La crisis económica y los “fallos del Estado”

En economía se habla habitualmente de los “fallos del mercado”, que justifican la intervención del Estado. Como ejemplos de estos “fallos” podemos citar la existencia de “externalidades negativas”, como la contaminación; la necesidad de suministrar bienes públicos o servicios sociales que por su naturaleza el mercado no suministra en cantidad suficiente; la formación de monopolios y oligopolios, que entorpecen o impiden la competencia; la existencia de información desigual entre los agentes que intervienen, etc. En estos casos, el Estado interviene para intentar resolver estos y otros problemas donde el mercado no funciona correctamente, además de ejercer su función natural de asegurar el cumplimiento de las leyes, el respeto a los derechos, y realizar una labor de redistribución que asegure la igualdad de oportunidades y unos mínimos vitales para todos. Desde mi punto de vista de izquierda social-liberal, en otro lugar expuse mi opinión sobre los respectivos papeles del mercado y del Estado: “Qué significa para mí ser de izquierdas”. 

Igualmente, el Estado se atribuye la función de regular el funcionamiento general de la economía a través de la política monetaria y fiscal, con el objetivo de prevenir las crisis económicas o aminorar sus consecuencias. Pero, en este aspecto, tenemos derecho a preguntarnos si es eficaz la intervención del Estado y si esta intervención ha dado los resultados deseados o no. Por ello, el objetivo de este escrito es examinar la actuación del Estado antes y durante la crisis económica que vivimos, para ver cuáles han sido los resultados.

He de advertir que me refiero al Estado en general, como institución o conjunto de instituciones que forman la estructura jurídico-política de la sociedad, y no al Gobierno (una de estas instituciones), y mucho menos a la actuación de un gobierno concreto. No hablaré, pues, del gobierno de Zapatero ni de su eventual influencia en el desarrollo de la crisis. Mi opinión respecto al mismo es conocida, y la he expuesto en diversas ocasiones: “A qui votaré en les pròximes eleccions?”; “ Rubalcaba y la socialdemocracia: mi apoyo crítico”; “¿Es lo mismo el PP que el PSOE?”. Creo que Zapatero podía haberlo hecho mucho mejor, y también podía haber actuado mucho peor; pero no creo que ningún gobierno hubiera podido hacer milagros, dada la difícil situación de la economía mundial y española. Ahora se trata, más bien, de cuestionarnos el papel del Estado, en sus diversas manifestaciones que afectan a la actuación de la mayor parte de los gobiernos, de los bancos centrales, de los legisladores, etc.

En el origen de la crisis pueden señalarse tres actuaciones del Estado –dos por acción y una por omisión–, que, en mi opinión, posibilitaron el desarrollo de la misma, actuaciones que deberían hacer reflexionar a aquéllos que reclaman la intervención masiva del Estado en la economía. En primer lugar, el Estado, a través de los bancos centrales, controla la oferta monetaria y tiene la capacidad de manipular los tipos de interés. En principio, esta capacidad debería servir para suavizar los ciclos económicos; concretamente, cuando se avecina una crisis, a través de una política monetaria expansiva teóricamente se estimula la demanda agregada, lo cual debería permitir la recuperación económica. Esta política funcionó efectivamente en crisis anteriores de menor profundidad, como la de 2001. Sin embargo, los bancos centrales cometieron el grave error de mantener los tipos de interés artificialmente bajos durante demasiado tiempo. Los tipos de interés básicos reales (teniendo en cuenta la inflación) permanecieron prácticamente en valores negativos entre 2001 y 2005, y esto propició la existencia de crédito barato, que provocó el endeudamiento generalizado en hogares, empresas y bancos y originó la gigantesca burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, España y otros países.

En segundo lugar, en los Estados Unidos, ya desde 1977, durante el mandato de Jimmy Carter y después bajo las administraciones de Cinton y Bush, se promulgaron una serie de leyes que promovían la concesión de hipotecas para la compra de vivienda a familias con pocos recursos, con la esperanza de que se cumpliese el “sueño americano”, mejorase su situación económica y pudiesen pagar los préstamos, que eran financiados y garantizados por las agencias hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac. En esta legislación se encuentra el origen de las “hipotecas basura” o “créditos ninja“ (no incomes, no job, no assets), cuya explosión en 2007 marcó el inicio de la crisis.

En tercer lugar, las diversas administraciones norteamericanas se lanzaron a una serie de acciones legislativas que promovían la desregulación de los mercados financieros; dichas actuaciones se simbolizan en la derogación en 1999, bajo el mandato de Bill Clinton, de la Ley Glass-Steagall, vigente desde 1933, que separaba las actividades de los bancos comerciales y de inversión. Esta desregulación era fruto del predominio de ciertos modelos matemáticos en economía financiera sin fundamento económico real y de una confianza excesiva en la capacidad de autorregulación de los mercados financieros, pero resultó letal, pues permitió la proliferación descontrolada de los productos financieros sofisticados a través de todo el sistema financiero, la creación de una “banca a la sombra” fuera de control y la existencia de préstamos y riesgos fuera del balance de los bancos.

Estos tres elementos, mezclados y agitados en un cóctel fatídico, impulsaron la asunción de riesgos excesivos y mal calculados por parte de los agentes financieros. Por otra parte, existía un sistema de “incentivos perversos” entre los grandes directivos financieros que les exigía la consecución de resultados a corto plazo para no quedarse atrás respecto a sus competidores, asumiendo riesgos que podían ser contrarios a las perspectivas de futuro estable de sus empresas y al interés general; esto les impulsó a una vorágine competitiva de consecuencias desastrosas. El Estado renunció a su papel de controlar y regular el buen funcionamiento de los mercados financieros, y al mismo tiempo no supo dar una respuesta al evidente “fallo del mercado” que suponía la existencia de dichos incentivos perversos, de manera que cuando durante el verano de 2007 estalló la crisis de las hipotecas basura todo el sistema financiero estaba podrido. (Sobre estos y otros aspectos de la crisis financiera, puede verse mi “Resumen y comentario del libro Por qué quiebran los mercados”.

