En la primera parte de esta exposición me referí a dos de las reformas estructurales que, recogiendo las recomendaciones de los principales economistas del país, considero necesarias para salir de la crisis y para volver por la senda del crecimiento sostenido: la reforma del mercado laboral y la reforma del sistema financiero; en dicha entrada mencionaba también la bibliografía utilizada. Hoy se ha aprobado un proyecto de reforma laboral, que será necesario leer detenidamente antes de hacer una valoración objetiva. En este escrito trataré de las otras dos reformas (o grupos de reformas) que mencionaba: la consolidación y la armonización fiscal a escala europea y el impulso de un nuevo modelo productivo.

Existe un consenso generalizado entre los economistas, al menos entre los que se sitúan dentro del paradigma económico comúnmente aceptado de la ciencia económica, y entre los políticos realistas que se abstienen de soluciones utópicas y propuestas irrealizables, sobre la necesidad de reducir el déficit público de nuestro país; es lo que se llama ajuste o armonización fiscal. Nuestro déficit público sufrió un aumento alarmante entre 2007, año en que hubo superávit, y 2009, ejercicio en que el déficit alcanzó la cifra del 11,2% del PIB (la más alta registrada en nuestro país en tiempos de paz desde que se conservan registros históricos), para descender muy lentamente al 9,2% en 2010 y a una cifra superior al 8% en 2011.

Este déficit tan elevado tiene consecuencias profundamente negativas para nuestra economía y para la creación de empleo. En primer lugar, siembra dudas sobre la capacidad de nuestras finanzas públicas para pagar sus deudas y los intereses de deuda, lo cual ocasiona que los inversores nacionales e internacionales se retraigan de comprar deuda pública española y huyan hacia otras inversiones percibidas como más seguras, con la consiguiente elevación de los tipos de interés que el Estado debe pagar al emitir nueva deuda; en esto consiste el aumento de la prima de riesgo (incremento en la rentabilidad exigida en función del riesgo) y del diferencial con respecto a Alemania (diferencia entre la rentabilidad exigida a la deuda alemana y la exigida a la española). Este aumento de los tipos de interés a que deben colocarse las nuevas emisiones de deuda pública necesarias para financiar el déficit incrementa la carga del Estado en cuanto a pago de intereses, lo cual aumenta nuevamente el déficit y la prima de riesgo, en una espiral infernal en la que han caído países irresponsables en el manejo de sus cuentas públicas, como Grecia en los últimos años.

Pero los efectos negativos del aumento de los tipos de interés y de la prima de riesgo no se limitan a las finanzas públicas: las empresas españolas ven también aumentados sus costes de financiación como consecuencia del riesgo país, es decir, del riesgo asociado a la economía española; ello ocasiona que numerosos proyectos de inversión que podrían ser rentables con unos costes de financiación menores dejan de serlo y no se llevan a cabo, con las consecuencias negativas que se derivan de ello para la creación de empleo.

Otra consecuencia negativa del déficit público es el llamado efecto expulsión o crowding out, bien estudiado y descrito por los economistas. El déficit, como ya hemos dicho, debe ser financiado con la emisión de nueva deuda pública, y esta nueva deuda es comprada por los inversores particulares o institucionales, sobre todo por los bancos e instituciones financieras. La deuda pública absorbe, de esta manera, una buena parte de los recursos de los ahorradores, de manera que disminuye la cantidad de ahorro disponible para proyectos de inversión; de esta manera, puesto que los bancos deben invertir parte de sus recursos en la compra de la deuda pública del Estado, cuentan con menos dinero para prestar a los hogares y a las empresas, lo cual hunde todavía más el consumo y la inversión y dificulta la creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, la disminución del ahorro disponible y el aumento de la demanda de fondos prestables por parte del Estado presionan al alza sobre los tipos de interés y encarecen la financiación de las empresas, con las consecuencias negativas para el empleo que hemos indicado más arriba.

