Se desveló el “programa oculto” del PP

 El programa oculto del PP ya no es oculto: ajuste brutal del gasto y subida de impuestos. Es decir, medidas económicas totalmente contrarias, en mi opinión, a la lógica macroeconómica comunmente aceptada, que ha asumido desde hace 70 años las enseñanzas de Keynes y de muchos otros teóricos: en época de crisis deben bajarse los impuestos para impulsar la inversión y el consumo, e incrementar los gastos y la inversión pública para incentivar la demanda.
 

Pues bien; el gobierno del PP hace precisamente lo contrario. Todos esperábamos un aumento de los recortes. Los economistas sensatos se han pronunciado por la necesidad de reducir el déficit público, y por ello yo he considerado que las medidas de ajuste que emprendió el gobierno socialista eran dolorosas pero necesarias; pero dichas medidas parecen una broma si las comparamos con lo que ahora se anuncia, y sobre todo con los ajustes que se prevén. En lugar de intentar renegociar o aplazar el ajuste comprometido en uno o dos años con nuestros socios europeos, tal como prometió que haría Rubalcaba, a fin de dar un respiro a la demanda agregada, el gobierno del PP se lanza de lleno por la vía del maximalismo del déficit cero a la mayor velocidad posible mediante un ajuste drástico según el dictado de los gobiernos conservadores que predominan en Europa, política que no está ayudando a superar la crisis sino que amenaza con provocar una nueva recesión.

 

Pero lo que no se esperaba es que el PP nos sorprendiera con un colosal aumento de los impuestos, y ello sin ninguna dosis de estímulo económico. Podríamos dudar de si en estos momentos de déficit pronunciado era posible o no aplicar las políticas keynesianas mediante incentivos a la actividad económica, y si era necesario o no profundizar los recortes. En todo caso, me parecía mucho más coherente la propuesta socialista de negociar en Europa unos estímulos fiscales basados en los “eurobonos”. Pero un aumento de impuestos en tiempos de crisis, sobre todo de las capas medias y de los trabajadores, va directamente en contra de toda lógica económica, ya que hará decaer más todavía la demanda agregada y la inversión, y por tanto no producirá sino una profundización de la crisis y un aumento del paro.

 

Un aumento de impuestos contradice la ideología liberal que supuestamente suscriben muchos ministros y cargos públicos del PP; dicha ideología liberal, una forma moderada de la cual yo mismo asumo, apuesta por una reducción del papel del Estado y de la carga impositiva para reactivar la actividad económica, de manera que incluso en algunos casos la mayor actividad ocasiona que aun con unos tipos impositivos menores dicha mayor actividad económica permite que la recaudación sea mayor (la famosa curva de Laffer). Ciertamente, la propuesta del PSOE también incluía un aumento de impuestos, pero se centraba predominantemente en las rentas más altas, a fin de financiar la creación de empleo mediante incentivos directos como la bonificación de cuotas de la Seguridad Social. Contrariamente, por el camino elegido por el PP una buena parte del ajuste presupuestario se irá por la cloaca a causa de la menor recaudación consecuencia de la caída drástica previsible en la actividad económica. El PP puede ir quitándose la etiqueta superficial de “liberal” y quedarse con la que efectivamente le define: conservador.

 

Pero lo que es mucho más grave es que la subida de impuestos se realiza en contra de lo que el PP había prometido en su programa y en la campaña electoral, e incluso en la sesión de investidura: que no aumentaría los impuestos, sino que los rebajaría. El PP había prometido una especie de “cuadratura del círculo” según la cual reduciría el déficit manteniendo los servicios sociales y al mismo tiempo rebajando los impuestos, confiando únicamente en la reactivación de la economía pero sin aclarar nunca como se iba impulsar dicha activación. Ahora, a las primeras de cambio, incumple sus promesas electorales y defrauda la confianza que han depositado en él sus electores. Y que no se nos hablen como justificación de la “herencia recibida”, pues las cifras del déficit estancado en el 8%, aún no definitivas, ya se presuponían hace meses, y no explican en absoluto un bandazo tan impresionante. Además, la mayor parte del la responsabilidad del no cumplimiento del compromiso de déficit, fijado para este año en el 6%, la tienen las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP, mientras que la Administración central del Estado ha cumplido básicamente con sus deberes.

 

En definitiva, el PP nos sorprende con unas medidas de ajuste duro que reducirán el déficit –aunque menos que lo que las cifras indican, por el motivo indicado de caída de la actividad–, pero que no servirán para salir de la crisis ni para resolver el problema principal que azota a nuestro país: el paro. Pero lo que es mucho más grave: el gobierno del PP, al incumplir una de sus principales promesas electorales, ha demostrado ante los mercados y ante el mundo entero su total falta de credibilidad: ¿cómo puede cualquier inversor internacional fiarse del gobierno español a la hora de poner sus ahorros en nuestra deuda soberana? ¿Qué otras medidas imprevisibles e igualmente irresponsables podrá tomar dicho gobierno? ¿Cuáles otras de sus promesas electorales dejará de cumplir? Sin duda, todos pagaremos la irresponsabilidad del gobierno del PP en forma de intereses extra en las próximas emisiones de deuda pública. Los electores que confiaron en la supuesta capacidad del PP en temas económicos pueden comenzar a salir de su engaño.

¿Es malo, necesariamente, el bipartidismo?

Existe una corriente de opinión muy extendida en algunos sectores que critican el bipartidismo como uno de los males de nuestra democracia y que tienden a una exaltación de los partidos minoritarios, independientemente de las ideologías. Incluso desde algunas plataformas en Internet se insta incluso a boicotear a los partidos mayoritarios a través del voto nulo o votando al partido minoritario, sea cual sea, que más posibilidades tenga de romper el denostado bipartidismo.

Con el debido respeto para mis amigos (de dentro y de fuera de la red) que militan o optan en su decisión de voto por alguna opción minoritaria, intentaré explicar por qué considero que el bipartidismo no es malo en sí mismo, y por qué mi opción de voto se inclina hacia el partido mayoritario de la izquierda.