¿Cuál fue la respuesta de los estados y de los bancos centrales ante el inicio de la crisis? Inmediatamente reaccionaron siguiendo el modelo keynesiano: política monetaria expansiva basada en inyecciones masivas de liquidez (dinero destinado a préstamos a bancos) y bajadas de los tipos de interés (sin que debamos olvidar la esperpéntica actuación de Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, que llegó a subir los tipos en julio de 2008 para volverlos a bajar en septiembre). Ante la amenaza de colapso del sistema financiero, se realizaron rescates o ayudas a los bancos en forma de nacionalizaciones temporales (compras de acciones a bajo precio), préstamos y compra de activos tóxicos. Al mismo tiempo, desde la política fiscal, se realizaron programas de estímulo a la economía mediante el aumento de los gastos y de la inversión del Estado (por ejemplo, el plan E de Zapatero y los planes de estímulo de Obama), de eficiencia discutida.

De esta forma, se salvó al sistema financiero y se evitó que la crisis alcanzara proporciones incalculables, pero se provocó el endeudamiento generalizado de muchos estados, de manera que no pudo aplicarse la otra pata de la política fiscal keynesiana: la bajada de impuestos, que hubiese permitido incentivar la inversión y el consumo. Recordemos que tanto Merkel como Rajoy incumplieron sus promesas electorales de rebajar los impuestos, llegando éste último a subirlos en contra de toda lógica macroeconómica (v. “Se desveló el programaoculto del PP”). El aumento del déficit provocó que, inmediatamente después de que parecía que se iniciaba la recuperación de la crisis financiera, al menos en algunos países (recordemos los “brotes verdes” de 2009-2010), se enlazara con el inicio de la crisis de la deuda en la primavera de 2010.

En estos momentos nos encontramos, en mi opinión, en una especie de situación “entre la espada y la pared”, en que existen diversas opiniones entre los expertos: por una parte, los estados se encuentran con una necesidad imperiosa de reducir del déficit, no sólo por el peligro de impago y por el aumento de la de la prima de riesgo en algunos países, sino por el encarecimiento en los costes de financiación de las empresas a causa del riesgo-país y por el llamado efecto expulsión (crowding out), que consiste en la reducción de la cantidad de dinero disponible para préstamos a empresas y familias a causa de la compra por parte de los bancos de la nueva deuda pública. Por otra, algunos economistas neokeynesianos, como Paul Krugman y Joseph Stiglitz, critican la política de austeridad a toda costa y proclaman la necesidad de estímulos para la reactivación económica.

Es obvio que sin estímulos es difícil crecer, pero las recetas keynesianas parecen difícilmente aplicables, al menos de manera aislada en un único país, como España, con alta prima de riesgo (v. mi entrada “Keynes tenía razón, según Krugman”). Por ello, parecería más adecuado negociar con nuestros socios europeos y convencerlos de la necesidad de alargar por uno o dos años los plazos de los compromisos de reducción del déficit, tal como prometió Rubalcaba en la campaña electoral y contrariamente a la dirección en la que se ha embarcado el nuevo gobierno de Rajoy. Y todo ello, combinado con una reducción del gasto superfluoo improductivo, y la implantación de las reformas estructurales imprescindibles: reforma profunda del mercado laboral, que elimine la dualidad de nuestro mercado de trabajo entre indefinido y temporal y posibilite la creación de empleo; reforma del sistema financiero, que clarifique los balances de los bancos para que pueda fluir de nuevo el crédito, e impulso de un nuevo modelo productivo.

Pero, volviendo al tema principal de la entrada, y ante los “fallos del Estado” señalados y las dificultades e indecisión presentes, es lícito plantearnos la siguiente pregunta: ¿puede el Estado en realidad prevenir o resolver las crisis económicas, o más bien ayuda a provocarlas? Los economistas de la Escuela Austríaca de Economía (v. por ejemplo Juan Ramón Rallo o Jesús Huerta de Soto) nos responderán que es el Estado, a través de la manipulación de los tipos de interés por parte de los bancos centrales y su ayuda permanente a un sistema bancario con coeficiente de caja fraccionario, el que provoca las crisis (v. mi “Resumen y comentario crítico del libro Una crisis y cinco errores”). Se trata de un punto de vista que no puede ignorarse.

Resumen y comentario del libro “Por qué quiebran los mercados”

Por qué quiebran los mercados. La lógica de los desastres financieros, John Cassidy, RBA Libros, 2010 (Original: How Markets Fail, 2009). 

 

Con este comentario reanudo la serie de recensiones de libros sobre la crisis económica, la primera de las cuales se refería al libro Una crisis y cinco errores, de Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo, que podéis consultar en el enlace indicado.

El resumen es un poco largo, pero he preferido no partirlo para conservar su unidad dado el indudable interés del libro.

Introducción

El autor analiza las causas, la génesis y el desarrollo de la crisis financiera (2007-2009), criticando la excesiva confianza de la mayor parte de los economistas y de los gobernantes en la capacidad de autorregulación de los mercados y en la doctrina del laissez faire. Para ello, realiza un repaso de la historia del pensamiento económico, por lo cual el libro puede servir, además de un análisis interesante de los orígenes de la crisis económica actual, como una somera introducción a la historia del pensamiento económico.

