15-M: El consenso necesario para el triunfo

“El 15-M nació para quedarse”, tal como se dice en un artículo aparecido hoy en el diario Público: “...pase lo que pase, el 15-M ha dejado ya una huella que no podrá borrarse como si nada hubiera ocurrido. E impregnará sobre todo al conjunto de las izquierdas, les guste o no a sus dirigentes.”

Este movimiento refleja la actitud de indignación ciudadana que ultrapasa las consecuencias de la crisis económica: no solamente se sienten indignados los millones de parados, los trabajadores con contratos y sueldos precarios, los que han perdido su vivienda o los que hemos visto rebajados nuestros salarios, o los que tenemos un amigo o un familiar en una situación difícil. Aunque todo esto ya es motivo suficiente de indignación, existen otro tipo de motivos más duraderos y persistentes en el tiempo, y anteriores e independientes de la crisis: la existencia de un sistema político que, aunque sea democrático, es profundamente insatisfactorio: una ley electoral injusta que no sólo penaliza a los partidos minoritarios, sino que consagra un sistema bipartidista que impide a los ciudadanos organizarse políticamente en opciones distintas de las ya consagradas; el carácter de los partidos políticos excesivamente cerrados en sí mismos y poco sensibles a las propuestas de la sociedad, en los cuales se privilegia más la fidelidad a los aparatos que las propuestas innovadoras; las limitaciones del propio sistema representativo, que condena a los ciudadanos a la pasividad que se reduce a la emisión de un voto cada cuatro años; la opacidad de los gobernantes, que toman decisiones que, independientemente de que sean correctas o no, no se sienten en la obligación de explicar, etc. Todo esto ha tenido como consecuencia la percepción por parte de la ciudadanía de la clase política como una casta de privilegiados alejada, en la que “todos son lo mismo”, especialmente los partidos mayoritarios.

En un anterior escrito sobre el tema, expresé mi opinión en el sentido de que el Movimiento 15-M ha ejercido un papel catalizador e ilusionante y una influencia agitadora en los partidos, que se han dado cuenta de que no pueden seguir ignorando las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, el mismo carácter plural del movimiento hizo que se multiplicaran y se dispersaran en exceso los análisis y las propuestas. Ante ello, los propios concentrados en la Puerta del Sol han llegado el día 25 a una serie de cuatro puntos o líneas de consenso, que a mi modo de ver sintetizan la esencia de las transformaciones necesarias ante las deficiencias del sistema político actual:

“1/ Reforma electoral encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real y con el objetivo adicional de desarrollar mecanismos efectivos de participación ciudadana.

2/ Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política.

3/ Separación efectiva de los poderes públicos.

4/ Creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política.”

Creo que sería necesario potenciar estos cuatro puntos como auténticas líneas programáticas del movimiento. Son cuatro puntos suficientemente claros y coherentes para que puedan ser asumidos por ciudadanos de cualquier ideología pacífica y democrática, comprometidos con la profundización de la democracia, sean militantes de partidos o no. Sería necesaria una concreción técnica de estos puntos, para lo cual debería concurrir la labor de expertos en cada uno de los temas.

Ciertamente, estos cuatro puntos no satisfarán a todos los participantes en el movimiento: yo, por ejemplo, añadiría el cuestionamiento de la monarquía como máxima expresión antidemocrática del sistema actual, residuo de las estructuras estamentarias medievales. También añadiría el impulso a la enseñanza de calidad, sobre todo en lo que respecta a una visión científica y racional de la realidad. Y puestos a pedir, consideraría un factor democratizador de la sociedad la supresión de subvenciones a la Iglesia, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a los partidos políticos y a otras organizaciones marcadas ideológicamente, que deberían autofinanciarse por medio de sus seguidores. Otras personas no estarán de acuerdo con alguna o algunas de estas propuestas, o añadirían otras con las cuales yo no estaría de acuerdo, como un aumento de los impuestos, la existencia de una banca pública o incluso un cuestionamiento general del sistema económico. Pero debemos ser conscientes de que, aunque todo pueda ser objeto de debate, por cada punto que añadamos restaremos como potenciales seguidores a aquellos que no estén de acuerdo con dicho punto.

Por ello, creo que, si se pretende que el Movimiento 15-M refleje un auténtico grito de la ciudadanía, los cuatro puntos indicados representan un adecuado consenso de mínimos que permitiría una movilización masiva. Los partidarios de cada propuesta que exceda dichos puntos tienen suficientes cauces –incluyendo numerosos partidos políticos a su elección– para reivindicarlas y luchar por ellas. Pero si consiguiéramos una auténtica unidad respecto a dichos puntos, el movimiento atraería la atención y la participación de una ciudadanía cada vez más amplia –incluso de los que al principio manteníamos una actitud escéptica y reticente, a causa de la dispersión de análisis y propuestas iniciales y de los ataques disgregadores contra la fuerza mayoritaria en la izquierda–. No olvidemos que para triunfar, las propuestas del movimiento deberían ser aceptadas por la mayoría de la sociedad; pero estos cuatro puntos, como programa mínimo, podrían ser asumidos hasta incluso por muchos de los militantes de partidos mayoritarios, y a los aparatos les sería extremadamente difícil ignorarlos o oponerse a ellos. El movimiento tendría amplias posibilidades de extenderse e impregnar a la mayoría de la sociedad; ¡la revolución podría triunfar!

El Movimiento 15-M y el tsunami electoral

En estos días hemos asistido a dos acontecimientos aparentemente contrapuestos: por un lado, el Movimiento 15-M, y por otro, la rotunda victoria del PP en las elecciones locales y autonómicas en casi toda España.

Durante la semana anterior a las elecciones, varios miles de ciudadanos participamos –en mi caso, he de reconocer que de manera marginal y con una inmensa dosis de escepticismo– en un movimiento que llenó las plazas más importantes de nuestro país con aires de renovación y transformación. Este movimiento vehiculizaba el justificado descontento e indignación de numerosas personas ante la crisis económica y ante la ineficacia de la clase política para afrontarla, e incluso para asumir un liderazgo ante la sociedad.

Los motivos de esta indignación están claros para todos y no hace falta insistir en ellos: un porcentaje de paro abrumador, sobre todo entre la juventud, y una falta total de perspectivas de futuro. Ante esta situación, los políticos han aparecido, en bloque, como una clase de privilegiados que se perpetúan en sus puestos de poder, amparados por una ley electoral completamente injusta y discriminatoria para con las minorías. Los partidos son vistos como maquinarias impersonales de poder, donde los aparatos dominan sobre las ideas y sobre las personas, imponiendo mediante listas cerradas a unos candidatos fieles a la línea del partido y de la dirección, candidatos que, una vez elegidos, se alejan de los electores, respecto a los cuales no tienen ninguna responsabilidad. Los programas electorales sólo sirven para ser incumplidos, y en las listas aparecen frecuentemente candidatos implicados en procesos de corrupción sin que nadie se inmute.

El Movimiento 15-M apareció como un factor regeneracionista contra este estado de cosas, como un despertar de la conciencia ciudadana aparentemente dormida. En este sentido, ha ejercido un papel catalizador e ilusionante, sobre todo para numerosos jóvenes muchos de los cuales era la primera vez que participaban en una movilización de estas características. Ha tenido también una influencia agitadora en los partidos, que se han dado cuenta de que no podían seguir ignorando las demandas de la ciudadanía.

Sin embargo, en el mismo carácter espontáneo y acéfalo del movimiento han residido sus debilidades. La misma diversidad y pluralidad de los participantes ha hecho que entre las justas aspiraciones a una mayor participación en las decisiones políticas y a una exigencia de responsabilidades de la clase política ante los ciudadanos, se hayan mezclado análisis y propuestas difícilmente justificables. Se equivocaba si alguien pensaba en serio que unas asambleas espontáneas y unas votaciones entre unas pocas personas podían sustituir la soberanía popular expresada en unas elecciones democráticas con voto universal y secreto, que reside en unas instituciones reguladas. Y aunque la clase política comparte en conjunto una gran parte de la responsabilidad, pretender que es lo mismo PP que PSOE o otras fuerzas de izquierda es incurrir en una grosera simplificación. Por otra parte, es normal que en un movimiento que pretende ser una “revolución” se arremeta contra todos los poderes existentes; pero pretender culpar de la crisis, en conjunto, “al sistema”, “a los bancos”, “a los mercados”, “a los políticos”, “a los empresarios”, etc., puede calificarse, como mínimo, de poco riguroso si no se realiza un análisis más profundo. Igualmente, tal como he expuesto y expondré en otras entradas de este blog, dudo mucho que pueda resolverse la crisis con medidas como un mayor aumento de los impuestos, la nacionalización de la banca, etc., que producirían unos efectos negativos mucho peores que profundizarían y agudizarían los problemas que se pretendían resolver, o con propuestas confusas como la del “reparto del trabajo con reducción de jornada” (deberían aclarar si esto lleva implícito el “reparto y reducción del sueldo”).