En primer lugar, debemos recordar que los partidos mayoritarios no lo son por su especial naturaleza, ni por un privilegio legal, ni nada por el estilo. Debería ser obvio, pero es necesario subrayarlo: los partidos mayoritarios lo son precisamente porque son los más votados, y son los más votados porque cuentan con el apoyo de la mayoría de los españoles, que les otorgan su confianza a través de la militancia y del voto. Se afirma que ambos partidos “no representan a los intereses de la gente”; pero, ¿quién, si no “la gente”, sabe cuáles son sus intereses? ¿Es que acaso la mayoría somos estúpidos, estamos aletargados o alienados, etc.?

Es posible que alguien entre los minoritarios piense que es así, pero le recuerdo que esta vía de pensamiento, si se lleva al extremo, puede conducir a dar cancha a los autoproclamados “salvadores de la patria”, a los “auténticos defensores del pueblo”, al “partido del proletariado”, etc., es decir, a los que, desde un extremo u otro del espectro político, se consideran como los auténticos poseedores de la verdad. Éstos siempre han tendido a etiquetar a los que no concuerdan con sus ideas, aunque éstos sean mayoría, como “traidores a la patria”, “enemigos del pueblo”, “lacayos de la burguesía”, etc., y en último extremo, a excluirlos y a perseguirlos cuando han tenido ocasión para ello. Digámoslo claramente: una exaltación de las minorías, cuando va unida a un desprecio hacia las mayorías, conduce irremisiblemente por el camino de la dictadura. Desde luego, el respeto por las minorías es un signo de salud para la democracia, pero este respeto no puede convertirse en un desprecio abierto hacia las mayorías.

El ser mayoritario o minoritario tampoco es una cuestión “de origen”, ni está fijada históricamente, ni es definitiva. Una de las opciones que ahora son minoritarias se presentó a las primeras elecciones de 1977 como un partido poderoso, el único que contaba con una organización y una militancia activa, numerosa y entusiasta, con una historia notable, con una ideología que se pretendía científica, y que tenía una visión global del mundo y de la sociedad, con un apoyo internacional poderoso; sin embargo, no obtuvo el apoyo popular que preveía tener, y se quedó desde entonces como minoritario. En cambio, el que fue mayoritario en aquellas elecciones desapareció al cabo de pocos años. Uno de los dos mayoritarios de ahora procede de una de las fuerzas que fueron minoritarias en las primeras legislaturas.

Los minoritarios de hoy aspiran a ser mayoritarios mañana, y a veces lo consiguen. La vía para convertirse en mayoritario es convencer a la mayoría con ideas y propuestas. Obviamente, la ley electoral actual es un obstáculo para dicha transformación y para la renovación política en general, y es necesario reformarla; el partido mayoritario en la izquierda lleva en su programa como propuesta la reforma del sistema electoral. Sin embargo, puestos a concretar, es difícil encontrar un sistema ideal que satisfaga a todos; los sistemas estrictamente proporcionales (por ejemplo, el de Israel), aplicados en España, proporcionarían resultados que ciertas fuerzas –pienso, digamos, en las de representación territorial limitada–, probablemente no considerarían satisfactorios.

El bipartidismo no es un mal en sí mismo; al contrario, es completamente legítimo, y yo diría que es la situación normal en una sociedad fuertemente bipolarizada como la nuestra, por ejemplo, entre izquierdas y derechas. Cada uno de los dos partidos mayoritarios expresa la corriente mayoritaria dentro de cada lado del espectro: izquierda y derecha. Es natural que los partidarios de cada uno de los campos en litigio tiendan a agruparse alrededor de la opción que le ofrece más confianza y garantías, o de la que tiene más posibilidades de éxito. Véase, por ejemplo, la derecha: a pesar de las diversas corrientes que la integran, se presenta como una única opción organizativa y electoral, y está encantada con la dispersión de voto y con la disgregación que padece la izquierda.

Por mi parte, yo considero como deseable la confluencia hacia una futura unidad de toda la izquierda, bien sea organizativa o meramente electoral, sin prepotencias ni exclusiones, y lo he manifestado en más de una ocasión (v. “La frustrante dispersión en la izquierda”). Pues bien, si se avanzase hacia este objetivo, siempre habría fuerzas que preferirían mantener su identidad en lugar de integrarse, y quedarían inevitablemente como minoritarias; ¿deberíamos premiarlas por ello? Para mí, lo más importante es la opción entre izquierda y derecha, y la coherencia de las ideas y las propuestas, y no el hecho de ser mayoritario o minoritario.

Ante las anteriores elecciones, yo manifesté mi opción de voto por el PSOE-PSPV, partido mayoritario en la izquierda (v. “A qui votaré en les pròximes eleccions?”). Creo que las razones que allí expuse continúan siendo válidas para mí, y que no existen motivos suficientes para cambiar mi voto. El PSOE representa la opción socialdemócrata y progresista, la más próxima a mi visión de la izquierda (v. “Qué significa para mí ser de izquierdas”), netamente diferenciada de la derecha ultraliberal y conservadora (v. “¿Es lo mismo el PP que el PSOE?”). En lugar de limitarse a confiar en una reactivación económica espontánea (posición ultraliberal mantenida por el PP), el PSOE propone una política activa de incentivos para la creación de empleo, por ejemplo con rebajas en las cuotas a la Seguridad Social financiadas mediante nuevos impuestos sobre los beneficios de las instituciones financieras, sobre las grandes fortunas y sobre las transacciones internacionales. A pesar de mi escepticismo respecto a algunas de sus propuestas (v. “Rubalcaba y la socialdemocracia: mi apoyo crítico”), creo que el programa del PSOE propone un programa razonable para reducir el paro e intentar salir de la crisis manteniendo al mismo tiempo el estado del bienestar y la cohesión social.

Sin embargo, siempre estaría abierto a reconsiderar mi voto si hubiese motivos razonables para ello, pero creo que no es el caso. Supongamos que yo estuviese cansado o defraudado de los partidos mayoritarios y del bipartidismo. ¿A quién podría votar?