En esta exposición histórica, el autor realiza una separación, a mi manera de ver artificial, como indicaré después, entre lo que él llama “economía utópica” (la que pondría el énfasis en la eficiencia del libre mercado) y “economía basada en la realidad” (la que tendría en cuenta los fallos de los mercados). Pero si alguien piensa que el libro es una crítica global al mercado y al capitalismo y una apuesta por otro modelo de sociedad, va a sentirse defraudado. Como puede verse en una entrevista publicada por El País (24-10-2010), el propio autor, parafraseando a Churchill, afirma que el capitalismo es “el mejor de los dos mundos”, y reconoce que el mercado, debidamente regulado, funciona en la mayor parte de los casos. Las reformas que el autor propone en su libro no pasan de una regulación del sistema financiero para hacerlo más eficiente y un control estatal adecuado del mismo.

En este sentido, me parece que el siguiente pasaje del autor en la Introducción del libro resume su postura: “[...] En tales circunstancias, conforme a la ortodoxia económica, la mano invisible del mercado transmuta actos individuales de egoísmo en resultados colectivos socialmente deseables. Si este argumento no incluyese un elemento importante de verdad, el movimiento conservador no hubiese gozado del éxito que tuvo. Los mercados que funcionan correctamente recompensan el trabajo duro, la innovación y el abastecimiento de productos bien hechos y asequibles, y castigan a las empresas y los trabajadores que ofrecen artículos excesivamente caros o de mala calidad. Este mecanismo del palo y la zanahoria asegura que los recursos se distribuyan con fines productivos, haciendo que las economías de mercado sean más eficientes y dinámicas que otros sistemas, como el comunismo y el feudalismo, que carecen de una estructura de incentivos eficaz. Nada en este libro debería interpretarse como un argumento para regresar a la tierra o reconstruir el Gosplan de los Soviets.” (p. 16).

Inmediatamente a continuación, el autor nos advierte de que los mercados no siempre funcionan correctamente: “Pero aseverar que los mercados libres siempre arrojan buenos resultados implica ser víctima de una de las tres ilusiones que yo identifico: la ilusión de la armonía”.

El autor hace un repaso de la historia de la economía, haciendo una clasificación entre “economía utópica”, o aquélla que tiende a defender la autonomía de los mercados que se regulan a sí mismos, y “economía basada en la realidad”, donde incluye a los autores que señalan los fallos del mercado, que debe ser regulado. Sin embargo, me parecen desacertadas las etiquetas establecidas por el autor. Entre otros aspectos, bajo la primera (“economía utópica”) se recogen las aportaciones fundamentales a la historia de la economía, como las de Adam Smith, que el propio autor considera válidas; se incluyen también modelos básicos sobre el funcionamiento de la economía, como los del equilibrio general de la escuela de Lausana, que aunque efectivamente sólo son exactos bajo ciertas condiciones simplificadoras que sus propios autores señalaron, nos indican la coherencia general del sistema de precios. Y bajo la segunda (“economía basada en la realidad”) se recogen las teorías sobre los “fallos del mercado”, que efectivamente deben ser tenidas en cuenta pero que en su mayor parte ya se integran en los textos académicos y en la doctrina económica convencional. No puede haber “fallos del mercado” si no existe el mercado, y los fallos no pueden enumerarse si no se ha examinado y descrito previamente al funcionamiento del libre mercado. Desde luego, los modelos matemáticos sobre el funcionamiento de la economía incluyen, como en todas las ramas de la ciencia, una serie de simplificaciones de la realidad necesarias para acercarnos a ella, y sólo funcionan exactamente si se cumplen las condiciones simplificadoras. Por ello, para una descripción más detallada es necesario introducir, junto a los modelos, una aproximación a lo que ocurrirá cuando las hipótesis simplificadoras no se cumplan; pero ello no invalida a los modelos, sino que los completa. Por tanto, la “economía basada en la realidad” no contradice ni invalida a la mayor parte de la llamada “economía utópica”, sino que la matiza y la completa cuando es necesario. Ambos aspectos de la economía son en gran parte compatibles, y deben integrarse, en todo aquello que tienen de válido, en la ciencia económica.

Desde luego, y como señala ya en la Introducción, el autor resta importancia, como causas de la crisis, a las malas decisiones, a la avaricia o a las actitudes delictivas: “Mi propuesta, tal vez controvertida, es que Chuck Prince, Stan O’Neal, John Thain y el resto de directivos de Wall Street cuyos tropiezos financieros y sus paquetes salariales han aparecido en las primeras planas durante los últimos dos años no son ni sociópatas, ni idiotas ni delincuentes. En su mayoría, son estadounidenses brillantes, diligentes y no especialmente imaginativos que fueron ascendiendo en su carrera, se codearon con la gente adecuada, obtuvieron resultados algo superiores a sus colegas y se encontraron ocupando un puesto directivo durante uno de los grandes booms crediticios de todos los tiempos. Algunos de estos hombres, quizá muchos de ellos, albergaban dudas sobre lo que sucedía, pero el entorno competitivo en que trabajaban no les ofrecía ningún incentivo para echarse atrás. Por el contrario, les alentaba a continuar. Entre 2004 y 2007, en la cúspide del boom, los bancos y otras empresas financieras cosechaban unos beneficios récord, el precio de sus acciones alcanzaba nuevas cotas; y sus líderes eran tratados como celebridades en los medios de comunicación” (p. 20).

Hechas estas advertencias, pasaré a resumir el contenido del libro. Éste se estructura en tres partes fundamentales: “Economía utópica”, “Economía basada en la realidad” y “La gran crisis”, además de la “Introducción” y las conclusiones “Conclusiones”. Me referiré a cada parte del libro en un apartado, para luego hacer mi propia valoración.