Y en este punto, cuando el Movimiento 15-M ya ofrecía muchas dudas en cuanto a su efectividad y continuidad, llegó el tsumani, en forma de triunfo arrollador del PP y de fracaso del PSOE en casi toda España, no suficientemente compensado por el ligero avance de EU. Muchos votantes de izquierda, participantes o no en las movilizaciones, pueden haberse visto desilusionados; a ellos les aconsejo que vean los acontecimientos con perspectiva histórica: el PP no va a ganar siempre en Valencia, ni en ninguna parte.

El resultado electoral, por más que esperado, no puede dejar de impresionarnos y hacernos reflexionar. ¿En qué medida ambos acontecimientos están relacionados? En primer lugar, hay que señalar que, más que avance del PP, lo que se ha producido es un hundimiento del PSOE. El electorado, más allá del alcance local de las elecciones, ha querido castigar al gobierno del PSOE. ¿Hasta qué punto estaba justificado este castigo? ¿No han servido de nada las políticas de impulsión de las libertades sociales (leyes de igualdad, de matrimonio de homosexuales, de ayuda a la dependencia, ampliación de la ley del aborto, proyecto de ley sobre una muerte digna...), las leyes y actuaciones que han mejorado la convivencia ciudadana (leyes sobre tráfico, con la consiguiente disminución de accidentes; leyes antitabaco –que, por cierto, en algunas de las conclusiones de las concentrados se pretenden abolir–...) y las medidas de protección social a los desempleados, etc.? Parece que apenas han servido para frenar la caída. Sin embargo, he de resaltar que me parece totalmente injusta la equiparación que entre muchos de los participantes y organizadores del Movimiento 15-M se hace entre el PP y el PSOE; los que padecemos el gobierno del PP en muchas comunidades y ayuntamientos, con el consiguiente deterioro progresivo en los servicios sociales básicos y el despilfarro a través de proyectos megalómanos, a parte de ciertas limitaciones de las libertades básicas (manipulación de los medios de comunicación y cierre de los que son poco afectos, como TV3 en el País Valenciano; inflación de candidatos imputados por corrupción...), sabemos de lo que hablamos, y los que ahora cambien hacia un gobierno local o autonómico del PP tendrán sobrada ocasión de comprobarlo.

De lo que sí que puede culparse al gobierno del PSOE es de sus vacilaciones y cambios de rumbo en cuestiones económicas, que han desorientado profundamente a sus electores. Una parte de las causas de estas oscilaciones se encuentra en la profunda quiebra del mismo proyecto socialdemócrata, que no ha sabido dar una respuesta coherente ante la crisis; hay muchos militantes y votantes del PSOE que aún creen de manera honesta en el mito de la dictadura de los mercados y de los especuladores, que todavía confían en que se pueden subir los impuestos de manera indefinida, que aún consideran explotadores a los empresarios de cualquier tipo, que todavía creen que se debe confiar en la banca pública o que piensan que el capitalismo y el mercado son males menores (para estos temas, véase mi serie de entradas sobre “Comentario crítico a Sartorius”, entre otras del blog, muchas de las cuales aún tengo en proceso de elaboración). En su primera etapa, al comienzo de la crisis, el presidente Zapatero creyó que se podía hacer política al margen de la economía, e impulsó –desoyendo o ignorando en ocasiones al propio ministro Solbes– unas medidas de gasto injustificadas y contraproducentes. Cuando se vio obligado a reconocer la crisis, perdió lamentablemente más de un año antes de emprender las medidas necesarias (retraso e insuficiencia en la reforma laboral, confiando en un consenso imposible entre empresarios y sindicatos; reforma financiera retardada por las injustificadas críticas a la privatización de las cajas; control del déficit, aprobando unos presupuestos irreales...). Y cuando se vio obligado a emprender medidas, estas fueron tardías, insuficientes y en algunos casos mucho más dolorosas de lo que hubieran sido un año antes. Además, los dirigentes socialistas no supieron explicar la necesidad de las medidas, quizás porque no creían en ellas, o, peor aún, quizá instalados en su torre de marfil, alejados de la ciudadanía, porque creyeron que no tenían la necesidad de hacerlo. Y aquí es donde ha surgido, o se ha acentuado, el alejamiento de los ciudadanos, que tenían derecho a una explicación convincente; es por ello que muchos votantes o potenciales votantes consideran al PSOE –injustamente en mi opinión, pero el efecto es el mismo– como aliados de “los mercados”, del “capital”, etc., equiparable a la derecha “neoliberal”. Los dirigentes socialistas no han sabido explicar que estas medidas, si eran las únicas que podían adoptarse desde el punto de vista racional en beneficio de la sociedad para evitar males mayores, no podían calificarse de “neoliberales” –calificativo despectivo que ha calado entre sus propios seguidores–; muchos votantes han castigado al PSOE por las medidas adoptadas, no porque fuesen inadecuadas, que en mi opinión no lo son, sino por incomprendidas.

En el ámbito del País Valenciano, a todo esto se ha unido la endeblez de la dirección y de los candidatos, y sobre todo, un desinterés patente por la lengua y la cultura propias, simbolizada en la práctica desaparición de las referencias al Partit Socialista del País Valencià, subsumido en una entelequia bajo el nombre de “Socialistes Valencians”. Todo esto ha hecho que incluso mucho de los que optamos por votarlo lo hicimos prácticamente por eliminación (v. mi entrada “A qui votaré en les pròximes eleccions?”) y con profundo malestar y desgana.

Respecto a otras fuerzas de izquierda, parecería que muchas reivindicaciones del 15-M se acercaban a las propuestas políticas de Izquierda Unida, y quizá las movilizaciones contribuyeron al aumento de votos de esta formación. Sin embargo, gran parte de este aumento, recurrente siempre que el PSOE baja, estaba ya decidido de antemano, y muchos manifestantes vieron con cierta suspicacia el intento –lógico, por otra parte– de aproximación o de capitalización por parte de IU, formación a la cual veían como un partido tradicional más. Creo que las movilizaciones beneficiaron, más bien, a otras fuerzas minoritarias, como –en el País Valenciano– Compromís, formación a la cual las encuestas previas no daban opciones y muchos de cuyos candidatos más relevantes habían tenido –siempre desde mi punto de vista– una actuación inaceptable desde el punto de vista ético (actuación que muchos votantes, sobre todo los más jóvenes, probablemente no conocían o no recordaban).

Teniendo en cuenta que entre los “indignados” debía haber muy pocos votantes del PP, parece que, al menos a corto plazo, la movilización ha perjudicado profundamente al PSOE, perjuicio no compensado suficientemente por el aumento de otras fuerzas de izquierda. ¿Quiere ello decir que el 15-M ha sido perjudicial para la izquierda en su conjunto? No creo que deba sacarse tampoco esta conclusión; creo, más bien, que deben extraerse conclusiones positivas, sobre todo a medio y a largo plazo. El 15-M puede ser tremendamente positivo, si se toma en sus justos términos: si alguien piensa que se puede hacer “la revolución” acampando en una plaza pública, se equivoca profundamente. Sin embargo, el movimiento ha servido para despertar las conciencias en torno a una serie de aspiraciones esenciales para la izquierda (la exigencia de una profundización de la democracia, la voluntad de participación política, la necesidad de justicia y de libertad, el deseo de un mundo mejor, la lucha contra la corrupción, la búsqueda de soluciones para los problemas sociales...). Más allá de sus posibilidades de continuidad en el futuro, el impulso de cambio y la ilusión que ha generado no deben perderse; las reivindicaciones más válidas y más compartidas (como la modificación de la ley electoral o la exigencia de que los políticos den cuentas de su gestión) deben continuar, por muy complicada que parezca su consecución. También deben servir como una advertencia a los partidos políticos, sobre todo a los de izquierda, que no pueden ignorar lo sucedido. Los partidos deben entender que no pueden seguir actuando al margen de los ciudadanos, alejados de los electores y sin dar explicaciones de sus decisiones.