Veamos, por ejemplo, Izquierda Unida. Esta fuerza continúa siendo una opción minoritaria porque sigue defendiendo un sistema social fracasado en la teoría y en la práctica. La oscilación de sus resultados siempre va en sentido contrario a los resultados de la fuerza mayoritaria en la izquierda, y su crecimiento casi siempre ha coincidido con un ascenso o una victoria de la derecha. Por lo que respecta a estas elecciones, IU defiende una propuesta contra el paro que, en mi opinión (v. “La propuesta de Izquierda Unida para crear empleo”), si fuese puesta en práctica, no sólo no disminuiría el paro, sino que produciría inflación, disminuiría la productividad y la competitividad de nuestra economía, aumentaría el déficit público y ocasionaría una pérdida real de puestos de trabajo productivo y estable. Es decir, en mi opinión, IU se sitúa al margen de la teoría económica convencional. Sin embargo, continúo considerando que IU es la opción natural –la única opción coherente en este sentido, a mi parecer– para los que desconfían de la economía convencional, para los descontentos del sistema, para los que buscan una alternativa al mismo o para los que quieren dar un giro de izquierdas a la política.

En muchos casos, parece como si los minoritarios aceptasen su papel: como saben que no tienen posibilidades de gobernar, se permiten realizar propuestas irreales que rayan en la demagogia, propuestas que, si tuviesen posibilidades reales de ganar, no harían, ante la imposibilidad evidente de las mismas. Es el caso de Equo: además de lo que yo considero una actuación poco ética por parte de sus socios en el País Valenciano –actuación que analicé brevemente en mi escrito sobre las elecciones autonómicas anteriormente citado, y en la cual creo que no vale la pena insistir– y de su efecto disgregador de la izquierda, su programa está lleno de ideas que yo pienso que entran directamente en el terreno de la demagogia. Es el caso de su propuesta de una renta social mínima generalizada de 500 euros: ¿cómo piensan financiarla, precisamente en una época de déficit público generalizado? ¿De dónde piensan sacar el dinero, si ni siquiera disponemos de la máquina de imprimir billetes, aún a costa de la inflación? Por otra parte, su oposición global a los transgénicos me parece fruto del más puro oscurantismo anticientífico.

En el caso de UPyD, existen muchos puntos en su programa que me parecen positivos. Sin embargo, su imagen de partido centralista y reticente ante la autonomía y el autogobierno y su carácter de partido centrado en una persona me hace pensar que se trata de un una opción destinada a recoger los votos de algunos descontentos de izquierda o de derecha, más bien que una auténtica opción alternativa.

En definitiva, el proyecto del PSOE me parece el más razonable y convincente, por lo cual no puede extrañarnos que sea la fuerza mayoritaria de la izquierda. No encuentro ningún motivo para no votarlo, y sí muchos aspectos positivos para hacerlo.

Los minoritarios me encontrarán a su lado a la hora de luchar para conseguir un sistema electoral más justo y equitativo, pero me tendrán enfrente si pretenden erigirse como portadores de las esencias o de la verdad absoluta, menospreciando a la mayoría. De todas formas, mientras no se reforme la ley electoral, es necesario comprender que el voto a un partido o opción que no cuenta con ninguna posibilidad de obtener representación en la circunscripción correspondiente puede tranquilizar la conciencia de quien lo emite, pero no tiene ninguna incidencia ni repercusión allí donde se toman las decisiones que nos afectan a todos.

Las propuestas fiscales de Rajoy: ni una a derechas

La oposición del PP al gobierno en los últimos cuatro años ha sido, en el terreno económico, completamente irresponsable. Han aprovechado la crisis económica para cargar las culpas de todos los males del mundo a Zapatero sin ofrecer ninguna alternativa coherente, y se han abstenido o han votado en contra en el parlamento ante las necesarias medidas de control del déficit y en otras reformas económicas importantes. Han preferido permanecer al margen, confiados de que el propio desgaste del gobierno los conduciría directamente a la Moncloa. Y ahora, forzados por la inminencia de las elecciones, se descuelgan con unas propuestas fiscales ambiguas e inconcretas, donde se nos promete al mismo tiempo bajar los impuestos y controlar el déficit, pero no se nos detalla demasiado dónde ni cómo ni en qué. Además, ya nos advierten de que los recortes de impuestos podrán dejarse en suspenso en función de la “herencia recibida”; una insidiosa manera de “curarse en salud” y justificarse por adelantado ante los eventuales incumplimientos de lo prometido.

Una de las medidas propuestas que ha trascendido no puede menos que dejarnos estupefactos: la rebaja de los impuestos sobre las rentas de capital. Desde luego, debe admitirse que la rebaja de impuestos en general es una medida clásica dentro de las recetas keynesianas para impulsar la economía, sobre todo en tiempos de crisis; otra cuestión diferente es si esta rebaja es posible cuando el déficit público ha alcanzado cifras alarmantes y se pretende al mismo tiempo reducir el déficit. Igualmente, es cierto que los impuestos sobre las rentas de capital tienden, en general, a castigar el ahorro, y por tanto comprometen el desarrollo a largo plazo. Sin embargo, debemos cuestionarnos si tales rebajas tienen sentido precisamente en el momento presente, cuando lo prioritario es impulsar la salida de la crisis económica y reducir el paro.

Y aquí es donde, en mi opinión, la propuesta de Rajoy carece de sentido. En caso de ser posibles las rebajas de impuestos con el propósito de impulsar la demanda agregada, los expertos nos indican que éstas deben dirigirse a los sectores más desfavorecidos, a los que por culpa de la crisis han visto disminuida su capacidad de consumo, a los que tienen más dificultades para acceder al crédito. Por ejemplo, Guillermo de la Dehesa, en su obra La primera gran crisis financiera del siglo XXI. Orígenes, detonantes, efectos, respuestas y remedios” (p. 237), nos indica que: “para estimular el consumo sugieren dos recomendaciones. La primera es dirigir selectivamente la reducción de impuestos o las transferencias a aquellos consumidores que se encuentran más constreñidos por el crédito. Extendiendo la provisión de subsidios de desempleo a un mayor número de desempleados o dando mayor duración a los que ya los reciben, elevando el mínimo exento del impuesto sobre la renta, expandiendo la red de seguridad a más personas o elevándola cuando ésta es muy baja o ayudando a los deudores hipotecarios para evitar que pierdan su vivienda, incluso utilizando recursos públicos para la amortización de sus préstamos. Estas medidas ayudan tanto a mantener la demanda agregada como a mejorar la situación del sistema financiero”. Recordemos que, a pesar de las dificultades originadas por la crisis, el gobierno socialista ha impulsado y mantenido la red de protección social más alta conocida en nuestro país.