La “economía utópica”

El autor comienza su repaso a la historia de la economía describiendo el funcionamiento general de los sistemas de mercado como mecanismos que, al permitir la especialización de personas, empresas y países y al proporcionar incentivos a la inversión y a la innovación, expanden la capacidad productiva de la economía y facilitan un aumento gradual de la productividad y de los salarios y una mejora del nivel de vida. El primero en describir este mecanismo fue el escocés Adam Smith en el siglo XVIII, que introdujo el concepto de la “mano invisible” de los mercados, que hace que cada individuo, actuando bajo su propio interés, proporciona mediante su trabajo, a veces en colaboración con otros, las mercancías que otros desean comprar al coste más bajo posible, de manera que produce unos resultados beneficiosos para todos. Al mismo tiempo, Smith señala ya unas determinadas tareas que debe realizar el Estado, como defensa, administración de justicia o suministrar determinados bienes o servicios públicos.

Ya en el siglo XX, el economista austriaco emigrado a los Estados Unidos Friedrich Hayek describe cómo el mercado asigna correctamente los precios y las cantidades necesarias de las distintas mercancías de manera mucho más eficaz que cualquier planificador de una economía centralizada podría hacerlo, puesto que la información necesaria para ello se encuentra dispersa en la mente de cada uno de los productores y consumidores. El mercado coordina la actividad de millones de consumidores y de empresas por medio de los de precios, que actúan como un sistema de telecomunicaciones a lo largo de toda la economía. Por ejemplo, si los consumidores necesitan más cantidad de un determinado producto, su precio subirá, lo cual indicará a los productores que deben aumentar la producción. De manera semejante, las materias primas y los factores de producción se asignan de manera más eficiente posible. Hayek, como ya lo había hecho su maestro Ludwig von Mises, criticó, por este motivo, los sistemas comunistas de planificación central como necesariamente ineficientes, y predijo su caída. Sin embargo, se excedió criticando las políticas moderadas de la socialdemocracia y del estado de bienestar, que para él, y para muchos conservadores, suponían una amenaza para la libertad individual.

Léon Walras, principal figura de la Escuela de Lausana, intentó realizar una descripción matemática del conjunto de la economía de mercado, demostrando que existe un conjunto de ecuaciones que determinan las cantidades y los precios de cada mercancía, de manera que el sistema se encuentra en equilibrio general. A mediados del siglo XX, diversos teóricos, entre los cuales destacan Kenneth Arrow, Gérard Debreu y el físico y matemático John von Neumann, demostraron que, en determinadas condiciones, para los mercados competitivos existía un sistema único de soluciones de las ecuaciones de Walras que permitía una economía eficiente en equilibrio. De esta forma, la “mano invisible” de Smith y el “sistema de telecomunicaciones” de Hayek adquirían consistencia matemática. Sin embargo, a principios de los setenta se descubrió que el sistema podía permanecer en equilibrio estable, pero que también podía alejarse del equilibrio comportándose de forma caótica.

En las últimas décadas del siglo XX tuvo una gran influencia de Milton Friedman, principal economista de la Escuela de Chicago. Junto a algunas aportaciones válidas en macroeconomía, como la justa observación de que la llamada curva de Phillips, que relacionaba el paro y la inflación, sólo tenía efecto a corto plazo, pero no a largo plazo, Friedman criticó la manipulación de la demanda agregada proponiendo un crecimiento fijo constante de la oferta monetaria (propuesta sobre la cual la corriente mayoritaria de los economistas actuales se encuentra en desacuerdo) y abogó por limitar al máximo la intervención del Estado en la economía; de esta manera, ofreció un marco ideológico para la política de desregulación que se dio después.

Otras doctrinas económicas, como la teoría de la eficiencia de los mercados financieros, que postulaba la cotización de los valores financieros siempre reflejaba su verdadero valor, puesto que recogía toda la información disponible sobre ellos (teoría que ha quedado en entredicho por la existencia de las burbujas bursátiles y de otros activos), contribuyeron a la idealización del libre mercado como algo eminentemente estable e infalible. Los modelos matemáticos desarrollados por Paul Samuelson o por Robert Lucas, entre otros, concebían a los individuos encargados de la toma de decisiones como autómatas racionales que intentan maximizar ciertas funciones matemáticas que formalizan sus propios intereses, de manera que pueden realizar una serie de elecciones óptimas para cada situación. Otras teorías, como la de las expectativas racionales, preconizaban la irrelevancia de la política monetaria, siempre que los agentes económicos, completamente racionales e informados, sean capaces de prever las políticas económicas estatales. Argumentos similares se aplicaban a la política fiscal. De esta manera, la intervención del Estado se convertía no sólo en irrelevante, sino incluso desestabilizadora. Robert Lucas suponía que se daban todas las condiciones para el equilibrio general, y que este equilibrio era único y estable; si algo perturbaba el equilibrio, éste volvía a recuperarse automáticamente. En este sentido, Lucas extendió la hipótesis de los mercados eficientes a toda la economía, como un mecanismo idealmente perfecto donde no había espacio para las burbujas, para las recesiones económicas y el desempleo masivo. Todos estos modelos, a pesar de su relevancia matemática, son calificados por el autor, como ya hemos dicho dentro del calificativo de “economía utópica”, puesto que no tienen en cuenta las imperfecciones que se dan en la realidad.

La “economía basada en la realidad”

Sin embargo, otros autores, aun aceptando la esencia y la necesidad de los mercados, iban señalando los “fallos del mercado”, que requieren su regulación y la intervención del Estado. Uno de los primeros fue el inglés Arthur Cecil Pigou (1877-1959), que señaló los “efectos de desbordamiento” de los mercados libres (otros autores se refieren a “externalidades negativas”), que ocasionan que aunque aquéllos puedan conducir a un resultado eficiente desde el punto de vista privado, no lo es desde el punto de vista social. Un ejemplo típico de efecto de desbordamiento o externalidad negativa es la contaminación.