Pero, igualmente, los organizadores y los participantes en las movilizaciones deben comprender que la consecución de sus objetivos será prácticamente imposible si pretenden permanecer alejados de la política real, situándose por encima de la sociedad y de las instituciones y más allá del bien y del mal. Deberán organizarse en estructuras con forma representativa, pues el puro asamblearismo se agota en sí mismo rápidamente. Asimismo, deberían medir la validez de sus conclusiones y propuestas sometiéndolas al juicio y, en su caso, al voto del conjunto de la sociedad: en democracia, no hay otra vía posible. Es decir, deberían constituirse en un movimiento sociopolítico organizado, concretar sus reivindicaciones y contrastarlas y negociarlas con los partidos políticos constituidos o con las instituciones representativas. Otra vía posible es la de constituirse en un nuevo partido político –cosa que en mi opinión sería lamentable, pues ahondaría aún más la división de la izquierda–, o bien integrarse en alguno o algunos de los partidos existentes para impregnarlos de sus ideas. En este sentido, recordemos que Stéphane Hessel, autor del libro ¡Indignaos! y uno de los inspiradores de la protesta, recomendaba a los jóvenes en una entrevista publicada en el diario Público que se integrasen masivamente en el Partido Socialista (en su caso, francés) para enriquecerlo con nueva sabia. Quizá sería bueno que todos le hiciésemos caso.

“La democracia soñada”

“La democracia soñada”, Lluís Bassets (Blogs El País, 21-5-2011)

Artículo interesante sobre las movilizaciones de estos días.

Pienso que la democracia real debe ser representativa, lo cual es compatible con una mayor participación ciudadana y con una mayor exigencia a los políticos que se supone que nos representan. Al menos una de las reivindicaciones del movimiento 15-M me parece completamente correcta: la reforma de una ley electoral profundamente injusta, que penaliza a las minorías y que aleja a los políticos de los electores. Si se consiguiese al menos este objetivo, todo el movimiento habría valido la pena.

Comentario crítico a Sartorius (II): ¿Es de izquierdas subir (o bajar) los impuestos, especialmente las rentas de capital?

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero proclamó al inicio de su mandato que “bajar los impuestos era de izquierdas”. Sin embargo, muchas personas de izquierda consideran que los impuestos deben aumentarse, sobre todo los que afectan a los más ricos. ¿Quién tiene razón?

Para responder a esta pregunta, continuamos con el comentario crítico a la entrevista a Nicolás Sartorius publicada en el diario Público el día 19 de diciembre de 2010. Como en la primera parte del comentario, reproduzco en cursiva el texto original de la entrevista. Pido disculpas por la excesiva longitud de esta entrada, pero me he esforzado por desarrollar un ejemplo numérico detallado para que puedan comprenderse mejor los efectos económicos de los impuestos.

Sin impuestos globales no habrá solución a las necesidades de educación o sanidad.

El rescate de Irlanda ha demostrado la fragilidad de una desregulación que basa su atractivo en las rebajas fiscales. Frente a ello, Sartorius defiende que "si no hay impuestos globales no habrá solución a las necesidades globales de educación, sanidad, medio ambiente o lucha contra la pobreza". Toda la construcción del Estado del bienestar se ha basado en un sistema fiscal sólido. A partir de un determinado momento se empezó con rebajas de impuestos, sobre todo al capital. Los Estados han perdido capacidad fiscal por esta política ultraliberal y se han tenido que endeudar. De forma irónica, Sartorius explica que el Estado puede obtener dinero de forma coactiva, a través de los impuestos, o "educadamente, pidiendo prestado".

En cualquier manual de economía se indica que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda cumplir sus funciones, pero asimismo se explican los efectos negativos de los impuestos sobre la económica de un país, sobre todo cuando éstos son excesivos. Los impuestos “imponen” unas determinadas cargas que ocasionan que muchos intercambios de productos o servicios no se realicen, de manera que perjudican tanto a los productores como a los consumidores, y hacen que la actividad económica se reduzca. Y cualquier manual explica también que el beneficio que obtiene el Estado de los impuestos es inferior al perjuicio ocasionado a los productores y consumidores, y que en determinados casos, si se aumentan los impuestos de manera excesiva, la recaudación puede incluso disminuir a causa de la reducción de la actividad, y al revés: una bajada de impuestos puede provocar una reactivación económica que incluso aumente la recaudación total.

Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo un presupuesto mensual para libros de unos 60 euros, pero no estoy dispuesto a comprar ninguno si su precio es mayor que 40 euros. De esta manera, si el precio de cada libro de los que me interesan está entre 31 y 40 euros, compraré un solo libro al mes; si el precio está entre 21 y 30 euros, podré comprar dos libros al mes; si el precio está entre 11 y 20 euros, compraré tres libros; pero si el precio es de 10 euros o menor, como quizá sólo podré leer un libro como máximo por semana, compraré cuatro libros. Esta curva de la demanda, decreciente en función del precio, refleja la ley de la utilidad marginal decreciente: el primer libro que compre tendrá para mi un gran valor, puesto que satisfará mi necesidad imperiosa de lectura o estudio; pero el segundo y sucesivos libros tendrán cada vez menos valor, puesto que el tiempo que puedo dedicar a la lectura es limitado. Supongamos ahora que el precio real de mercado es (en media, en el tipo de libros considerado) de 18 euros; entonces compraré tres libros, y habré gastado en total 54 euros. Pero observemos que por el primero de los libros yo estaba dispuesto a pagar hasta 40 euros, y sólo he pagado 18; luego me he beneficiado en 22 euros. Por el segundo, yo hubiese pagado hasta 30, pero como sólo he pagado 18, mi beneficio ha sido de 12 euros. Por el tercero hubiese pagado 20 euros, luego al pagar 18 me he beneficiado en 2 euros. El beneficio total en mi compra, llamado excedente del consumidor, ha sido de 36 euros (22 + 12 + 2). El mismo resultado obtenemos, evidentemente, si sumamos los precios máximos de compra planeados de cada uno de los tres libros y a esta cantidad le restamos la realmente pagada: 40 + 30 + 20 - 54 = 36.

Veamos ahora cuál ha sido el beneficio para el productor. Supongamos que a un precio inferior a 4 euros, la editorial no producirá ningún libro, ya que a ese precio, una vez pagados todos los gastos de amortización de las instalaciones, de impresión, de derechos de autor, etc., no tiene compensación suficiente para producirlos. A un precio entre 5 y 9 euros, la editorial producirá un libro al mes. A un precio entre 10 y 15 euros, estará dispuesta a dedicar más recursos y editará dos libros al mes (o habrá dos editoriales que podrán producir un libro cada una, lo cual para los efectos que consideramos es lo mismo). A un precio entre 16 y 21 euros, los editores producirán tres libros al mes. A partir de 22 euros, producirán cuatro libros al mes, y así sucesivamente. Esta curva de la oferta, creciente en función del precio, refleja los costes marginales crecientes, que es la otra cara de la moneda de los rendimientos marginales decrecientes de los factores productivos. Como yo estaba dispuesto a comprar tres libros a un precio máximo de 20 euros cada uno, y los editores pueden producir esos tres libros a un precio mínimo de 16 euros cada uno, nos ponemos de acuerdo en el precio indicado de 18 euros y intercambiamos tres libros al mes. Pero los editores estaban dispuestos a venderme el primer libro por sólo 5 euros, luego en este primer libro han ganado 13 euros. El segundo libro me lo hubiesen podido vender por 10 euros, luego en este segundo libro han obtenido un beneficio de 8 euros. El tercer libro lo hubiesen podido vender por 16 euros, luego al venderlo a 18 han ganado en él 2 euros. El beneficio total de los editores, llamado excedente del productor, ha sido de 23 euros (13 + 8 + 2, o, lo que es lo mismo, 54 - 5 - 10 -16).

A este precio de 18 euros, intercambiando la cantidad indicada de tres libros, ambas partes (comprador y vendedor) obtienen un beneficio; por tanto, el comercio o intercambio derivado de la división del trabajo es mutuamente beneficioso: las dos partes salen ganando (si no, no habría intercambios). La suma del excedente del consumidor y del excedente del productor hace un total de 59 euros (36 + 23). Obsérvese que yo ya no puedo comprar más libros, puesto que el cuarto libro les cuesta a los editores 22 euros, mientras que yo hubiese comprado un cuarto libro sólo si el precio sólo fuese igual o menor que 10 euros.

Supongamos ahora que aparece el Estado como recaudador, e impone un impuesto de 11 euros que debe liquidar el vendedor por cada libro que imprima (a los efectos que consideramos, da igual quien cobre y liquide el impuesto, ya que el mecanismo de fijación de precios por el mercado hace que el impuesto quede repartido entre el comprador y el vendedor). Ahora los editores deberán añadir 11 euros a los costes de producción, luego los precios mínimos de la oferta serán: a 16 euros sólo se producirá un libro; a 21 euros, se producirán dos libros; a 27 euros, se producirán tres libros; a 33 euros, cuatro libros, etc. Con estos nuevos precios de oferta, yo sólo podré comprar dos libros, a un precio que se encuentre entre 21 y 30 euros; por ejemplo, a 25 euros. El tercer libro ya no lo podré comprar, puesto que sólo compraría tres libros si su precio fuese como máximo de 20 euros, y sin embargo los editores sólo publicarán tres libros si los pudiesen vender a un mínimo de 27 euros cada uno.