En cuanto a las rebajas de impuestos a las rentas de capital, el mencionado autor afirma (en la misma obra y página): “El tercer tipo de estímulo fiscal es el dirigido a incentivar el gasto de inversión en las empresas. Éstas se enfrentan no sólo a una caída de la demanda interna e internacional en sus productos o servicios sino también a una elevada incertidumbre sobre el futuro de la misma. Ante esta incertidumbre y al igual que los consumidores, toman una actitud de espera ante sus inversiones hasta ver atisbos de que la situación puede mejorar. Ante esta situación, las reducciones de impuestos sobre beneficios o sobre las ganancias de capital no suelen tener muchos efectos sobre la inversión. Es más importante conseguir que no reduzcan sus operaciones actuales por falta de financiación o por no poder pagar unos márgenes tan elevados que conseguir que hagan nuevas inversiones. Esta tarea corresponde además a la política monetaria del banco central y no a la fiscal”. (En esta última frase, el autor se refiere a la reducción de los tipos de interés, que sí que favorece la inversión.)

Es decir, lo que dificulta la inversión de las empresas, más que un punto más o menos en la tasa de impuestos sobre rentas de capital, es la incertidumbre ante la situación económica, la posibilidad de que los productos se queden en los almacenes por falta de demanda. Por ello, y sin negar el posible efecto positivo de esta medida en cuanto a la posibilidad de atraer capitales hacia nuestro país, considero que es más prioritario el estímulo de la demanda de los sectores más desfavorecidos en el sentido antes indicado. Más que ahorro a largo plazo, lo que necesitamos es impulsar la demanda a través del consumo, y hacerlo ya.

Por tanto, la propuesta de Rajoy de disminuir los impuestos sobre las rentas de capital, si bien puede ser correcta en términos generales y atemporales (si no se tiene en cuenta el ciclo económico), es completamente inadecuada en los momentos de profunda recesión y elevado paro en que nos encontramos. En cambio, las propuestas de Rubalcaba, en el sentido de aumentar temporalmente los impuestos a los más ricos, aunque parezcan inadecuadas desde el punto de vista de la teoría económica abstracta (es decir, si prescimos de los ciclos económicos), pueden ser en realidad adecuadas en estos momentos del ciclo y pueden tener efectos positivos si el importe de lo recaudado se dedica a favorecer a los más débiles e impulsar la demanda.

Algunas otras medidas económicas propuestas por el PP no dejan de plantearnos serias dudas. Por ejemplo, la de que los convenios de empresa deben primar sobre los convenios de ámbito general. Se trata de una medida en abstracto correcta, hacia la cual tendía la última reforma de la negociación colectiva aprobada por el gobierno (por cierto, con el voto en contra del PP). Pero si el gobierno no pudo o no quiso llegar más lejos en la citada dirección, fue por la búsqueda de consenso entre los agentes sociales, y una vez vista la imposibilidad de un acuerdo, por la necesidad autoimpuesta de mantener la oposición de los sindicatos dentro de unos límites razonables. ¿Se atreverá el PP a imponer por decreto una reforma laboral y de la negociación colectiva más dura, prescindiendo de cualquier tipo de acuerdo entre los agentes sociales y pasando por encima de los sindicatos? Si es así, deberían de aclararlo.

No entro en este escrito a valorar la impresentable posición del PP por su indefinición ante la ley del aborto o su silencio ante otras conquistas democráticas o derechos sociales: matrimonio de los homosexuales, derecho a una muerte digna, laicidad del Estado, etc.

Los que confiaban en la capacidad del PP y de Rajoy para sacarnos de la crisis pueden empezar a salir de su espejismo, y el conjunto de los españoles debemos sentirnos realmente preocupados de que las riendas del país caigan en manos de semejantes políticos.

Cambio global, ¿hacia qué? Hablemos claro

Me lo he pensado mucho antes de publicar este escrito, porque sé que va contra corriente, y que muchos de mis amigos, de dentro y de fuera de la red, no compartirán mis opiniones, y quizá algunos quedarán defraudados por ellas. Pero si nunca callé ni oculté mis ideas, incluso cuando la defensa de las mismas implicaba peligro inminente de cárcel o de algo peor, no voy a hacerlo ahora.

El movimiento 15-M nació como una expresión espontánea de descontento de miles de ciudadanos ante la crisis económica que nos atenaza, y de protesta contra el alejamiento de la clase política de los ciudadanos. Un movimiento que se pretendía regenerador de la democracia, y que en sus documentos prometía una regeneración de la vida política mediante la lucha contra la corrupción, la petición de reforma de la ley electoral, el acercamiento de los políticos al pueblo, etc. Un documento que yo apoyé desde el principio, después de un cierto escepticismo inicial (pueden verse mis numerosas entradas sobre el tema, que renuncio a citar), y del cual critiqué los excesos de ciertas minorías violentas, con la esperanza de que se impusiera la sensatez y la moderación. Un movimiento en el cual desde el principio convivieron dos almas diferentes: la de la regeneración democrática, que se recogía en los documentos consensuados y a la cual yo me adherí, y la de revolución antiliberal y anticapitalista, que no se reflejaba en los mínimos de consenso aprobados, pero que se imponía en las acciones y en las convocatorias concretas. Al final, por desgracia, ha triunfado esta última alma, y los que siempre pretendieron darle al movimiento ese carácter se han quitado la careta.