Francis Bator publicó en los años 50 diversos artículos en que utilizaba por primera vez la expresión “fracaso (o fallo) del mercado” (market failure). Entre estos fallos del mercado, señalaba la de dejar de sustentar actividades “indeseables” o no detener actividades “indeseables”, la información imperfecta, la inercia o resistencia al cambio, la incertidumbre y las expectativas incoherentes, los caprichos de la demanda agregada, etc. Sobre todo, indicaba tres fuentes de fallos del mercado que han permanecido como clásicas en los textos de economía, y que requieren la intervención del Estado: el poder de los monopolios y de los oligopolios, que distorsiona los beneficios de la libre competencia; la falta de incentivos de los mercados para proporcionar los “bienes públicos”, como puentes, hospitales, parques, cuerpos de bomberos, etc., a causa de la imposibilidad o dificultad para cobrar por sus servicios lo suficiente para producir un beneficio privado, y los “efectos de desbordamiento” o externalidades negativas, ya señalados por Pigou.

Otro problema se presenta cuando existen situaciones en que dos o más agentes del mercado pueden cooperar entre sí y obtener un resultado mutuamente beneficioso, pero sienten la tentación de no cooperar para obtener ganancias extras individuales. Pero el hecho de no cooperar puede originar graves pérdidas para todos. Es lo que en teoría de juegos se denomina “dilema del prisionero”, y se trata de un fenómeno que puede originar lo que el autor denomina la “irracionalidad racional”: una situación en que la aplicación del propio interés racional en el mercado de cada uno de los participantes da lugar a un resultado global nefasto y socialmente indeseable. Veremos situaciones semejantes en el desarrollo de la crisis.

Otra fuente de ineficiencia para el mercado es la de la información oculta, situación en que uno de los agentes que intervienen en el mercado (generalmente, el vendedor), tiene más información sobre el producto que el comprador. Un ejemplo clásico es el del mercado de coches usados, pero el problema puede darse en muchos sectores del ámbito económico. Un mercado con información oculta puede llegar a convertirse en un mercado “de cacharros” (“para limones”, en la deficiente traducción de la editorial: inglés lemon), puesto que los compradores, dudando de la calidad del producto, pueden no aceptar el precio demandado por los vendedores de productos de auténtica calidad, y éstos pueden verse desplazados del mercado, quedando únicamente los “cacharros”.

Por otra parte, las frecuentes burbujas y crisis bursátiles han puesto en entredicho la teoría de la eficiencia de los mercados financieros, y han dejado terreno a los teóricos del comportamiento o “finanzas conductales”, que dan importancia a la psicología de los inversores. Muchas veces, éstos y otros agentes del mercado tienen un comportamiento de imitación que les hace comportarse como un “rebaño”, puesto que advierten racionalmente que tomar una decisión errónea les comportará menos prejuicios si esta misma decisión es compartida por la mayoría de sus colegas o competidores; por ello, incurren en menor riesgo adoptando una decisión dudosa, aunque pueda ser errónea, si ésta es la que sigue el “rebaño”, que adoptando una decisión siguiendo sus propios criterios, aunque pueda ser la correcta.

Si un sector es especialmente sensible a la inestabilidad económica es, precisamente, el sector financiero. Ya en los años 80, un economista keynesiano, Hyman Minsky, indicaba los peligros del sistema financiero, que describía lo que el llamaba “finanzas especulativas” o “finanzas piramidales” (en la traducción de la editorial, “de Ponzi”). En las etapas expansivas del ciclo económico, el crédito fácil hace que aumente la inversión, los beneficios y los precios de los activos; existe una competencia entre los bancos y otras instituciones financieras para suministrar capital, con lo cual la asunción de riesgos aumenta. Si en las etapas iniciales los bancos prestan sólo a negocios y a familias solventes, las exigencias de solvencia se van diluyendo. Pero ningún boom crediticio dura para siempre; en un momento determinado, cuando empieza a crecer el número de préstamos morosos o impagados, el crédito se restringe. Al comenzar a escasear el dinero, muchos prestatarios se ven obligados a vender sus activos a cualquier precio para poder cumplir sus compromisos, con lo cual comienza una espiral de declive de la inversión, de los beneficios y de los precios de los activos. A menos que las autoridades financieras intervengan facilitando liquidez, puede producirse una profunda depresión.

En realidad, la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky es una forma de irracionalidad racional, en que el interés individual tanto de los bancos prestamistas como de los prestatarios apalancados pueden conducir a expansiones inflacionistas y a contracciones generadoras de desempleo. El apalancamiento (endeudamiento) de los propios bancos, que multiplica su riesgo, y la “ingeniería financiera”, o creación de nuevos productos, como la “titulización” de préstamos, que desincentivan la investigación de la solvencia de los prestatarios, puede ocasionar la agudización de la inestabilidad y de las crisis.

La gran crisis

El autor del libro sitúa el origen de la gran crisis en el estallido, en 2007, de la burbuja inmobiliaria y crediticia que se había iniciado a principios de la década. A fin de combatir la crisis provocada por la burbuja anterior, la de las empresas punto com, la Reserva Federal estadounidense redujo los tipos de interés desde un máximo del 6,5% en el año 2000 hasta el 1,25 en noviembre de 2002, y al 1% en junio de 2003. Con una inflación al 2%, el coste del endeudamiento a costo plazo estaba, pues, por debajo de cero, y así seguiría durante dos años más.