Por tanto, en presencia de impuestos sólo se intercambian dos libros, en lugar de los tres que se intercambiarían sin impuestos; es decir, los impuestos han reducido el número de intercambios mutuamente beneficiosos que se hubieran efectuado en un mercado totalmente libre, por lo que se ha reducido el bienestar de los productores y de los consumidores. En este caso, yo me veré privado de la lectura de un libro que gustosamente habría leído, y el editor no podrá vendérmelo; si mi demanda refleja el comportamiento medio, el libro quizá no llegue a publicarse, ni a escribirse o traducirse, con los consiguientes perjuicios de escritores, traductores, impresores, etc. Y estos efectos se reproducen en todo tipo de mercados, tanto de bienes como de factores: por ejemplo, una elevación de las cotas de la seguridad social tendrá como efecto que muchos trabajadores no podrán ser contratados a un determinado salario, etc.

Si, pero el Estado necesita dinero para construir carreteras, escuelas y hospitales, para pagar a médicos y maestros y para satisfacer las prestaciones de desempleo y la cobertura de la dependencia. De acuerdo, pero no podemos olvidar las consecuencias negativas de los impuestos, a fin de hacer de ellos una herramienta socialmente eficiente. Si continuamos con nuestro cálculo, veremos que teniendo en cuenta los impuestos, el excedente del consumidor para los dos libros intercambiados es de 20 euros (40 - 25 + 30 - 25, o bien 40 + 30 - 2·25), mientras que sin impuestos este excedente era de 36 euros. El excedente del productor es ahora de 13 euros (25 - 16 + 25 - 21, o bien 2·25 - 16 - 21), mientras que sin impuestos era de 23 euros. Con impuestos, el excedente total (suma del excedente del consumidor y del excedente del productor) es, pues, de 33 euros (13 + 23), mientras que sin impuestos era de 59 euros; es decir, ha habido una reducción de 26 euros en el excedente total. El importe recaudado por el Estado (y se supone que eficientemente gastado en servicios sociales) es el producto de dos libros vendidos por 11 euros recaudados por cada libro, es decir, 2·11 = 22 euros. Por tanto, comprobamos que los beneficios sociales de los impuestos (en el caso de que el Estado los gaste de manera completamente eficiente, caso que no es real, como veremos) son inferiores a la pérdida de bienestar para los productores y los consumidores. Es decir, a causa de los impuestos se produce una pérdida neta para el conjunto de la sociedad de 4 euros (reducción en los excedentes menos total recaudado: 26 - 22): la reducción en los excedentes del productor y del consumidor no queda compensada por la recaudación, y por lo tanto una parte de los beneficios de la división del trabajo y del comercio se esfuma a través de los impuestos. Además, esta pérdida neta es creciente a medida que los impuestos aumentan: si los impuestos fueran del 100% no habría ningún intercambio, y los beneficios del comercio serían cero, pues no habrá ningún excedente; claro, entonces el Estado tampoco recaudaría nada.

Y es que existe, además, otro efecto que debe ser tenido en cuenta. Muchas personas con escasa formación en economía piensan erróneamente que cuanto mayor sea la tasa impositiva mayor será la recaudación, y el Estado podrá dedicar más recursos a servicios sociales. Esto no siempre es cierto, como veremos seguidamente. Ciertamente, si partimos de unos impuestos muy bajos, éstos podrán ser aumentados para aumentar la recaudación total. En el ejemplo que considerábamos, tanto si el impuesto es de 1 euro por libro como si es de 2 euros, la cantidad intercambiada no varía y es la misma que si no hubiese impuesto: tres libros al mes. Supongamos que partimos de un impuesto de 1 euro por cada libro; en este caso, el Estado recaudará 3 euros. Si sube la tasa de 1 a 2 euros, como la cantidad de intercambios no ha variado (en un ejemplo más realista con numerosos compradores y vendedores y con curvas de oferta y demanda continuas en lugar de “a saltos”, la cantidad disminuiría ligeramente), la cantidad recaudada será de 6 euros; al aumentar la tasa, ha aumentado la cantidad recaudada. Pero si partimos de un impuesto alto, y pretendemos aumentarlo aún más, podemos encontrarnos con sorpresas. Por ejemplo, con un impuesto de 11 euros por libro se intercambiaban dos libros, y el Estado recaudaba 22 euros. Si se eleva la tasa del impuesto a 18 euros por libro, los editores podrán ofertar su segundo libro sólo a partir de 28 euros (10 de costes + 18 de tasa), precio al cual yo aún podré comprarlo (yo compro dos libros si su precio está entre 21 y 30 euros); en este caso el Estado recaudará 36 euros (18·2). Pero si ahora el Estado pretende elevar aún más la tasa, por ejemplo, a 23 euros por libro, los editores deberán añadir estos 23 euros a sus costes, de manera que podrán editar dos libros sólo a un precio de venta mínimo de 33 euros cada uno (10 de costes + 23 de tasa); pero a ese precio yo sólo estoy dispuesto a comprar un libro, de manera que el Estado sólo recaudará lo correspondiente a la compraventa de un sólo libro, es decir, 23 euros. Por tanto, a una tasa de 18 euros por libro, la recaudación total es de 36 euros, mientras que a la tasa superior de 23 euros, la recaudación total es inferior: 23 euros. Al aumentar la tasa, la recaudación ha disminuido, en lugar de aumentar.

Además, supongamos que para la compraventa de este único libro se fija un precio de 31 euros, precio al cual coincide la cantidad demandada (un libro, que se demanda a un máximo de 40 euros) con la ofrecida (un libro, que se ofrece a un mínimo de 28 euros: 5 de costes más 23 de impuestos). En este caso, el excedente del consumidor será de 9 euros (40 - 31), mientras que el excedente del productor será de 3 euros (31 - 28); el excedente total será de 12 euros (9 + 3). Respecto al excedente que se producía sin impuestos (59 euros), observamos una reducción de 47 euros (59-12). Si ahora tenemos en cuenta que la recaudación total es de 23 euros, la pérdida neta para la sociedad como consecuencia de los impuestos (reducción en los excedentes menos impuestos totales recaudados) será de 24 euros (47 - 23), mucho más elevada que los 4 euros que habíamos calculado como pérdida social neta con una tasa de 11 euros por libro.

En resumen: si pretendemos elevar demasiado los impuestos, no sólo se producirá una pérdida neta para la sociedad a causa de la disminución del número de intercambios, pérdida no compensada por el total recaudado, sino que la pérdida neta aumentará a medida que aumentamos la tasa impositiva; por otra parte, llegará un momento en que la reducción de la actividad económica será tan grande que la recaudación disminuirá, en lugar de aumentar. Si representamos en una gráfica la recaudación total en función de la tasa impositiva (curva de Laffer), observaremos que, al ir aumentando progresivamente la tasa, la recaudación crece al principio hasta alcanzar un máximo y luego desciende. En nuestro ejemplo, la tasa que permite la máxima recaudación es de 20 euros por libro, tasa que permite vender dos libros a un precio de 30 euros y obtener 40 euros de recaudación; no obstante, con esta tasa el recorte en los excedentes del productor y del consumidor sería enorme, y si hubiésemos trazado unas curvas de oferta y demanda continuas, observaríamos que el descenso progresivo en el número de transacciones produciría en efecto una pérdida neta para el conjunto de la sociedad que crecería de manera continua a medida que aumenta la tasa.

