La libertad guiando al pueblo (Eugène Delacroix, 1830. Museo del Louvre, París)

viernes, 15 de julio de 2011

Rubalcaba y la socialdemocracia: mi apoyo crítico

Poco antes de las elecciones autonómicas y locales manifesté en este blog, desde la independencia personal, mi decisión de voto a favor del PSPV-PSOE, como la opción ideológicamente más próxima a mi propuesta de izquierda social-liberal y como la fuerza de izquierdas con más posibilidades de triunfo electoral (v. mis entradas “A qui votaré en les pròximes eleccions?”, y “Qué significa para mí ser de izquierdas”).

Creo que no han variado las circunstancias, y por tanto las mismas razones me impulsan a apoyar la candidatura del PSOE para las próximas elecciones generales. En este sentido, creo que el candidato elegido para la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, es el más indicado y el que más posibilidades tiene de frenar el ascenso de la derecha. Rubalcaba ha conseguido devolver la ilusión a numerosos militantes y votantes socialistas, y aspira con fundamento a movilizar y a renovar el voto que vuelva a dar el triunfo a la izquierda.


Rubalcaba, en su discurso en el acto de proclamación como candidato el 9 de julio, ha intentado dar un giro a la izquierda y recuperar las esencias socialdemócratas para su proyecto, que habían quedado en entredicho tras las imprescindibles medidas de ajuste presupuestario y tras las necesarias reformas efectuadas por el gobierno de Zapatero, en el cual el propio candidato ha jugado un papel esencial. Ha realizado un discurso cercano a los ciudadanos, ilusionante, comprometido con los ideales y los valores de la izquierda, en el cual ha justificado la política realizada por los gobiernos socialistas. Ha hablado de trabajo y de compromiso, de esfuerzo y de solidaridad; ha hablado de progreso, de derechos sociales, de la igualdad de hombres y mujeres, de la igualdad de oportunidades, del valor de la política para resolver los problemas, de la profundización de la democracia, del fortalecimiento de la construcción europea, de los problemas de la gente, y de propuestas y soluciones concretas.


En el terreno económico, se ha mostrado en contra de los paraísos fiscales, como fuente de corrupción y de ocultación de fondos de procedencia ilegal; Ha proclamado la necesidad de una economía sana y competitiva para crear empleo, pero de la necesidad urgente de resolver el problema del paro. Ha defendido la reforma laboral como imprescindible para luchar contra el paro, pero se ha mostrado favorable a avanzar más allá, en busca de un acuerdo para favorecer al mismo tiempo la flexibilidad en la contratación y la seguridad de los trabajadores. Ha hablado de la necesidad de políticas redistributivas para compensar a los que más han sufrido por la crisis; de la necesidad de controlar el déficit, de completar la reforma financiera; de la necesidad de eficiencia en el sistema energético; del apoyo a la innovación y a los emprendedores. Entre otros muchos temas, se ha referido también a la necesidad de mejorar la calidad de la educación y dedicarle recursos, a la lucha contra el fracaso o abandono escolar, a la defensa de la sanidad pública de calidad, a la atención a la dependencia, a la conciliación de la vida laboral y familiar...


En el terreno político, se ha referido a la necesidad de la limpieza de la vida política, y a la lucha contra la corrupción; a la superación de la crispación y el sectarismo. Y se ha comprometido a realizar una propuesta de reforma del sistema electoral para dotarlo de una mayor proporcionalidad y una mayor cercanía a los ciudadanos.


Sin embargo, desde mi apoyo inequívoco y desde una valoración globalmente positiva, no puedo dejar de efectuar algunas críticas a determinadas propuestas realizadas por el candidato Rubalcaba que me parecen equivocadas, críticas que yo considero constructivas y necesarias para la clarificación ideológica de la izquierda en su conjunto.


Por ejemplo, Rubalcaba afirma: “Hablamos de que tiene que haber una tasa de transacciones financieras. Claro que la tiene que haber, solidaria con los países más pobres. La llevamos pidiendo mucho tiempo. Pero, ¿sabéis qué os digo? Que para que Europa la reclame en el mundo, la tiene que poner primero en Europa. Pongámosla en Europa y, desde la fuerza europea, pidámosla en el mundo.” Se trata de algo similar a la llamada “tasa Tobin”; habitualmente esta tasa se propone como gravamen a las transacciones financieras internacionales, como una especie de control o limitación de los movimientos especulativos de capital, y que supuestamente se utilizaría para ayuda a los países del Tercer Mundo. Rubalcaba propone su imposición primero a escala europea, y después a escala mundial, y parece que para todo tipo de transacciones financieras.


Sin embargo, en mi opinión la implantación de una tasa de este tipo sería profundamente perjudicial, sobre todo para los países a los cuales se pretendería ayudar, es decir, para los países más pobres. Ya me he referido, en otra entrada, a los inconvenientes y efectos negativos de un impuesto de este tipo (v. “Comentario crítico a Sartorius (III): ¿Debe perseguirse a los especuladores?”). No me queda, pues, sino remarcar que, a parte de los insuperables problemas de recaudación y de distribución, esta tasa funcionaría como una medida proteccionista que dificultaría los intercambios comerciales y las inversiones internacionales, y perjudicaría precisamente a los países del Tercer Mundo, para cuyo desarrollo es imprescindible el fomento del comercio y de la inversión exterior.