El movimiento afirma que “lo llaman democracia y no lo es”. Desde luego, nuestro sistema tiene muchos defectos, es claramente perfectible, y los primeros documentos de consenso del movimiento iban en la dirección adecuada. Pero una cosa es pedir un cambio en el sistema electoral o que los políticos deban ser responsables de sus promesas electorales, y otra es afirmar que “no nos representan”. ¿Cómo que no nos representan? Desde luego, cada uno se siente mejor representado por el partido que ha votado; la minoría que se ha abstenido quizá no se sienta representada por nadie, pero no olvidemos que éstos han abdicado de su derecho voluntariamente. Pero un auténtico demócrata acepta los resultados dictados por el conjunto de la ciudadanía y respeta los criterios de la mayoría, aunque no esté de acuerdo con ellos. En cambio, en el Movimiento 15-M han triunfado unos eslóganes que, si podían tolerarse al principio como algo eufemístico, metafórico, llamativo y movilizador, cuando vemos que se consolidan y se proclaman en los llamamientos y convocatorias, no podemos dejar de alarmarnos. Si los políticos no nos representan, ¿quién nos representa? Si esto no es una democracia, ¿qué tipo de democracia se propone? ¿Alguien de los que convocan ha conocido un tipo de democracia mejor? ¿Acaso la democracia orgánica, la democracia popular, la democracia asamblearia (y que pasa con los que no acuden a las asambleas)...? Cuando a la democracia comienzan a ponérsele adjetivos, los demócratas alzamos las cejas para no dejarnos engañar: el único adjetivo que yo admito es el de democracia representativa: un hombre (o mujer), un voto, y que nuestros representantes libremente elegidos actúen responsablemente; y si no cumplen con lo pactado, o alguien queda defraudado, no se les vuelve a votar, se cambia de opción y punto (sin prejuicio de las posibles responsabilidades exigibles). Si alguien puede –y debe– mejorar el sistema democrático son los políticos elegidos, en la forma y por las vías libremente aceptadas por la mayoría. ¿Cómo puede alguien en su sano juicio afirmar y mantener que una decisión adoptada por la amplia mayoría de los representantes del pueblo es un “golpe de estado”, y en cambio el criterio defendido por la ínfima minoría es lo auténticamente legítimo?

Se acercan las elecciones generales. Los promotores del 15-M (ahora 15-O) tienen ahora la oportunidad de medir sus fuerzas y su representatividad. ¿Se presentarán a las elecciones? Muchos de ellos lo harán, en las listas de ciertos partidos que recogerán parte de sus propuestas. Pero, ¿aceptará el conjunto del movimiento el resultado electoral? Los auténticos demócratas aceptaremos humildemente la decisión de las urnas, nos guste o no nos guste, como auténtica y única expresión de la voluntad popular. Y a los que compartimos los ideales de la izquierda, pero sin creernos representantes de nadie ni portadores de verdades absolutas, probablemente no nos gustará el resultado; pero continuaremos trabajando y estudiando calladamente, intentando explicarnos y explicar las causas de la crisis, buscando soluciones racionales, difundiendo nuestros ideales mediante la palabra, y oponiéndonos mediante la palabra y en la calle contra los retrocesos en las libertades y derechos conquistados que se nos quieran imponer. Pero, siempre con respeto hacia el pueblo soberano, trabajaremos por revertir el resultado previsible, para que en futuras convocatorias retornemos hacia la senda del progreso. ¿Qué harán los impulsores del 15-M (15-O)?

 

A esta peligrosa deriva contra la “clase política” en general, y contra el sistema democrático realmente existente, se une ahora otra tendencia que ha surgido recientemente y que ha tenido un cierto eco. Me refiero a la proclama antiideológica de “No somos ni derechas ni de izquierdas”. Sé que muchos participantes en las movilizaciones no compartirán este eslogan, pero lo he visto reproducirse como la mala hierba en demasiados muros, llamamientos y convocatorias como para permanecer callado. Yo pienso que cualquier persona es respetable independientemente de su ideología, e incluso si no tiene ninguna ideología. Pero de ahí a proclamar la antiideología como algo deseable, hay un mundo. Porque yo sí que me considero y me integro en el campo de la izquierda y me proclamo defensor de sus valores, aunque no comparta muchos de los clichés y tópicos de mis compañeros de ideología. Y me acuerdo alarmado de que los que proclamaban orgullosos que “No somos ni derechas ni de izquierdas”, al menos en mi primera juventud, eran los fascistas, los ideólogos del régimen de Franco, los que pretendían imponer su ideología totalitaria por encima de todas las otras ideologías.

Y la confluencia no es extraña: proclamaciones antidemocráticas, unidas a tendencias violentas (hasta ahora, afortunadamente minoritarias); desprecio por los políticos en general, e incluso por la política sin distinción de partidos e ideologías; proclamas antiideológicas... Todo ello unido al legítimo descontento, incluso a la desesperación, provocada por el paro y la crisis... Agítese y remuévase bien, y ahora retrocedamos en el tiempo y recordemos lo sucedido en la Alemania de la República de Weimar o en la Italia de los años veinte y treinta.

Y ahora, vamos con el cambio global. Desde luego, la crisis que nos azota no tiene precedentes en las últimas décadas; la mayoría la hemos sufrido de una otra manera: paro, rebajas de salarios, recortes de prestaciones, restricciones de todo tipo. Para añadir leña al fuego, la actuación de ciertos banqueros y de muchos políticos dista de ser ejemplar. Existen demasiados motivos para sentirse indignado; existen muchas razones para manifestarse y para movilizarse, para pedir un cambio global. Pero, ésta es la cuestión: ¿en qué dirección? Los organizadores de las movilizaciones no nos dicen hacia dónde pretenden dirigir la inmensa fuerza que pueden acumular; pero se han quitado la careta, y nos dicen lo que no quieren tener: el capitalismo. No es éste el lugar para analizar con profundidad en qué consiste el capitalismo; en alguna ocasión me he referido al tema, y continuaré haciéndolo en otras. Pero hay una cosa clara: la única alternativa global al capitalismo que hemos conocido, y la única que existe mientras no se muestre otra, tiene un nombre y un rostro inequívoco: el comunismo. Y el comunismo ya sabemos lo que ha producido en todos los países donde ha triunfado: dictaduras, algunas de las cuales entre las más feroces y sanguinarias que se han conocido; imposición de una burocracia corrupta sobre el conjunto del pueblo; hambre, miseria y muertes; atraso, anquilosamiento e ineficiencia por doquier... Claro, los organizadores lo saben y no quieren correr el riesgo de decirlo; prefieren mantenerse en la indefinición.

Desde luego, la crisis reclama un análisis serio de sus causas y de sus posibles soluciones. Es lícito exigir responsabilidades y cortar los abusos. Pero el análisis debe hacerse de manera sosegada, racional, aplicando el método científico, única manera mediante la cual ha progresado nuestro conocimiento sobre la realidad y nos ha hecho progresar y distanciarnos de las bestias; utilizando lo que se conoce sobre la ciencia económica, e intentando ir más allá, criticando los errores, modificando lo equivocado, descubriendo y aclarando lo que hasta ahora no se conocía; una tarea que deben hacer –y ya están haciendo, por fortuna– los especialistas, como en cualquier campo del saber, sin encerrarse en sus torres de marfil sino en contacto con la realidad y explicando y difundiendo lo que se descubre. Como decía, ya existen en la bibliografía disponible análisis razonables, no siempre coincidentes, pero de los que se pueden ir extrayendo conclusiones. De la crisis se saldrá; tardaremos quizá algunos años; serán necesarias medidas duras, impopulares –sangre, sudor y lágrimas, prometía Churchill en su famoso discurso de 1940–; serán necesarias reformas; pero éstas deben hacerse con criterios racionales y científicos, deben ser decididas y llevadas a cabo por los representantes democráticamente elegidos y deben explicarse claramente a la población. Y respecto a las responsabilidades y los abusos, éstos deben exigirse y cortarse, pero haciendo recaer todo el peso de la ley, y sólo el peso de la ley; y si la ley debe cambiarse, deben hacerlo, asimismo, nuestros representantes democráticamente elegidos, y nadie más.