Estos efectos negativos de los impuestos, y en particular, de unos impuestos demasiado elevados, son objetivos y reales; no dependen de la ideología, y no pueden ser ignorados. Por ello, desde la perspectiva social liberal, que tiene en cuenta los valores de la izquierda pero que no puede ignorar las lecciones básicas de la economía, los impuestos no pueden ser tan altos como para que se resienta en demasía la actividad económica productora de riqueza; en particular, no pueden ser tan altos como para que la caída en la actividad económica sea tan acusada que se supere el máximo de recaudación implícito de la curva de Laffer. Por ello, una vez fijadas las funciones del Estado, subir o bajar los impuestos no es de derechas ni de izquierdas, sino que es una cuestión de pura eficiencia económica. Lo que sí que puede ser una decisión ideológica es la de fijar cuáles son las tareas esenciales y la dimensión del Estado, y sobre todo, la manera cómo se distribuyen los fondos del Estado. Desde luego, no es lo mismo dedicar fondos estatales a la sanidad y a la educación o a la protección de los desfavorecidos que dedicarlos a financiar a la Iglesia, a la monarquía o al ejército. No obstante, y teniendo en cuenta lo expuesto (pérdida neta creciente para el conjunto de la sociedad a medida que aumenta la tasa impositiva), los impuestos han de ser tan bajos como sea posible, y el Estado, para que sea eficiente y pueda cumplir su papel, debe ser lo más reducido posible siempre que se garanticen las sus funciones esenciales: proteger la vida, la integridad y los derechos de los ciudadanos; impartir justicia y hacer cumplir las leyes; asegurar la libre competencia; suministrar los bienes públicos que el mercado no ofrece en cantidad suficiente (ciertos servicios esenciales, ciencia básica, promoción de la cultura...); asegurar unos mínimos estándares de calidad para todos en servicios indispensables (sanidad, enseñanza); limitar las externalidades negativas (contaminación, etc.), y realizar una tarea redistributiva para asegurar un bienestar mínimo para los menos favorecidos y una igualdad de oportunidades para todos.

Pero, fuera de estas tareas esenciales, en que todos estamos de acuerdo, el Estado debe limitar su actuación a los asuntos imprescindibles. Desde luego, ciertos países ricos pueden permitirse un Estado más amplio y un nivel impositivo quizá más alto que el nuestro, puesto que su nivel de desarrollo y su renta es superior a la nuestra; pero incluso en muchos de estos países se ha optado por una vía de reducción de unos impuestos que, por excesivos, obstaculizaban su propio desarrollo. En nuestro caso, tenemos un Estado sobredimensionado, con estructuras que frecuentemente se superponen (administración central, autonómica, diputaciones provinciales, entidades comarcales, administración local, etc.), competencias duplicadas o triplicadas, etc. Por ello, antes de lastrar el desarrollo económico con más impuestos, aún existe mucho margen para disminuir el gasto innecesario reduciendo la burocracia, suprimiendo o reformando las estructuras ineficientes o duplicadas, abandonando el intervencionismo injustificado en numerosas áreas, etc.; y todo ello con el debido respeto a la Constitución y a los derechos consensuados por todos.

A los efectos microeconómicos de los impuestos deben agregarse los efectos macroeconómicos. Es bien sabido, y es fácil de comprender, que un aumento de impuestos reduce la cantidad de dinero disponible en las familias para el consumo y para el ahorro, de manera que desplaza la curva de la demanda agregada de la economía hacia la izquierda, lo cual reduce a su vez la renta global o producto interior bruto; y al contrario, una disminución de impuestos aumenta la renta global. Este efecto negativo de los impuestos sobre la renta global o producto interior bruto es muy importante en época de crisis. Por ello, los que proponen resolver el problema del déficit y la deuda españolas por la vía de aumentar los impuestos deberían tener en cuenta los efectos negativos que este aumento produciría sobre el crecimiento. Hasta incluso los economistas de las escuelas macroeconómicas más próximas a la socialdemocracia, como los keynesianos y neokeynesianos, coinciden en que una reducción de impuestos en época de crisis puede reactivar la economía favoreciendo el consumo y la inversión, y que un aumento de impuestos sería como administrar cianuro al enfermo.

En todo lo que hemos dicho, hemos supuesto que el Estado es plenamente eficiente a la hora de gastar nuestro dinero; es decir, no hemos tenido en cuenta la pérdida de eficiencia que provoca el traspaso de fondos del sector privado al sector público. Como explicaremos más detalladamente cuando hablemos de la banca pública, no podemos ignorar que la gestión pública, al no contar con los incentivos necesarios, es en muchos casos mucho más ineficiente que la gestión privada. Por ejemplo, y volviendo a la propuesta de Sartorius, ¿quién recaudaría los “impuestos globales” que reclama para la educación o la sanidad de los países pobres? ¿Y quién gestionaría estos servicios? ¿Los gobiernos tiránicos y corruptos que abundan en el Tercer Mundo, que son incapaces de distribuir ni tan siquiera la ayuda humanitaria? Lo más probable es que la mayor parte de lo que se recaudase iría a parar a los bolsillos de las élites corruptas de estos países o a financiar las guerras entre las castas y los clanes. Hay que ser más realista, y aceptar que el Tercer Mundo no saldrá de la pobreza mientras no se extienda la cultura y la democracia occidental, que ponga fin a los abusos de estos regímenes.

Con respecto a los impuestos sobre el capital, es muy fácil caer en una postura populista reclamando su aumento y quejándose del bajo nivel de éstos con respecto a los impuestos del trabajo. Para valorar la justeza o no de estas reclamaciones, en primer lugar es necesario recordar que lo que se llaman “impuestos sobre el capital” son en realidad impuestos sobre el ahorro, ya que en economía el capital está constituido por las fábricas, la maquinaria, las materias primas, etc., es decir, por los medios materiales que posibilitan la producción; para que este capital se encuentre disponible, es necesario que antes alguien haya ahorrado parte de sus ingresos, que ya habían tributado como tales ingresos, a fin de acumular los fondos disponibles para poder realizar la inversión en dicho capital; por tanto, si no tenemos en cuenta los intercambios con el exterior, la “inversión” es igual al “ahorro” de un país. Es decir, unos determinados ingresos, que ya han tributado al tipo correspondiente cuando han sido generados como renta del trabajo o de otras actividades económicas, en lugar de ser gastados son ahorrados; naturalmente, si no es que se guardan en un calcetín o se dejan pudrir en una cuenta corriente a interés cero, estos ahorros se convierten en inversión (directamente como propiedad de bienes de capital o como préstamos que posibilitan a otros adquirir el capital) y producen unos rendimientos (las rentas de capital, bien sean en forma de plusvalías, de dividendos o de intereses).

Pues bien, pretender que estos rendimientos vuelvan a tributar a unos tipos aún más altos implicaría situaciones verdaderamente paradójicas e injustas. Imaginémonos cualquier trabajador que un año tiene como excedente una determinada cantidad y puede elegir entre gastar todo lo que le ha sobrado haciendo un viaje de un mes al Caribe, o bien ahorrar una parte de sus ingresos, conformarse con una semana en un cámping en los Pirineos y comprar acciones en la bolsa; estas acciones sirven como fondos de capital necesarios para el funcionamiento de las empresas. Si tiene un buen año en la bolsa, probablemente recaudará unos buenos dividendos o podrá vender las acciones a un precio más alto, beneficiándose de las plusvalías. Los ahorros que ha invertido en acciones, igual que el conjunto de su salario o sus honorarios, ya habían tributado como rentas del trabajo, pero ahora se pretende que el Estado le reclame, “de forma coactiva” en palabras de Sartorius, una buena parte del fruto de estos ahorros, que son fruto de su trabajo. Sin embargo, si tiene un mal año o ha elegido mal sus acciones, no cobrará dividendos y sufrirá unas minusvalías que sólo podrá compensar con plusvalías realizadas en un número limitado de años. Evidentemente, al siguiente año nuestro esforzado trabajador preferirá irse de viaje al Caribe en lugar de ahorrar y comprar acciones.

Lo mismo puede decirse de cualquier propietario de bienes de capital, incluso aunque sean heredados: ya sus antepasados habían pagado impuestos sobre el trabajo o sobre su actividad económica, y habían ahorrado una cantidad suficiente para montar la empresa, o bien habían obtenido el capital mediante un préstamo pagando intereses, etc. (Cualquier otra forma de acumulación originaria que implique medios ilegales sería obviamente ilegítima, y debería haber sido perseguida en su momento; pero no podemos remontarnos a supuestos individuales sobre el pasado para tomar decisiones generales sobre el presente y el futuro.) Sea de cualquier manera, si el capital es gravado con excesivos impuestos, el empresario preferirá desmontar o vender su fábrica y gastarse el dinero, o bien trasladar su empresa, si ello le es posible, a un país con unos impuestos más razonables.

Pero si todo el mundo siguiese el ejemplo de nuestro trabajador o nuestro empresario, y nadie quisiera comprar acciones y todo el mundo quisiera venderlas o desmontar su empresa, la bolsa se hundiría, las empresas no podrían financiar sus inversiones de capital o desaparecerían y el país se paralizaría. Es obvio, por tanto, que unos elevados impuestos sobre el capital desincentivan la inversión, necesaria para el desarrollo económico de cualquier país. Y aunque no existiesen los paraísos fiscales y los impuestos estuvieran equilibrados en todo el mundo, si nadie ahorra nadie invertirá, y la economía global no podrá desarrollarse.