Todo esto explica el consenso a que nos hemos referido, al menos por lo que respecta a la reducción de un déficit tan elevado como el de nuestro país. Sin embargo, existe un debate a escala internacional sobre la velocidad adecuada en esta reducción, o incluso sobre la conveniencia o no de un déficit moderado en países con una situación mejor que el nuestro. Los economistas de la escuela keynesiana, como Paul Krugman y Joseph Stiglitz, critican la política de austeridad seguida por la mayor parte de países y abogan por un incremento del gasto y la inversión pública como estímulos para la reactivación económica. Sin embargo, otros economistas y gobiernos insisten en la necesidad de una estabilidad presupuestaria que siente las bases de un sano crecimiento futuro. Es evidente, sin embargo –y sobre ello existe también consenso entre la mayor parte de los economistas– que estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo no es lo mismo que un déficit cero obligatorio en todos los ejercicios sea cual sea la coyuntura económica: en los años de recesión es conveniente y necesario incurrir en un déficit moderado tanto para mantener las prestaciones sociales y los servicios públicos como para aplicar los estímulos económicos que sean necesarios, compensándose este déficit con el correspondiente superávit en cuanto la situación mejore (v. mi entrada “La reforma constitucional y la solicitud de referéndum”).

Sin embargo, hay tener en cuenta que las propuestas de aumento del gasto para reactivar la economía realizadas por los economistas keynesianos se realizan primordialmente en el contexto de países cuyos costes de financiación son muy inferiores al nuestro; las recetas keynesianas que Krugman o Stiglitz recomiendan son probablemente adecuadas para los Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania, con tipos de interés real de la deuda negativos o muy bajos, pero no pueden trasladarse automáticamente a otros países con elevada prima de riesgo, como España o Italia, o mucho menos aún, Portugal o Grecia.

La solución sólo puede venir, pues, a través de una negociación global, o al menos a escala europea. Es necesario convencer a nuestros socios europeos, y particularmente a Alemania, de que la austeridad a ultranza está provocando una recaída en la recesión que no hará más que aumentar el paro y hacer aún más profunda la crisis y más lejana la recuperación. Sin embargo, este convencimiento no se producirá mediante descalificaciones o insultos a determinados líderes europeos –particularmente, contra la señora Merkel, que al fin y al cabo no hace más que defender los intereses de su país de la manera que cree mejor posible–, sino a través de una negociación para alargar por uno o dos años los plazos de los compromisos de reducción del déficit, de manera que la política de ajustes se haga compatible con los estímulos económicos a corto plazo que favorezcan el crecimiento económico, imprescindible para la creación de empleo a corto plazo. Esta es la propuesta, a mi modo de ver razonable y coherente, que mantiene el ya secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, enfrente de las actitudes demagógicas y populistas de otros líderes y de la actitud empecinada del gobierno del PP de reducir del déficit sin ninguna medida de estímulo y aun a costa de aumentar los impuestos en contra de toda lógica económica.

Otra solución a medio plazo pasa por la financiación conjunta de la Unión Europea, o al menos de la zona euro, mediante la emisión de deuda solidaria compartida por todos los estados miembros: los llamados eurobonos. Estos eurobonos estarían respaldados por el Banco Central Europeo (BCE) y contarían como garantía con la solidez económica de toda Europa, de manera que podrían emitirse a tipos de interés menores que los exigidos a la deuda de ciertos estados y resistirían mejor las reticencias y las presiones de los “mercados”. De esta forma, la garantía ofrecida de países más solventes, como lo es Alemania, permitiría a países más débiles económicamente endeudarse a menor coste. Sin embargo, es comprensible que estos países solventes se hayan mostrado reticentes y contrarios a los eurobonos, puesto que la existencia de éstos supondría que los países responsables en sus finanzas públicas se hacen cargo de los excesos presupuestarios de los países más despilfarradores; es normal que dichos países solventes exijan medidas de restricción y recortes del gasto presupuestario y de armonización fiscal en todos los países antes de proceder a su emisión. Sin estas medidas, la exigencia de eurobonos sería como exigir, a cambio de nada, que los vecinos más laboriosos y eficientes de una comunidad pagasen las fiestas de los más improductivos y derrochadores.