Porque he leído y oído demasiados análisis simplistas, demasiados tópicos, demasiados gritos, demasiadas propuestas de soluciones que no resisten el más mínimo análisis lógico. Dejemos trabajar a los expertos, a los que saben, y si no saben, tienen las mejores herramientas y métodos para llegar a saber. Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española, afirmó una vez que “si cada español hablase de lo que entiende, y de nada más, habría un gran silencio que podríamos aprovechar para el estudio”. No se trata de poner límites a la palabra, al libre ejercicio del derecho de expresión; pero las proclamas demagógicas, las “soluciones” sin sentido, las consignas equivocadas, las movilizaciones sin dirección, sólo sirven para dar palos de ciego, para desembocar en callejones sin salida, y portarán a muchos jóvenes ahora ilusionados a la desesperanza y a la frustración.

Desde luego, es necesario un cambio, pero no en el sentido que se nos propone. Seamos claros: ni el cariz autoritario y antiidelógico, ni la poclama anticapitalista sin alternativa conducen a nada bueno. Ambos tienen en común la creencia de que se está en posesión de la verdad, de que los demás están adocenados, aletargados o alienados, o que directamente son los defensores del “capital”, de los “explotadores”, de los “banqueros”, de los “mercados”. Ambos son la semilla del totalitarismo. Desde luego, la mayoría de los jóvenes (o no tan jóvenes) de nuestros días que se sienten indignados y que participan en las movilizaciones no se reconocerán en esta descripción. Pero, ¿no proponían los jóvenes fascistas en los años veinte y treinta también una revolución contra los políticos y los capitalistas? ¿No eran obreros desencantados y desesperados los que votaron a Hitler en 1933? ¿No tenían ideales puros los que llevaron a los bolcheviques al poder en 1917, para acabar pocos meses más tarde con cualquier rastro de libertad? Hablemos claro: el totalitarismo tiene dos rostros: fascismo y comunismo. Los dos fantasmas asesinos del siglo XX, que provocaron decenas de millones de muertos. Las dos caras de un mismo monstruo, aniquilador de la individualidad y de la libertad humana, y causantes de la mayor miseria y sufrimiento. Éstos, en extraño maridaje, son los antecedentes y los ingredientes de lo que ahora se nos presenta. No cuenten conmigo.

 

La propuesta de Izquierda Unida para crear empleo

El siguiente artículo contiene un análisis somero de la propuesta de empleo de Izquierda Unida, pero que avisa sobre algunos de sus peligros y de sus falacias:

“Análisis de la propuesta deIzquierda Unida para crear 3 millones de empleos”, de El blog salmón

El plan de Izquierda Unida consiste básicamente en detraer fondos privados vía impuestos para financiar empleo en sectores como infraestructuras, medio ambiente, rehabilitación de viviendas, dependencia, etc. Esto suena muy bonito, pero es necesario tener en cuenta que una elevación de impuestos retrae fondos que, si permaneciesen en manos privadas, serían usados para el consumo reactivador de la actividad económica o para la inversión, es decir, para crear empleo productivo e indefinido; sin embargo, el empleo financiado con dichos fondos sería, en el mejor de los casos, en gran parte improductivo y puramente temporal, en sectores que en algunos casos son útiles e importantes, pero que deben atenderse sólo y en la medida en que lo fundamental esté cubierto: sanidad, educación y trabajo indefinido para todos; en el peor de los casos sería dinero puramente malgastado. La propuesta no tiene en cuenta el efecto desincentivador de la actividad económica que tienen los impuestos (v. mi entrada “Comentariocrítico a Sartorius (II): ¿Es de izquierdas subir (o bajar) los impuestos,especialmente las rentas de capital?”); es decir, aunque se consiguiese recaudar todo lo que la propuesta indica y se consiguiesen financiar los empleos prometidos, no se tiene en cuenta los puestos de trabajo que se perderían a causa de la reducción de la actividad económica provocada por el aumento de impuestos, y tampoco se tiene en cuenta la disminución de recaudación que implicaría esta reducción de la actividad.

Y todo ello, además, suponiendo que los números previstos cuadrasen, y sobre todo sin tener en cuenta la pérdida de eficiencia que implica traspasar fondos del sector privado al sector público (y los que hemos trabajado en ambos sectores, sabemos de qué hablamos). Supondría convertir masivamente al Estado en empresario, con la consiguiente ineficiencia en la asignación de recursos, despilfarro, ineficacia, favoritismo, nepotismo, corrupción... La terrible experiencia de décadas de socialismo real ya nos ha vacunado contra iniciativas de este tipo.

Otro punto importante del plan consiste en prometer una reducción de jornada manteniendo el salario (nominal) para así crear empleo. Una propuesta célebre que ya viene desde los tiempos de Anguita, y que sería maravillosa si pudiera ser real, pero que no tiene en cuenta lo que afirma el artículo citado: que implicaría necesariamente una pérdida de la competitividad y un aumento inevitable de los precios a causa del aumento de los costes de producción (fenómeno conocido en economía como "inflación de costes"); es decir, se produciría una rebaja de los salarios reales, y lo que no se pierde manteniendo artificialmente los salarios nominales se perdería a causa del aumento de precios. Sencillamente, la propuesta no tiene en cuenta la distinción, fundamental en economía, entre salario nominal y salario real. Para que esta propuesta pudiese llevarse a cabo sin afectar a la competitividad de las empresas, debería ser subvencionada completamente por el Estado, por ejemplo, mediante un aumento de la masa monetaria por el banco central, lo cual, en este caso, sólo podría llevarse a cabo a escala del área euro, y ello con la consiguiente inflación. Pero, en este caso, la propuesta de “reparto de trabajo” sería realmente equivalente a una rebaja de salarios (reales) para poder activar el mercado de trabajo, es decir, aquello que propuso el premio Nobel Paul Krugman hace algún tiempo, con el consiguiente escándalo de sindicalistas y de los propios miembros de Izquierda Unida.