Estos tipos de interés, inusualmente bajos, provocaron una carrera de endeudamiento progresivo por parte de propietarios de viviendas, consumidores, empresas, y después en los propios bancos y sociedades de inversiones, que acabaron fuertemente apalancados. La deuda hipotecaria, sobre todo la de préstamos de alto riesgo (hipotecas subprime) se multiplicó.

Por otra parte, los propios tipos de interés bajos hicieron, como es usual, que creciera de manera exagerada el precio de los activos, particularmente de los activos inmobiliarios, en una burbuja que acompañaba a la burbuja crediticia.

Al mismo tiempo, como fruto de una excesiva confianza en la capacidad autorreguladora de los mercados, las sucesivas administraciones estadounidenses fueron aboliendo la legislación que había sido aprobada a raíz de la Gran Depresión durante los años 30, legislación que separaba las actividades de los bancos comerciales de la de los bancos y sociedades de inversión, con lo cual los organismos reguladores perdían capacidad de control sobre las actividades de alto riesgo en el sistema financiero.

A la carrera de inflación de los precios de la vivienda siguió una carrera por conceder préstamos por parte de los bancos y otras sociedades financieras, cada vez con menores garantías de cobro, con la confianza de que los precios seguirían subiendo y siempre podría recuperarse la cantidad prestada haciéndose cargo de la vivienda. Al mismo tiempo, las administraciones de Clinton y de Bush ejercieron presión sobre las agencias hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac para que aumentaran la financiación de préstamos para vivienda a personas de bajos ingresos. Esta carrera arrastró también a las sociedades financieras más responsables, temerosas de perder cuota de mercado y con ello disminuir sus beneficios y poner en peligro el puesto de trabajo de sus directivos. Se trataba de una materialización de las finanzas piramidales o de Ponzi que había pronosticado Minsky, y de la irracionalidad racional que exemplifica el dilema del prisionero.

La desregulación de los mercados financieros, unida a la ingeniería financiera, agravó los elementos de la burbuja por medio de la titulización de los préstamos (empaquetamiento, subdivisión y venta a terceros), la emisión de certificados de seguros sobre los títulos hipotecarios y la creación de una serie de entidades intermediarias (la llamada banca en la sombra) que permitían que los prestamistas dejaran de asumir la mayor parte del riesgo de los préstamos, que quedaban fuera del balance oficial de los bancos emisores de éstos. A ello se unieron los errores de las agencias de clasificación, que otorgaron la máxima puntuación a muchos de dichos títulos. Además, los modelos de cálculo de riesgo que se utilizaban no reflejaban correctamente el auténtico riesgo que se estaba asumiendo.

Se daban también los elementos estudiados por la psicología de la inversión. Como en otras burbujas anteriores, olvidando la experiencia adquirida, los agentes participantes confiaban en que los precios no llegarían a caer, o bien, no sabiendo cuándo podría comenzar la caída, consideraban necesario participar en ella; por ejemplo, los compradores de viviendas lo hacían ante el temor de tener que comprarla más tarde a mayor precio. La mayor parte de los “expertos” en el mercado inmobiliario no advertían señales de una burbuja.

A todo ello contribuyó el sistema de sueldos y remuneraciones de los directivos de las empresas demasiado ligados a la consecución de beneficios a corto plazo; si las cosas van bien, las acciones de la empresa subirán de precio, y con ello también las opciones sobre acciones que los directivos han recibido; pero si las cosas van mal, los accionistas se arruinarán, mientras que a los directivos les quedan los paquetes de jubilación sumamente generosos. Estos incentivos perversos se extienden a los operadores de bolsa, que se benefician de inmensas bonificaciones proporcionales a los beneficios que generan a la compañía para la cual trabajan; sin embargo, si generan pérdidas, pueden ser despedidos, pero no han de reembolsar el capital perdido. Ello llevó a directivos y a operadores a correr riesgos excesivos a corto plazo, aunque a largo plazo puedan resultar sumamente peligrosos o perjudiciales para las empresas; cuando las cosas comenzaron a ir mal, las consecuencias las sufrieron los accionistas y, en último extremo, los contribuyentes. Sin embargo, debe reconocerse que esta estrategia arriesgada era la racional, teniendo en cuenta los incentivos, las presiones y la competencia que existía; si las cosas hubieran salido de otra forma, dichos directivos hubieran sido tratados como genios de las finanzas, como lo habían sido durante los años anteriores de bonanza; muchos de ellos eran conscientes de los excesos de riesgo, pero si no los hubieran asumido sus empresas se hubiesen quedado estancadas, y ellos hubieran sido despedidos.

Con todos estos ingredientes, era normal que cuando algo fallara el sistema se situase al borde del abismo. El toque de alerta comenzó el 9 de agosto de 2007, cuando el BNP Paribas anunció la suspensión de reembolsos de tres de sus fondos de inversión con participaciones en títulos hipotecarios estadounidenses por falta de liquidez de dichos activos. Las agencias de calificación habían empezado a revisar a la baja la calificación de estos títulos, de manera que los mercados de dichos títulos se colapsaron y era imposible valorarlos objetivamente. Ello creó una crisis de confianza entre las entidades financieras, ya que nadie podía saber la verdadera exposición a los activos tóxicos de las demás compañías, y ni siquiera podían calcular el valor de los propios; de esta manera, a pesar de las sucesivas inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, el mercado de préstamos interbancarios se colapsó. Los bancos y otras entidades financieras, ante la necesidad de obtener efectivo líquido, se vieron obligados a vender muchos de sus activos a cualquier precio, cosa que provocó la caída de precios de los activos; por ello, muchas entidades fuertemente apalancadas se vieron obligadas a intensificar las ventas, lo que originó las crisis bursátiles de 2008 y 2009. Algunos bancos importantes quebraron y tuvieron que ser nacionalizados o vendidos a precio simbólico: el Northern Rock británico (agosto de 2007, rescatado por el Estado; el Bear Sterns, comprado a un precio simbólico por JPMorgan en marzo de 2008 con garantía de la Reserva Federal sobre sus activos tóxicos). En septiembre de 2008, el gobierno federal de los Estados Unidos nacionalizó las entidades hipotecarias semiestatales Fannie Mae y Freddie Mac y substituyó a sus directivos, ante el temor de que sus compromisos de pago, garantizados por el Estado, se incumpliesen. La mayoría de los demás bancos estaban en una situación precaria, y muchos de sus altos directivos fueron despedidos.