Algo parecido se puede argumentar sobre los beneficios empresariales. Una empresa que tiene unos beneficios debe pagar el impuesto sobre sociedades, que si es demasiado elevado restará valiosos fondos para ampliar la empresa o para montar una nueva planta que cree nuevos puestos de trabajo; pero al mismo tiempo, los accionistas deben pagar de manera individual el impuesto sobre las rentas de capital en forma de dividendos. Es decir, existe una doble imposición completamente desalentadora para el ahorro y de la inversión.

En este punto es preciso recordar brevemente el papel del ahorro en la economía y en el bienestar del país. Ahorrar significa prescindir de parte del consumo en el presente para poder consumir más en el futuro. Pero para que esto sea posible, este ahorro se utiliza para invertirlo en bienes de capital (financiación de nuevas industrias, instalaciones, etc.), bien sea directamente o a través de los mercados financieros. Estos nuevos bienes de capital serán los que posibilitarán que la productividad del trabajo aumente, para que así sea posible un mayor consumo en el futuro; por ello, el rendimiento del ahorro es el interés: un ahorrador presta dinero, por ejemplo, a un empresario (por medio del sistema financiero) y éste le paga un interés, o le hace partícipe de propiedad de la empresa como accionista dándole una participación en los beneficios. El empresario utiliza los fondos recaudados para construir una nueva fábrica, comprar maquinaria, etc. (bienes de capital), que aumentan los puestos de trabajo disponibles o sirven para aumentar la productividad del trabajo. A causa de este aumento de productividad, puede elevar los salarios reales o contratar nuevo personal. (Recordemos que los salarios teóricos deben equivaler a la productividad marginal del trabajo; si una determinada empresa pretendiese pagar salarios inferiores a esta productividad, simplemente los trabajadores se irían a otra empresa; y si los salarios reales son superiores a la productividad marginal, se produce el paro estructural.)

En definitiva, el aumento del ahorro y su consecuencia directa, el aumento de la inversión, hace que aumente la demanda de trabajo al haber aumentado la productividad, y ello hace que aumenten los salarios reales, por el simple juego de la oferta y la demanda. Igualmente, al haber aumentado los bienes de capital, también aumentan los beneficios empresariales, lo cual posibilita nuevo ahorro y nueva inversión. Por otra parte, el aumento de la productividad posibilita que se produzcan más y mejores productos y servicios por habitante, con lo cual los precios reales (distintos de los nominales, que dependen de la inflación) bajan, proceso que beneficia a todo el mundo como consumidor. Pues bien, todo este “círculo virtuoso” (que es plenamente real, como puede verse si comparamos nuestro nivel de vida con el de nuestros abuelos) se ve dificultado si los impuestos, sobre todo los impuestos sobre el ahorro y sobre el capital, son excesivos.

Respecto al aumento de impuestos a las rentas más altas, es muy fácil también caer en la demagogia gritando consignas como que “hay que poner más impuestos a los ricos” o “que paguen más los que más ganan”. En la mayor parte de los estados modernos rige un sistema de fiscalidad progresiva, que significa que los tipos impositivos son más altos cuanto más altas son las rentas personales; este sistema es considerado como el más justo, pues impone un porcentaje de contribución mayor a los que más ganan. Pero, sin negar la necesidad y la justeza de una progresividad en los tipos impositivos, deben tenerse en cuenta también los efectos negativos que tendría una exageración en esta progresividad. En efecto: los que más ingresos tienen son los que tienen mayor capacidad de ahorro, es decir, aquéllos para los cuales la proporción ahorro/gasto es mayor; por tanto, un aumento de los tipos de las rentas más altas iría también en contra del ahorro y de la inversión. Podría pensarse que el aumento en la inversión estatal compensaría la disminución de la inversión privada; esto podría ser cierto si la cantidad mayor recaudada se dedicase a inversión productiva y no a gasto corriente, pero, en todo caso, es necesario tener en cuenta la pérdida de eficiencia que supone la inversión pública respecto a la privada a la cual nos hemos referido antes; y todo ello sin tener en cuenta el efecto que produciría un aumento de impuestos en cuanto a salida de capitales hacia otros países con un sistema fiscal más favorable. Por tanto, el aumento de los tipos a las rentas más altas puede ser un recurso puntual en caso de necesidad extrema, pero no puede ser esgrimido como principio general.

En conclusión, el tema de los impuestos debe de ser abordado de la manera más racional, abandonando consignas populistas y considerando que son imprescindibles para que el Estado pueda ejercer sus funciones, pero teniendo en cuenta sus efectos negativos, sobre todo en época de crisis.

Por último, diremos que la mención de Irlanda que hace Sartorius también es desafortunada. La intervención de Irlanda tiene su origen en el hundimiento de su sistema bancario, afectado por la crisis de las hipotecas subprime, hundimiento que la intervención estatal no logró resolver e hipotecó al estado irlandés. Pero el tejido económico irlandés se encuentra bastante sano; su sistema impositivo basado en unos impuestos reducidos (sobre todo, el bajo impuesto sobre sociedades, en competencia con el del resto de países de la UE) permitió un despegue económico sin precedentes, tanto que los irlandeses se han esforzado por mantener los impuestos reducidos en el marco de las negociaciones para el rescate por la Unión Europea.

"La indignación inquieta a la izquierda"

La indignación inquieta a la izquierda (El País, 17-05-2011)

En cambio, la derecha está exultante por la dispersión cada vez mayor dentro de la izquierda.

Desde luego, los motivos de indignación de las personas que protagonizan las protestas están plenamente justificados, y dichas personas me merecen todo el respeto. El PSOE no ha sabido explicar su política económica en el último año y aparece ante ellas como aliada de los “bancos” y de los “especuladores”, e IU, que intenta capitalizar las protestas, no lo consigue plenamente por su pertinencia al establishment político tradicional. Mientras tanto, la derecha se regocija a costa de toda la izquierda.

Sin embargo, no olvidemos que en España existe ya una democracia real –“el peor sistema que existe, una vez descartados todos los demás”–, que como cualquier cosa humana, es perfeccionable y mejorable. Y si el “programa” de los manifestantes se queda una mezcla de meros deseos que todos podemos asumir pero que si no se concretan se convierten en “castillos en el aire”, unidos a análisis a mi juicio superficiales y a generalizaciones erróneas; si sus aspiraciones se reducen a veleidades antisistema sin alternativa sistémica clara; si no son capaces de plantear propuestas realizables, que podamos discutir y valorar, y en su caso, votar; si no tienen claro que la única forma de influir es mediante la participación política activa –recordemos que la principal propuesta de acción del autor de ¡Indignaos! era que los jóvenes se inscribieran en masa en el Partido Socialista francés–; si sus propuestas políticas se reducen al abstencionismo o al voto a fuerzas marginales sin ninguna posibilidad; si todo ello es como me temo, el movimiento se quedará en la esterilidad, o peor aún, sólo servirá para hacer todavía más profunda la desorientación y la división en la izquierda y para consolidar la hegemonía de la derecha durante muchos años. Esto es lo que pienso.

Tania, la guerrillera

La misteriosa guerrillera que acompañó al Che (El País, 15-5-2011)

Mi más sincero homenaje para los que lucharon y murieron defendiendo sus ideales.

El PP y la locura colectiva

Los dirigentes del PP parecen instalados en una locura colectiva creciente: hace poco atentan contra la libertad de expresión obligando al cierre de TV3; luego van y presentan en las listas a un montón de imputados de corrupción; un día dicen barbaridades acusando al Gobierno de colaborar con ETA; otro día cargan de manera estrafalaria e injusta contra la neutralidad de los medios públicos de comunicación; el siguiente superan todos los límites de la decencia lanzando improperios incluso contra el Tribunal Constitucional; hace unos días insultan al abuelo muerto de su rival político... ¿Cuál será la sorpresa que nos aguarda hoy?

En principio, uno los oye y se siente indignado. Pero luego piensa: peor para ellos; cada vez se hará más difícil a las personas honradas y sensatas de centro y derecha moderada votarlos. Tal vez ahora ganen algunas autonomías y ayuntamientos más. Quizá el año que viene ganen las generales. No importa: por ese camino (y parece que no conocen otro) no les durarán mucho tiempo los triunfos.

Sí, también aquí en Valencia y en el País Valenciano. Si no es en éstas, será en las próximas, o en las siguientes. Estemos seguros de que no van a ganar siempre.

Lo cual no quiere decir que debamos quedarnos de brazos cruzados esperando a que la fruta madura caiga...

A qui votaré en les pròximes eleccions?