Pero, más aún: si no se llevase a cabo el aumento de la masa monetaria, el aumento de costes produciría probablemente una perturbación negativa de la oferta agregada que haría disminuir la producción total (algo parecido a las crisis que se produjeron en los años setenta a causa del aumento de los precios del petróleo), con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Lo que ocurriría es que las empresas que pudieran contratarían nuevos trabajadores para mantener la producción, pero  trasladarían el aumento de costes laborales aumentando los precios, con el consiguiente aumento de inflación tal como hemos indicado; pero las que, por tener menor demanda, no pudiesen soportar estos costes laborales, simplemente se verían abocadas a la quiebra, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, que compensaría a los puestos ganados mediante la reducción horaria. Y dada la escasa competitividad de la economía española actual, podemos estar seguros de que el efecto de pérdida superaría al de ganancia.

La propuesta de reducir el horario para “repartir el trabajo” se basa en la falsa idea de que el trabajo existe en una cantidad fija que debe repartirse equitativamente, sin tener en cuenta que el trabajo, como cualquier otra mercancía, se ajusta en cantidad y precio a través de la oferta y la demanda; si este ajuste no se produce es porque el mercado de trabajo no funciona a causa de perturbaciones externas al mismo, y por ello es necesaria su reforma (v. “El problema del paro”). La posibilidad de reducir la jornada manteniendo el salario real, si pudiera llevarse a cabo, sería como obtener algo por nada, lo cual obviamente es imposible.

Es decir, de aplicarse el plan propuesto por Izquierda Unida, lo que se produciría probablemente en realidad sería un aumento de la inflación, una disminución de la productividad y de la producción, una pérdida real de puestos de trabajo productivo y estable, y probablemente un aumento escandaloso del déficit público, con el consiguiente encarecimiento de la financiación que probablemente conduciría al colapso económico y a la ruina.

En mi opinión, el plan de Izquierda Unida contiene una gran dosis de buenos deseos, pero al final viene a ser algo así como la cuadratura del círculo o el deseo de que 2 + 2 = 5. Para que la izquierda anticapitalista pueda ser creíble en el terreno económico, es necesario mucho más de rigor.

La reforma constitucional y la solicitud de referéndum

La reforma constitucional, tal como ha sido aprobada finalmente por las mayorías cualificadas del Congreso y del Senado, consagra constitucionalmente el principio de estabilidad presupuestaria. En primer lugar, es necesario aclarar que este principio es algo completamente distinto a la regla del “déficit cero”, que obligaría, de manera estricta, a mantener un presupuesto sin déficit en todos los ejercicios, independientemente de la coyuntura económica. Esta propuesta de déficit cero ha sido defendida en ocasiones por las corrientes más conservadoras –era una de las exigencias del Tea Party, que Obama con buen criterio rechazó– y por los ultraliberales anarcocapitalistas que intentan eliminar cualquier intervención del Estado en la economía. Una norma así impediría completamente cualquier estímulo estatal a la economía en tiempos de crisis (receta keynesiana que ha funcionado bastante bien en crisis anteriores, pero ahora topa con las dificultades derivadas del excesivo endeudamiento acumulado y la escasez de crédito) y dificultaría enormemente el mantenimiento de servicios sociales básicos, sobre todo en tiempos de crisis. Además, cuando hay crisis la recaudación impositiva se reduce de manera natural a causa de la menor actividad económica, mientras que las transferencias del Estado a los ciudadanos, en forma, por ejemplo, de subsidio a los parados, aumentan; si se permite que exista un déficit presupuestario controlado en los años malos, esta reacción natural ayudará a estabilizar la economía, mientras que si existiese una regla estricta de déficit cero sería necesario aumentar los impuestos y reducir las transferencias en un año de crisis, lo cual provocaría una retracción adicional de la demanda agregada que agravaría aún más la crisis. Por ello, la mayor parte de los economistas se manifiestan en contra de una regla de déficit cero. Su consagración en la Constitución implicaría dejar fuera de ella no sólo a las opciones ideológicas socialdemócratas y liberales de izquierda, sino a la pura ortodoxia económica.

Sin embargo, yo estoy de acuerdo con la reforma de la Constitución tal como finalmente ha quedado redactada. En contra de lo que afirman algunos y a pesar de la desacertada formulación inicial de Zapatero, que se acercaba a ello, esta reforma no plantea una constitucionalización del déficit cero, sino, como hemos dicho al principio, del principio de “estabilidad presupuestaria”; este principio implica que debe existir un equilibrio aproximado entre ingresos y gastos, pero no necesariamente dentro de un ejercicio, sino a lo largo de un período de tiempo más largo, que puede incluir un ciclo económico completo. Se trata simplemente de un principio de pura lógica aritmética que toda familia prudente conoce: no se puede gastar de manera sostenible más de lo que se gana, pero ello no impide que en épocas malas no pueda uno incurrir en déficits ocasionales o endeudarse por necesidades de inversión, siempre que se pueda cumplir con el pago del principal y de los intereses. Por ello, en la Constitución se habla de un límite de “déficit estructural” que podrá ser sobrepasado en caso de “catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria”.

No obstante, y aún reconociendo la necesidad de un déficit coyuntural controlado en épocas de crisis, deben recordarse los efectos nocivos sobre la economía (es decir, sobre los ciudadanos, y en primer lugar, sobre los trabajadores) de un déficit excesivo: además de hacer aumentar los intereses, es decir, los costes de financiación tanto para el Estado como para las empresas, el déficit hace que disminuya el ahorro nacional, de manera que queda lastrada nuestra capacidad de desarrollo económico a largo plazo; además, la capacidad de financiación de las empresas (y con ello, la capacidad de creación de puestos de trabajo) queda seriamente comprometida, al tener que competir con el Estado por unos mismos fondos prestables (se trata del efecto exclusión, bien conocido y descrito por la teoría económica). De la misma forma que unos gastos excesivos pueden arruinar a una familia, cualquiera puede comprender que una deuda galopante puede conducir a la ruina y a la miseria de un país.