A propósito de este tema, muchas veces surge la cuestión de por qué el BCE no presta dinero directamente a los estados, como hace la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco de Inglaterra, en lugar de a los bancos; se arguye que el BCE presta a los bancos a un interés muy bajo, y éstos “hacen negocio” prestando a los estados a un interés más alto. Sin embargo, es necesario  tener en cuenta que, hoy por hoy y tal como fue creado, el BCE no tiene la función de prestar dinero a los estados, pero sí que tiene la de servir de prestamista de último recurso a los bancos, como otros bancos centrales. El BCE, como banco central, decide el tipo de interés al cual prestan a los bancos la cantidad que necesitan diariamente para cumplir con sus ratios de liquidez, es decir, con las reservas obligatorias que deben tener para satisfacer las eventuales retiradas de dinero de los clientes. Estos préstamos están completamente garantizados, y son normalmente por períodos muy cortos; por ello, su tipo de interés no puede compararse con los de la deuda pública de los estados, que varían obviamente según el plazo de la deuda y según la solvencia de cada estado para poder devolver lo prestado. Los tipos de interés de la deuda pública se determinan en los mercados de deuda pública y en las subastas en las que cada estado emite su deuda, y en éstos participan no sólo los bancos, sino cualquier inversor particular o institucional que lo desee. Cuando los bancos prestan a los estados al tipo de interés del mercado asumen el riesgo implicado en dicho préstamo, riesgo que hoy por hoy no puede asumir el BCE porque no está autorizado para ello. La diferencia con respecto a la Reserva Federal o al Banco de Inglaterra radica en que mientras que los Estados Unidos o Gran Bretaña son países cohesionados desde hace siglos y se solidarizan con las cuentas de cada uno de sus componentes, Europa (o la zona euro), aún no lo es. Para que el BCE pueda emitir cumplir la función que se le pide, bien prestando directamente a los estados o emitiendo deuda propia, es necesario armonizar antes las cuentas públicas de todos los estados implicados. Simplemente, las cosas son así, y no podemos exigir a nuestros vecinos una solidaridad incondicional si nosotros no cumplimos con nuestros compromisos y obligaciones.

Este es el sentido de las decisiones adoptadas en las últimas cumbres europeas; para garantizar la estabilidad de la Unión Europea y de su moneda, es necesario profundizar en la unión política, que vaya más allá de lo que hasta ahora ha sido una pura unión económica y monetaria. Es necesaria, pues, la armonización fiscal europea, que implica avanzar hacia una política fiscal común europea.

Pero para todo ello, y sea cual sea el resultado de la negociación indicada o de las velocidades que se adopten, nos vemos obligados, en definitiva, a la reducción del déficit. ¿Cómo debe abordarse dicha reducción? Evidentemente, existen dos vías, que no son incompatibles: aumento de los ingresos y reducción de los gastos.

El aumento de los ingresos será posible, y se producirá de manera natural, cuando se reactive la actividad económica, mediante el aumento natural de las bases impositivas. Sin embargo, un aumento de los ingresos por vía del aumento de impuestos, tal como la emprendida por el gobierno, es contraria a la lógica económica y no estaba contemplada en las propuestas de los economistas (al menos, de los que se encuentran dentro del paradigma comúnmente aceptado), incluidos los propios miembros del gobierno. Ya me he referido en otras ocasiones a los efectos negativos generales de los impuestos sobre la actividad económica (“Comentario crítico a Sartorius (II): ¿Es de izquierdas subir (o bajar) los impuestos, especialmente las rentas de capital?”) y sobre las consecuencias nefastas de la decisión del gobierno de subir los impuestos en estos momentos (“Se desveló el programa oculto del PP”), y por tanto no insistiré sobre ello.

Otra vía que se señala habitualmente para aumentar los ingresos es la persecución del fraude fiscal. Sin embargo, la necesidad de acabar con la evasión fiscal es algo que se plantea desde los inicios de la democracia; se ha avanzado mucho en ello, y debe hacerse un mayor esfuerzo en este sentido. Sin embargo, la erradicación del fraude fiscal es una meta a medio y largo plazo, que es mucho más fácil de enunciar como deseo que de conseguir en la realidad, y no podemos confiar en que a corto plazo podamos conseguir el dinero suficiente para enjugar nuestro déficit únicamente por esta vía.

Por ello, es imprescindible emprender la reducción del déficit público a través de la reducción del gasto superfluo o improductivo. Desde luego, sería deseable no tocar los fundamentos del estado de bienestar (sanidad y educación), y mantener, dentro de lo posible, las inversiones productivas. Pero existen muchas partidas en subvenciones o gastos innecesarios que quizá tengan una justificación en época de bonanza o normalidad, pero que en estos momentos resultan un lujo y son prescindibles. Es necesario, por ejemplo, reducir o eliminar las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, a la Iglesia y a otras organizaciones con contenido ideológico, que deberían mantenerse con las aportaciones de sus militantes, simpatizantes o seguidores.