Una crítica semejante me permito hacer respecto a otra de las propuestas de Rubalcaba: “Estamos haciendo una reestructuración de las cajas y de los bancos. Pronto será el momento, será el momento de pedir a las cajas y a los bancos que de sus beneficios, dejen una parte para la creación de empleo. Y lo haremos y lo podemos hacer”. Aunque de forma velada, parece claro que Rubalcaba se refiere a un impuesto sobre los beneficios de la banca. Parece también deducirse de las palabras de Rubalcaba que la implantación del impuesto se defiere a algún momento propicio indefinido del futuro. El motivo de ello debe estar claro, y puede servir de respuesta a algunas de las críticas que se han vertido: un impuesto sobre los beneficios de la banca sería improcedente en el momento actual, ya que, precisamente, uno de los factores de la crisis es la falta de crédito para el buen funcionamiento las empresas, falta de crédito provocado por los problemas de financiación internacional unidos a la alta prima de riesgo que en estos momentos sufre España, que encarece la financiación; un impuesto sobre la banca en estos momentos no haría más que multiplicar los problemas de liquidez, y quizá de solvencia, de nuestras entidades financieras, lo cual reduciría aún más el crédito y ahogaría aún más la financiación empresarial, con lo cual se agravaría el problema que se pretende resolver: el paro. Rubalcaba es plenamente consciente de ello, y por ello, de manera completamente responsable, difiere su implantación para un futuro indefinido.


Pero incluso planteado como un elemento de futuro, un impuesto específico a los beneficios de la banca me plantea graves dudas sobre su procedencia y sobre su eficiencia, sobre todo si se plantea como vía para resolver el desempleo. En primer lugar, ¿por qué un impuesto específico sobre los beneficios de la banca, y no un impuesto sobre los beneficios de las compañías eléctricas, o sobre la industria maderera, o sobre las funerarias? ¿Qué tiene de especial la banca? Parece que aquí se pretende hacer un guiño a los sentimientos antibancarios de una masa de potenciales votantes de la izquierda, y en especial hacia los simpatizantes del 15-M. En un documento anterior (“Comentario crítico a Sartorius (IV): ¿Es necesaria, o conveniente, una banca pública?”) expuse el esencial papel que juega el sistema bancario como intermediario entre los ahorradores y los que necesitan fondos, y su importante papel para una asignación eficiente del capital disponible, que siempre es escaso. Igualmente, me referí a las responsabilidades de los bancos en la génesis de la crisis, de la cual no son los únicos, ni siquiera los principales responsables, sobre todo en el caso de la banca española. Pero nada de esto justifica un impuesto especial para un sector específico tan importante de la economía española y con un papel tan esencial.


Por otra parte, en otra entrada (“Comentario crítico a Sartorius (II): ¿Es de izquierdas subir (o bajar) los impuestos, especialmente las rentas de capital?”) me referí a la necesidad de recaudar impuestos para el funcionamiento del Estado, pero asimismo a los inconvenientes que plantean los impuestos como freno para la actividad y el desarrollo económico, inconvenientes que no se pueden obviar. Como allí expuse, el impuesto sobre los beneficios empresariales plantea una doble tributación: por una parte, las empresas tributan por haber obtenido beneficios, y además, los socios vuelven a tributar cuando reciben los beneficios como renta; por ello un impuesto específico sobre los beneficios es completamente desalentador para el ahorro y la inversión y para la actividad económica general.


Pero si además el impuesto se plantea como forma de lucha contra el paro, todavía me plantea más dudas. Por mucha buena voluntad que le pongamos al asunto, el paro sólo se reducirá de forma significativa cuando comience y se acelere el crecimiento económico. Y teniendo en cuenta esto, la implantación de un nuevo impuesto sólo puede retrasar dicho crecimiento, es decir, sólo serviría para poner trabas a las ruedas de la recuperación económica. Es bien sabido, incluso desde planteamientos keynesianos, que para el aumento de la demanda agregada que favorezca la recuperación es necesario, entre otras acciones posibles, bajar los impuestos, pero no subirlos. ¿Va a utilizar el Estado íntegramente el importe recaudado para crear puestos de trabajo? ¿En qué proyectos? ¿Serán estos proyectos suficientemente necesarios, productivos y eficientes? ¿Servirán para crear puestos de trabajo realmente productivos? Por la experiencia teórica y práctica acumulada sabemos que el Estado no es, en general, un buen empresario, excepto en sectores de necesidad social esencial. ¿Porqué detraer el eventual importe que podría recaudarse mediante este impuesto a la iniciativa privada, que lo utilizará sin duda para el gasto, el ahorro y la inversión, de modo mucho más eficiente que el propio Estado, de manera que se produzca el deseado aumento de la demanda agregada, se reactive la economía y se reduzca realmente el paro?