El lunes 15 de septiembre de 2008 culminó la crisis bancaria con la quiebra de Lehman Brothers, tras sucesivas advertencias de las autoridades (Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, y Hank Paulson, secretario del Tesoro) de que ampliara su capital y después de un fin de semana de negociaciones infructuosas para su eventual adquisición por Bank of America, Barclays o Merrill Lynch. Pero un día más tarde, la Reserva General acudió al rescate (mediante préstamo y participación mayoritaria en el capital) de la compañía de seguros AIG, la más importante del país, asfixiada por las indemnizaciones por incobro en los seguros de créditos de garantía hipotecaria y por la caída del valor de dichos títulos, ante el temor de que su caída arrastrase a todo el sistema financiero y afectase a las divisiones de seguros convencionales de la compañía. Tras algunas semanas de pánico en todo el sistema financiero, incluidos los hasta entonces tranquilos y seguros fondos del mercado monetario, el 3 de octubre de 2008 el Congreso de los EEUU autorizó la disponibilidad de 700.000 millones de euros para la compra de activos tóxicos, fondo que después se utilizó para la compra de acciones (nacionalización) de bancos e incluso de las compañías automovilísticas Chrysler y General Motors. Muchos americanos conservadores asistían atónitos a la masiva intervención estatal, pero sin que se levantasen voces críticas por el temor al colapso total.

Otras medidas similares se tomaban en diversos países, mientras la recesión se extendía por todo el mundo en forma de caída brutal del crédito, de la demanda, de la producción y del empleo. Sin embargo, las intervenciones gubernamentales lograron evitar el derrumbe general del sistema financiero, que hubiera prolongado una catástrofe económica de dimensiones incalculables. En la segunda mitad de 2009 (fecha de publicación del libro), los mercados se recuperaban de manera relativa, algunos bancos empezaban a devolver los créditos, la caída en la producción se moderaba y se preveía un crecimiento en muchos países en 2010.

Conclusión

Según el autor, la crisis económica ha puesto en evidencia el carácter erróneo de las teorías excesivamente optimistas en la capacidad de autorregulación de los mercados. Es necesaria una nueva filosofía económica que reconozca la utilidad de los mercados, pero también sus limitaciones; que reconozca la existencia del sistema de telecomunicaciones de Hayek, pero su tendencia a derrumbarse. En todo país avanzado el mercado suministra los bienes y servicios que la gente quiere comprar, pero el Estado tiene un papel tanto a la hora de suministrar los bienes que el mercado no puede o no quiere proporcionar como a la hora de establecer normas y regulaciones. Un gobierno eficaz se basa en conseguir el equilibrio necesario: si la supervisión es excesiva, la innovación se verá ahogada; si es insuficiente, se pueden producir burbujas y depresiones y se generarán externalidades negativas, como la contaminación.

Por ello, el autor propone una serie de medidas de reforma del sistema financiero, entre las cuales se incluyen la regulación de los agentes y prestamistas hipotecarios, la imposición de coeficientes máximos de endeudamiento a los bancos y otras empresas financieras, la exigencia de una mayor liquidez y capital en reserva, la prohibición de la ocultación de riesgos, regulación de derivados y otros productos financieros complejos, regulación del sueldo de los directivos y de los operadores de bolsa para que estén ligados a resultados a largo plazo.

Valoración

En definitiva, se trata de un análisis sumamente interesante y que considero en su mayor parte válido de las causas de la crisis financiera. Sin embargo, como he indicado al principio, considero criticable el planteamiento general del libro, sobre todo en cuanto a la separación artificial entre “economía utópica” y “economía basada en la realidad” y sobre la validez de la teoría económica académica. A mi modo de ver, y creo que el autor estaría de acuerdo con ello, los mercados no son perfectos ni son siempre eficientes, pero son la mejor manera que conocemos para calcular los costes y para establecer los precios de las mercancías, y para asignar de la mejor manera posible los recursos escasos.

Por ello, y a pesar de los comentarios críticos del autor respecto a él, me quedo con el comentario de Greg Mankiw reproducido al final del libro (p. 373): según Mankiw sería necesario introducir en los primeros cursos de economía temas hasta ahora reservados a cursos superiores, como el papel de las instituciones financieras, los peligros del apalancamiento y los riesgos de las previsiones económicas; sin embargo, “a pesar de la gravedad de los acontecimientos recientes, los principios de la economía no han variado demasiado. Los estudiantes aún tienen que aprender acerca de las ganancias del comercio, la oferta y la demanda, las propiedades de la eficiencia de los rendimientos del mercado y otras cuestiones. Estos temas seguirán siendo los elementos básicos de los cursos introductorios”. Es decir, los principios generales de la economía no han variado, a pesar de que, obviamente, la economía es una ciencia incompleta (como todas), y se encuentra en plena evolución.