Hace poco, el economista José Ramón Rallo publicó un artículo donde señalaba una seria de partidas del presupuesto del estado con cuyo recorte se podría ahorrar hasta 32.000 millones sólo en la Administración central (sin contar lo que se podría ahorrar en las autonómicas y locales), y ello sin tocar el sueldo de los funcionarios, el estado de bienestar ni los servicios básicos del Estado. Como afirma el propio autor citado, no es necesario estar de acuerdo con todos los recortes que propone para "reconocer que hay un margen enorme para reducir el gasto sin necesidad de subir todavía más los impuestos".

Igualmente, sería necesario reducir el tamaño del Estado, que en nuestro país alcanza unas dimensiones y una estructura demasiado compleja, con multitud de competencias duplicadas o multiplicadas. Es necesario plantearse la eliminación de instituciones que no cumplen un papel esencial, como las diputaciones provinciales y el Senado, así como reducir el número de municipios mediante agrupación de los más pequeños que se encuentran próximos, a fin de maximizar la eficiencia en la utilización de los servicios ofrecidos. Igualmente, es necesario reducir o eliminar los asesores y los cargos de confianza que pululan en todas las administraciones públicas, así como bajar el sueldo de los políticos y de los altos cargos de la Administración y reducir su número. Así mismo, deben privatizarse las empresas públicas como Loterías y Apuestas del Estado, Aena, los paradores nacionales, las participaciones del SEPI, muchos de los canales de televisión pública, y la mayoría de las empresas públicas creadas a nivel autonómico o local que no comporten servicios esenciales del Estado; de esta forma, la gestión de estas empresas dejaría de estar sometida a los intereses de los políticos (muchas veces se convierten en retiro dorado para pago de ex altos cargos, sus amigos o familiares) y se sometería a los criterios profesionales y de mercado, liquidándose las deficitarias y generando las demás mayores beneficios que podrían revertir en creación de puestos de trabajo.

Igualmente, debe plantearse una racionalización del gasto público, incluso en los servicios esenciales, para impedir el derroche y el abuso, a fin de que estos servicios públicos puedan seguir funcionando con criterios de universalidad, calidad y eficiencia. Por ello, debe dejar de ser tabú el establecimiento de alguna forma de copago de ciertos servicios, como la sanidad, para que sean usados en la medida en que realmente son necesarios; evidentemente, la forma de copago a adoptar debería ser compatible con la universalidad del servicio a las personas necesitadas, mediante un sistema adecuado de exenciones, etc. El copago es normal en la mayoría de países de nuestro entorno, y debería dirigirse a desincentivar los abusos que se derivan de un coste nulo.

Asimismo, debe asegurarse la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, si se plantease como necesaria una nueva reforma, mediante la transición a un sistema mixto entre reparto y capitalización, aunque fuese de manera voluntaria, tal como funciona con éxito en países tan diversos como Suecia o Chile.

Evidentemente, muchos de los temas que planteo son conflictivos y polémicos, pero pienso que deben ser objeto de reflexión y debate desapasionado, desde el punto de vista de la racionalidad y el realismo y sin apriorismos ideológicos. Pienso que un Estado más reducido y eficiente podría cumplir mejor sus funciones primordiales, como la de garantizar la justicia, la libertad y igualdad de oportunidades.

Me quedaría por tratar la última de las reformas estructurales necesarias: el impulso de un nuevo modelo productivo. No me extenderé en este aspecto, puesto que se trata de algo que es mucho más fácil de enunciar que de concretar o de poner en práctica. Sin embargo, existe mucho espacio de mejora en múltiples aspectos, como la educación, la inversión en investigación y desarrollo (la famosa I+D+i), supresión, reducción o simplificación de trámites para montar una empresa, mejora en la eficiencia del sistema de justicia, etc., a fin de aumentar nuestra productividad y competitividad y hacer que nuestro país sea más eficiente y que pueda situarse en el lugar que le corresponde dentro del contexto europeo e internacional.