El principio de estabilidad presupuestaria es, pues, algo completamente razonable y sensato que merece figurar en la constitución de cualquier país. Es necesario también recordar que este principio estaba ya consagrado por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, modificada en 2006 con el voto mayoritario de los grupos de izquierdas y nacionalistas que ahora, de manera incomprensible, se oponen.

Gracias a la prudente intervención del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, en el texto de la Constitución no se menciona ninguna cifra, sino que éstas se dejan a una posterior ley orgánica. Los topes de déficit se refieren siempre al “déficit estructural”, es decir, al que se extiende a largo plazo y no depende de la coyuntura económica; se permite así, como hemos dicho, que pueda haber años de crisis con déficit superior al fijado, que se compensen con años déficit menor o incluso con superávit, para que la media se mantenga inferior al límite.

Se deja así suficiente margen para que puedan mantenerse las políticas sociales en tiempo de crisis, e incluso los estímulos a la demanda de corte keynesiano en caso de que ello sea posible y necesario. Es falso, pues, que se constitucionalice una opción ideológica conservadora o que se pongan en peligro las políticas sociales y el estado de bienestar; por el contrario, se asegura que éste sea sostenible en el futuro, lo cual sería imposible si el Estado quebrara a causa de una política presupuestaria irresponsable.

Sobre la necesidad y la oportunidad reforma constitucional, debemos recordar que España necesita refinanciar periódicamente la deuda a corto y medio plazo que tiene acumulada, y que no puede permitirse que la desconfianza de los inversores hacia nuestra capacidad de pago eleve los intereses más allá de lo razonable. La reforma da confianza a los inversores internacionales (los mal llamados “mercados”), que deben prestarnos el dinero necesario para atender a nuestras necesidades, incluyendo los gastos en sanidad y educación y las ayudas a los más necesitados, y otorga mayor credibilidad a nuestra economía y a nuestro país. Unos intereses excesivos lastrarían nuestra capacidad para atender a dichas necesidades. La reforma no se hace, pues, para “obedecer a Merkel” o en interés de “los mercados”, sino en interés de los propios ciudadanos.

Respecto al método de aprobación, creo que la misma constitución marca los procedimientos para su reforma, indicando qué partes deben someterse a referéndum y cuáles no. Respecto al tema que nos ocupa, creo que se trata de un tema puramente técnico, que no debería ideologizarse, y por ello no debe ser sometido a referéndum, de la misma manera que no puede ser sometido a referéndum si el valenciano es catalán o no lo es. Hay una infinidad de temas, muchos de los cuales se mencionan en la Constitución, sobre los cuales yo no tengo ni idea, y no me atrevería a opinar sobre ellos, y menos a pedir un referéndum, y, más aún, si se convocara algún referéndum sobre alguno de dichos temas, me sentiría perplejo y cargado con una responsabilidad que no me corresponde asumir. ¿Cuántos de los que convocan o asisten a manifestaciones contra la reforma serían capaces de explicar la diferencia entre deuda y déficit? ¿Cuántos han oído hablar del “efecto expulsión”, ocasionado por el déficit público, a que nos hemos referido anteriormente? ¿Cuántos de los eventuales votantes se sentirían en la ineludible obligación de, antes de emitir su voto, informarse sobre las consecuencias del déficit público para la economía, digamos yendo a consultar al menos algún manual en una biblioteca? Y ello, simplemente, porque cada uno tiene sus intereses y sus preocupaciones, y los temas técnicos sólo interesan a las personas interesadas –valga la redundancia– en el tema de que se trate. Por ello, yo creo en la democracia representativa, y no en la asamblearia. En un referéndum se suele votar, más que en función del tema en concreto, en función de la simpatía o antipatía que nos ofrece el gobierno de turno, en la necesidad de castigarlo, etc.; por ello, los referéndums se prestan más al discurso demagógico que a la discusión rigurosa y al debate racional. Imaginémonos las catastróficas consecuencias para nuestro país de un resultado negativo, ocasionado por un voto condicionado por circunstancias de este tipo ajenas al tema consultado. Por ello, creo que los referéndums deben limitarse a las cuestiones ideológicas auténticamente transcendentes, lo cual no es el caso que nos ocupa.

“El hambre cotiza en Bolsa”

“El hambre cotiza en Bolsa” (El País, 04-09-2011)

Sobre los precios de los alimentos también existe mucha demagogia, un ejemplo de la cual es, en mi opinión, el titular de este artículo. En principio, lo que se negocia en la bolsa de Chicago son los contratos de futuros, es decir, los precios de compraventa de estos productos acordados de antemano. Si no existiesen estos contratos, los precios oscilarían mucho más, pues caerían en época de cosecha y se dispararían en el invierno. Los contratos se revenden en la bolsa, y ahí intervienen los especuladores; pero ya lo he dicho otras veces: lo que un especulador gana otro lo pierde, o lo que un especulador gana hoy, lo puede perder el día siguiente.

Ciertamente, los precios financieros influyen sobre los precios reales, y ocasionalmente se producen burbujas especulativas, tanto al alza como a la baja; pero el alza ocasional de precios que quizá perjudica hoy a los pobres de Somalia beneficia otros países productores, también pobres, que quizá se morirían de hambre si no existiese el comercio internacional. Pero el determinante último de los precios es la oferta y la demanda real: si ahora existe mucha demanda de materias primas y de alimentos es porque cientos de millones de chinos que se morían de hambre (literalmente) en la época comunista (donde no existían mercados financieros) ahora, afortunadamente, han dejado de hacerlo (gracias a que del comunismo sólo queda el nombre y el sistema político dictatorial). Igualmente ha aumentado la demanda en la India, el sudeste asiático, etc., gracias al comercio mundial. Y los que se benefician de este aumento de la demanda son los países productores, que asimismo son países pobres en su mayoría.

Los principales responsables del hambre en el mundo no son, pues, los mercados financieros, sino, como ya he expuesto también en otra ocasión, las élites corruptas y dictatoriales locales que mantienen a sus países en el atraso y el subdesarrollo; y aquí es necesario mencionar de paso la política agraria común europea, que subvenciona artificialmente a los agricultores de los países ricos y distorsiona el comercio mundial perjudicando a los productores pobres.