S’acosten les pròximes eleccions municipals i autonòmiques, i moltes persones ens preguntem si votarem i a qui podríem votar. Es tracta d’una qüestió personal condicionada per la ideologia, la oportunitat política del vot, la simpatia o antipatia respecte als líders i als candidats, etc., que sempre demana una reflexió. El meu propòsit a l’elaborar aquesta entrada –com totes les del blog– és ajudar-me a mi mateix a posar en ordre les meues idees i a compartir-les amb tothom qui puga estar-hi interessat; no vull, per tant, convèncer ningú. No s’entenga aquest escrit, doncs, com a cap petició de vot (no milite en cap organització política –encara que sí que ho vaig fer durant molts anys– i no sóc qui per a demanar el vot a ningú) ni tan sols com una incitació al vot (els majors de 18 anys ja són grans per a decidir el que volen). Simplement, es tracta d’una necessitat d’expressar les meues opinions en veu alta i de practicar la llibertat d’expressió. Diuen que el vot és secret, però aquest caràcter secret és, òbviament, un dret, però no un deure; també tenim el dret d’expressar el sentit del nostre vot en veu alta, i pel que fa a la meua persona en totes les eleccions que he viscut el sentit del meu vot ha estat públic i conegut.

D’altra banda, unes eleccions –i l’emissió d’un vot en concret– implica una tria per unes opcions –i al capdavall, per una opció concreta– i un descart de les altres; per tant, òbviament, no podré evitar dir el que pense respecte a les diverses possibilitats de vot –o de no-vot–, i perquè els atorgue o no la meua confiança; i no m’estaré tampoc d’animar al vot (que és diferent de demanar el vot: hom pot animar que es vote a una opció o a una altra entre diverses, però només es pot demanar el vot respecte a una) cap a aquelles opcions que considere més coherents. Espere i desitge que les persones que no coincidesquen amb mi no se sentiran ofeses pel que exposaré –expresse el meu respecte per totes les persones que no utilitzen la violencia–, i sempre tenen la possibilitat d’expressar les seues opinions públicament.

En una entrada anterior (“¿Tiene sentido abstenerse?”) exposava que per a mi és més important el vot ideològic, per damunt de l’encert o desencert de cada partit en concret; per a mi té més importància l’enfortiment de l’esquerra en general i la perspectiva de la seua unitat a llarg termini que l’objectiu de castigar un partit concret. Per tant, els qui tenim uns valors o una ideologia d’esquerres haurem de votar a partits concrets d'esquerres, encara que no estiguem completament d’acord amb tot el que proposen o fan. L’abstenció o el vot a opcions sense possibilitats d’obtenir representació quedaven descartats, en la mesura que signifiquen en la pràctica donar el vot a l’opció ideològica oposada. En una altra entrada (“La frustrante dispersión en la izquierda”), em lamentava de la divisió existent en el si de l’esquerra i feia vots per una futura unitat organitzativa, o al menys electoral, de tota l’esquerra. Per tant, per ser coherent, el sentit del meu vot ha de tenir en compte els valors de l’esquerra i la necessitat i el desig d’una futura unitat: anirà a parar a l’opció o opcions que representen els valors de l’esquerra, que tinguen possibilitats reals de representació i que no vagen en direcció contrària respecte a la unitat. Tenint en compte aquests elements condicionants, les opcions possibles queden perfectament acotades: el nombre d’opcions és major que u i menor que tres.

He dit que la votació és una tria, i per a concretar les opcions triades hauré de descartar primer les no triades (insistesc en les meues disculpes i el meu respecte envers tots els amics i companys que puguen votar a qualsevol opció de les “destriades” per mi). Òbviament, si els meus valors són els de l’esquerra, no podré votar opcions que no siguen d’esquerra. Tanmateix, no puc estar-me d’explicar per què, fins i tot des d’una perspectiva liberal, seria, en la meua opinió, impossible votar al Partido Popular. En primer lloc, perquè manté en les seues llistes un nombre important d’imputats per corrupció; tot respectant la presumpció d’innocència, crec que hi ha suficients elements de sospita perquè aquesta opció se’m faça infumable. En segon lloc, des que el PSOE va accedir al govern de l’Estat, crec que han mantingut una actitud d’oposició absolutament oportunista i irresponsable, utilitzant la política antiterrorista en contra del Govern, aprofitant la crisi econòmica per a carregar les culpes de tots els mals del món a Zapatero sense donar una alternativa coherent, no recolzant en el parlament les mesures necessàries de control del dèficit (cosa que va provocar l’estupefacció dels seus homòlegs europeus), etc. Però, sobretot, i en el cas concret del País Valencià, el PP ha mantingut una actitud irracional, anticientífica i demagògica respecte a la llengua dels valencians, ignorant les declaracions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua respecte a la unitat lingüística amb la resta de variants de la llengua catalana i negant-se a reconèixer les titulacions de Filologia Catalana de la Universitat de València en contra de nombroses sentències judicials. Molts dirigents del PP no són ignorants, i saben perfectament que el valencià és català, y així ho manifesten en privat o entre determinats cercles quan els interessa; si mantenen aquesta actitud irracional és per aprofitar-se dels sentiments de la gent i traure’n per aquesta via un bon grapat de vots, cosa que per a mi és èticament i políticament inacceptable.

En alguna ocasió m’han preguntat per què, des d’una perspectiva liberal, no recolze el partit Unión, Progreso y Democracia. La resposta és clara: perquè no el considere un partit d’esquerres –ni ells mateixos s’hi consideren–. La meua opció ideològica és el social-liberalisme, que implica, al costat del respecte a les llibertats individuals i als drets de la persona incloent-hi el de propietat, un compromís irrenuciable amb els valors de l’esquerra, entre els quals es troben les idees de solidaritat, igualtat d’oportunitats, defensa dels interessos comuns i protecció dels més necessitats i lluita contra la injustícia i l’opressió, valors que considere que UPyD no representa de manera suficient. Més aviat, encara que puga compartir-hi determinats postulats liberals i laïcistes, opine que UPyD és una via més per al nacionalisme i el patriotisme espanyol tradicional, aspecte que jo rebutge.

En aquest sentit, he d’aclarir que, tot i que respecte el dret de cada persona a expressar-se i rebre educació en la pròpia llengua, a l’accés i gaudi de la pròpia cultura i a no ser discriminat per qüestions ètniques, nacionals, racials, etc., el nacionalisme, en qualsevol de les seues formes, no entra dins de les meues opcions, pel que té de concepció essencialista i reduccionista de la identitat com a pertinença a una única comunitat, en aquest cas nacional o lingüística, com a excloent de qualsevol altra pertinença (v. “Resum del llibre ‘Les identitats que maten. Per una mundialització que respecti la diversitat’”). Per tant, no puc donar el meu vot a les opcions purament nacionalistes (Bloc Nacionalista Valencià) o menys encara independentistes (Esquerra Republicana del País Valencià): si considere que la direcció en la qual s’encamina –o hauria d’encaminar-se– la humanitat és a la superació de les fronteres i a la progressiva cessió de sobirania en àmbits europeus o globals, malament podria això quadrar amb la reivindicació de sobiranies locals o a la implantació de més fronteres o barreres entre els pobles.

Pel que fa al Bloc, en les eleccions autonòmiques anteriors es va presentar dins de la coalició Compromís pel País Valencià juntament amb Esquerra Unida del País Valencià. En aquestes, es presenta en coalició amb Iniciativa del Poble Valencià, una escissió minoritària d’Esquerra Unida, quedant aquesta com a candidatura separada. És a dir, on hi havia una única candidatura d’esquerra –o de centre esquerra, si hi incloem el Bloc–, sense comptar el PSPV, ara n’hi ha dues. S’ha dispersat, doncs, encara més el vot de l’esquerra, de manera que s’han disminuït les possibilitats de tots i s’ha beneficiat la dreta, i s’ha actuat en contra de la perspectiva de la unitat de l’esquerra. Caldrà examinar, doncs, qui és el responsable d’aquesta situació. En aquest sentit, ja hi havia un precedent històric: la Unitat del Poble Valencià (antecedent immediat del Bloc) es va presentar a les eleccions autonòmiques de 1987 en coalició amb Esquerra Unida i va obtenir dos diputats; al poc de temps de les eleccions, aquests dos diputats van trencar el grup parlamentari comú i van passar al grup mixt. En aquesta ocasió, el Bloc no s’ha conformat a utilitzar Esquerra Unida en benefici propi per a obtenir un grup parlamentari que d’una altra manera difícilment hauria obtingut, sinó que, a més, han deixat Esquerra Unida sense el grup parlamentari que els candidats proposats per aquesta haurien obtingut en les urnes i han donat ocasió al trencament de la mateixa Esquerra Unida. Els fets no donen lloc a cap altra interpretació: al poc de temps, els dos membres del grup parlamentari de Compromís que eren militants del Bloc, juntament amb dues diputades proposades per Esquerra Unida, aprofitant una majoria circumstancial propiciada per la generositat d’altres corrents d’EUPV durant les negociacions de les candidatures, van protagonitzar una espècie de “colp d’estat” dins del grup parlamentari fent cas omís dels organismes pactats de la coalició i expulsant Glòria Marcos del seu lloc acordat de portaveu del grup i, després, del mateix grup; això originà l’eixida del grup parlamentari dels tres diputats fidels a la disciplina d’EUPV i dels organismes de la coalició i l’escissió dins d’EUPV amb l’aparició d’un nou grup minoritari amb el nom d’Iniciativa del País Valencià, després que els membres d’aquest grup no van acceptar les candidatures elegides dins d’Esquerra Unida a les eleccions generals de 2008 i van presentar les seues pròpies candidatures ja en coalició amb el Bloc.