En definitiva, creo que la implantación de un nuevo impuesto no va a favorecer la lucha contra el paro, sino que va a servir para retrasar la recuperación y para agravar lo que se pretende resolver. La tarea que puede y debe hacer el Estado para resolver el paro es crear las condiciones necesarias para la reactivación económica, y hacer que el mercado de trabajo funcione de manera eficiente, de manera que cuando la recuperación se produzca los empresarios tengan los incentivos suficientes para contratar. Es decir, se debe continuar y profundizar la política emprendida desde hace más de un año (reforma laboral, reforma de la negociación colectiva...), de forma que se que eliminen las rigideces e ineficiencias de nuestro mercado de trabajo, que hacen que el paro estructural haya sido tan alto no sólo en los últimos años, sino en las últimas décadas.


Rubalcaba también dijo: “Quitamos el impuesto de patrimonio. Eran situaciones distintas, una economía diferente. Creo que ha llegado el momento de que nos lo replanteemos, de volverlo a poner, pero no de la misma manera. Porque es verdad que era un impuesto que gravaba a las clases medias y eso no lo vamos a volver a hacer. Vamos a reponer un impuesto de patrimonio que realmente grave a los grandes patrimonios que existen y que tienen que colaborar, que tienen que ayudar a aquellos que más han sufrido en la crisis para que todos salgamos juntos de la crisis. Esa es la política redistributiva en la que estoy pensando.” Es decir, Rubalcaba propone volver a establecer el impuesto sobre el patrimonio, que fue suprimido por el propio gobierno socialista hace algunos años.


Como es bien sabido, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que no se devenga sobre los ingresos de cada uno, sino sobre lo que cada uno tiene, es decir, sobre el patrimonio acumulado. Este impuesto estuvo en vigor en España desde la época de la Transición, y tenía su justificación para compensar el déficit tributario que existía entonces por parte de las grandes fortunas, puesto que no había existido un sistema tributario eficiente y democráticamente gestionado. Pero un impuesto de este tipo no existe en casi ningún país de los de nuestro entorno, y en la mayor parte de los países en los que existía ha sido suprimido.


Efectivamente, este tipo de impuesto tiene graves inconvenientes y en ocasiones puede resultar especialmente injusto. En primer lugar, existen muchos activos de difícil valoración, de manera que la base tributaria debe calcularse de manera muy imprecisa. Pero sobre todo, existe una gran cantidad de activos que no producen rendimientos, o incluso que producen pérdidas (costes de mantenimiento, etc.). Incluso una gran industria puede producir pérdidas, sobre todo en sus épocas iniciales o cuando surgen dificultades. A veces existen personas que tienen un gran patrimonio pero que es completamente improductivo o incluso oneroso, y no tienen suficientes ingresos (por ejemplo, jóvenes, ancianos...) como para pagar el impuesto, si no es vendiendo los propios activos, lo cual a veces es sumamente difícil, puesto que algunos son especialmente ilíquidos. Por tanto, un impuesto de este tipo es profundamente desincentivador para la acumulación de medios de capital, necesarios para que aumente la productividad, y con ello, aumenten la demanda de trabajo, los salarios reales y el bienestar general. Muchas veces, en lugar de redistribuir la riqueza lo que hace es empobrecer a la sociedad en general. Por ello ha sido suprimido en la mayor parte de los países.


Yo pienso que es necesario un impuesto ligeramente progresivo sobre la renta, de forma que quienes más ganan paguen más, pero de manera que no se ahogue la capacidad de ahorro y de inversión de las rentas altas, necesario para la acumulación de capital. Por ello, tiene poco sentido un impuesto sobre el patrimonio; el patrimonio debe devengar impuestos cuando realmente produce ingresos a sus poseedores, y para ello ya existe el impuesto sobre la renta.


En definitiva, a pasar de estos aspectos que han sido objeto de mi crítica, valoro muy positivamente la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba para la presidencia del Gobierno, y le manifiesto mi más sincero apoyo y mis deseos de que triunfe. Ciertamente, las críticas que he expresado se refieren a unas pocas propuestas, minoritarias en el conjunto del discurso de Rubalcaba, pero que han sido precisamente destacadas por los medios de comunicación. Valoro asimismo sus esfuerzos y le deseo el mayor éxito en la movilización de las masas de militantes, simpatizantes y votantes que en las pasadas elecciones autonómicas y municipales se quedaron en casa posibilitando el triunfo de la derecha. Sin embargo, creo que las propuestas, sobre todo en el terreno económico, deben ser coherentes con la realidad y con la racionalidad económica. Desde mi posición de no militante, creo firmemente en los valores de la izquierda que Rubalcaba y el PSOE representan, y pienso que estos valores son compatibles con una política económica racional y eficaz que nos saque de la crisis y que haga posible una sociedad más rica, más justa y más libre, para todos.

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