Considerats així els fets, i sempre des de la meua opinió, pense que l’actuació dels parlamentaris escissionistes de IdPV i del Bloc, trencant els pactes previs i arrabassant el grup parlamentari a EUPV –comportament que es va reproduir en alguns ajuntaments–, no respon als criteris ètics mínims exigibles en la política i en qualsevol actuació humana, i descarta completament la Coalició Compromís que ara formen com a objectiu del meu vot. Crec que l’ètica està per damunt de la ideologia política, i que l’actuació d’aquestes persones, a més, va en contra de l’objectiu de la unitat de l’esquerra. Però si haguéssem de cenyir-nos exclusivament a les propostes polítiques, el que ens ofereix IdPV és ben poca cosa: escudats sota un substantiu que no és més que un eslògan (l’ecosocialisme), en realitat no sabem ni tan sols si IdPV està a favor o en contra de la societat capitalista (els militants als quals ho he preguntat no m’hi han sabut respondre, i de la seua web tampoc no n’he pugut traure res en clar); no sabem quin model de societat proposen, i no sabem tampoc res sobre les seues alternatives en molts aspectes, com per exemple si tenen o no propostes concretes i realistes per a eixir de la crisi. En resum, els escissionistes d’IdPV i la Coalició Compromís –s’han apoderat, fins i tot, del nom de l’antiga coalició– no ofereixen a l’esquerra més que divisió i confusió.

En canvi, els qui s’oposen, d’alguna manera o altra, al sistema, tenen una altra opció ben conspícua: Esquerra Unida del País Valencià, federació valenciana d’Izquierda Unida. EUPV-IU és un partit amb una ideologia anticapitalista ben definida, i que proposa com a alternativa el socialisme democràtic. Es tracta d’un partit en la fundació del qual vaig participar activament, i en el qual he militat durant molts anys. Després d’una profunda reflexió i el consegüent estudi, vaig haver d’abandonar-lo amb dolor i sense fer cap soroll, en arribar a la conclusió que els ideals que jo mateix havia defensat i pels quals havia lluitat des de la meua primera joventut eren irrealitzables. Encara tinc molts amics (dins i fora de la xarxa) que en són militants, simpatitzants i votants, i que conserven intacta la il·lusió que jo vaig compartir. Avui en dia, m’és impossible donar-li el vot, perquè considere sincerament que les seues propostes econòmiques i la seua alternativa de societat, si algun dia es poguessen portar a terme, encara que estiguen fetes amb les millors intencions no resoldrien els problemes que es pretenen resoldre i produirien uns efectes econòmics perjudicials no desitjats. Hi ha moltes altres diferències puntuals que em separen d’EUPV-IU, algunes de les quals he exposat i exposaré en aquest blog; però es tracta de diferències entre persones que compartim els mateixos interessos i els mateixos valors dins de l’esquerra, diferències que es poden superar amb un debat sincer i obert i que tindrien cabuda en una futura organització o coalició aglutinadora de tota l’esquerra. En aquest sentit, EUPV-IU va suposar un primer intent d’aglutinar diversos partits i persones independents de l’esquerra, i va implicar un impuls en aquest sentit des de la seua fundació. Es tracta, en definitiva, d’una opció que em mereix el més profund respecte, i que considere el vot més coherent dels qui estan en contra del mercat, de la societat capitalista, i opten pel socialisme democràtic, dels qui estan en contra dels “retalls socials” del govern espanyol i dels qui volen construir una alternativa de l’”esquerra transformadora” per al País Valencià.

Per la meua banda, i tal com vaig indicar en un altre escrit (v. “Qué significa para mí ser de izquierdas”), considere que la defensa dels més dèbils i la protecció dels més necessitats, objectiu irrenunciable de l’esquerra, per a ser feta de manera eficaç, ha de fer-se de manera racional, tenint en compte els coneixements i l’experiència acumulada per la ciència econòmica. Per això, propose l’alternativa social-liberal, que no qüestiona el capitalisme i el mercat, la llibertat d’empresa i la iniciativa privada, com a elements indispensables per al desenvolupament social i econòmic i per al progrés, el benestar, la llibertat i la democràcia, que han de fer-se extensibles a tots els éssers humans i a tots els països del món. Tanmateix, considere que l’Estat ha de reservar-se un paper per a assegurar la igualtat de drets i d'oportunitats i per a reequilibrar els resultats del mercat, de manera que s'assegure a tots els ciutadans uns mínims vitals imprescindibles i es garantitzen uns serveis de qualitat sobretot en qüestions essencials com l’educació i la sanitat. L’alternativa social-liberal està pròxima a altres corrents de l’esquerra com la socialdemocràcia, i se’n diferencia per considerar que la intervenció l'Estat, per a ser eficient, ha de reduir-se exclusivament als aspectes essencials.

La coherència amb aquesta proposta em porta a considerar que l’opció electoral que més s’hi aproxima és la del PSPV-PSOE, i per això he decidit atorgar-li el meu vot. Certament, no puc estar d’acord en absolutament tots els aspectes de la política del PSOE, i per això vaig decidir mantenir la meua independència política. Particularment, el govern espanyol va tardar molt a reconèixer la crisi econòmica, i com a conseqüència, es va retardar massa en la decisió d’adoptar les mesures econòmiques necessàries per a controlar-la, mesures que, si s’haguessen adoptat un any abans, haurien estat sens dubte molt menys doloroses. Però, al mateix temps, cal reconèixer que el govern del PSOE, també amb l’aportació puntual d’altres forces progressistes i d’esquerra, ha assegurat una política de protecció social sense precedents i ha impulsat mesures socials progressistes i d’aprofundiment de les llibertats d’ampli abast que no cal ací detallar. Dins del PSOE hi ha una diversitat de corrents d’opinió, des de l’esquerra liberal fins al sindicalisme pur, passant per la socialdemocràcia més tradicional; però tots aquests corrents comparteixen els valors de l’esquerra, i aquesta diversitat por ser enriquidora i constitueix un element indispensable en la perspectiva de la unitat de l’esquerra.

En definitiva, considere que qualsevol de les dues opcions (EUPV-IU o PSPV-PSOE) és coherent amb els tres condicionants que expressava al principi: representació dels valors de l’esquerra, possibilitats reals d’obtenir de representació parlamentaria i compatibilitat amb el ideal d’unitat de l’esquerra. Em permetré animar a tots aquells qui compartesquen aquests objectius perquè voten a una de les dues opcions d’acord amb les seues preferències. Jo ja he dit la meua. Qui tinga una opinió o unes opcions distintes, és lliure de manifestar-les.

Una opinión coherente

Si los datos de la encuesta de población activa fueron desastrosos (cerca de cinco millones de parados), la opinión de los líderes sindicales es que la reforma laboral no funciona.

Si los datos del paro registrado de abril han sido los mejores en varios años (64.000 parados menos), la opinión de los líderes sindicales es que la reforma laboral no funciona.

¡A eso se llama mantener una opinión coherente!

(Sobre la necesidad de una reforma laboral quizá mucho más amplia que la aprobada, que incluya una transformación profunda de la negociación colectiva, mucho más allá de lo que la burocracia sindical probablemente estaría dispuesta a apoyar, pues en ello se juega su propia razón de ser, v. “El problema del paro”)

De todas formas, es una opinión consensuada entre los expertos que para que el paro empiece a decrecer de manera consistente, y no solamente coyuntural, es necesario que la economía crezca también de forma consistente. La reforma laboral es una condición necesaria, pero no suficiente, y esto deberían saberlo también los líderes sindicales.

Puede deducirse legítimamente que, aun reconociendo la importancia de los sindicatos en una sociedad democrática, no mantengo una opinión muy favorable respecto a estos líderes sindicales precisamente.)