Keynes tenía razón, según Krugman

(El País, 3 de enero de 2011)

La opinión de un premio Nobel siempre debe ser tenida en cuenta, aunque la economía es una ciencia donde no todos los premios Nobel opinan lo mismo, sobre todo a la hora de poner la teoría en práctica. Debe advertirse que las recetas keynesianas que Krugman recomienda son probablemente adecuadas para los Estados Unidos, con intereses reales de la deuda negativos, pero no pueden trasladarse automáticamente a otros países con elevada prima de riesgo: el mismo Krugman reconoce que Grecia e Irlanda no tenían otra opción que la de la austeridad.

Sin embargo, aunque podamos dudar de la aplicabilidad del keynesianismo en un momento o en un país concreto (en España no se podría, de manera aislada, expandir el gasto alegremente, so pena de poner al país al borde de la quiebra) lo que no se puede hacer tampoco es ir totalmente en contra de la teoría mayoritariamante aceptada, como acaba de hacer el gobierno del PP. Creo que ya es hora de cuestionarse y rectificar –eso sí, a escala europea, donde sí que sería posible– la política exclusiva de ajustes sin incentivos económicos de los gobiernos conservadores mayoritarios en Europa, ante los malos resultados que está obteniendo (previsiones de recesión para este año).

Se desveló el “programa oculto” del PP

 El programa oculto del PP ya no es oculto: ajuste brutal del gasto y subida de impuestos. Es decir, medidas económicas totalmente contrarias, en mi opinión, a la lógica macroeconómica comunmente aceptada, que ha asumido desde hace 70 años las enseñanzas de Keynes y de muchos otros teóricos: en época de crisis deben bajarse los impuestos para impulsar la inversión y el consumo, e incrementar los gastos y la inversión pública para incentivar la demanda.
 

Pues bien; el gobierno del PP hace precisamente lo contrario. Todos esperábamos un aumento de los recortes. Los economistas sensatos se han pronunciado por la necesidad de reducir el déficit público, y por ello yo he considerado que las medidas de ajuste que emprendió el gobierno socialista eran dolorosas pero necesarias; pero dichas medidas parecen una broma si las comparamos con lo que ahora se anuncia, y sobre todo con los ajustes que se prevén. En lugar de intentar renegociar o aplazar el ajuste comprometido en uno o dos años con nuestros socios europeos, tal como prometió que haría Rubalcaba, a fin de dar un respiro a la demanda agregada, el gobierno del PP se lanza de lleno por la vía del maximalismo del déficit cero a la mayor velocidad posible mediante un ajuste drástico según el dictado de los gobiernos conservadores que predominan en Europa, política que no está ayudando a superar la crisis sino que amenaza con provocar una nueva recesión.

 

Pero lo que no se esperaba es que el PP nos sorprendiera con un colosal aumento de los impuestos, y ello sin ninguna dosis de estímulo económico. Podríamos dudar de si en estos momentos de déficit pronunciado era posible o no aplicar las políticas keynesianas mediante incentivos a la actividad económica, y si era necesario o no profundizar los recortes. En todo caso, me parecía mucho más coherente la propuesta socialista de negociar en Europa unos estímulos fiscales basados en los “eurobonos”. Pero un aumento de impuestos en tiempos de crisis, sobre todo de las capas medias y de los trabajadores, va directamente en contra de toda lógica económica, ya que hará decaer más todavía la demanda agregada y la inversión, y por tanto no producirá sino una profundización de la crisis y un aumento del paro.

 

Un aumento de impuestos contradice la ideología liberal que supuestamente suscriben muchos ministros y cargos públicos del PP; dicha ideología liberal, una forma moderada de la cual yo mismo asumo, apuesta por una reducción del papel del Estado y de la carga impositiva para reactivar la actividad económica, de manera que incluso en algunos casos la mayor actividad ocasiona que aun con unos tipos impositivos menores dicha mayor actividad económica permite que la recaudación sea mayor (la famosa curva de Laffer). Ciertamente, la propuesta del PSOE también incluía un aumento de impuestos, pero se centraba predominantemente en las rentas más altas, a fin de financiar la creación de empleo mediante incentivos directos como la bonificación de cuotas de la Seguridad Social. Contrariamente, por el camino elegido por el PP una buena parte del ajuste presupuestario se irá por la cloaca a causa de la menor recaudación consecuencia de la caída drástica previsible en la actividad económica. El PP puede ir quitándose la etiqueta superficial de “liberal” y quedarse con la que efectivamente le define: conservador.

 

Pero lo que es mucho más grave es que la subida de impuestos se realiza en contra de lo que el PP había prometido en su programa y en la campaña electoral, e incluso en la sesión de investidura: que no aumentaría los impuestos, sino que los rebajaría. El PP había prometido una especie de “cuadratura del círculo” según la cual reduciría el déficit manteniendo los servicios sociales y al mismo tiempo rebajando los impuestos, confiando únicamente en la reactivación de la economía pero sin aclarar nunca como se iba impulsar dicha activación. Ahora, a las primeras de cambio, incumple sus promesas electorales y defrauda la confianza que han depositado en él sus electores. Y que no se nos hablen como justificación de la “herencia recibida”, pues las cifras del déficit estancado en el 8%, aún no definitivas, ya se presuponían hace meses, y no explican en absoluto un bandazo tan impresionante. Además, la mayor parte del la responsabilidad del no cumplimiento del compromiso de déficit, fijado para este año en el 6%, la tienen las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP, mientras que la Administración central del Estado ha cumplido básicamente con sus deberes.

 

En definitiva, el PP nos sorprende con unas medidas de ajuste duro que reducirán el déficit –aunque menos que lo que las cifras indican, por el motivo indicado de caída de la actividad–, pero que no servirán para salir de la crisis ni para resolver el problema principal que azota a nuestro país: el paro. Pero lo que es mucho más grave: el gobierno del PP, al incumplir una de sus principales promesas electorales, ha demostrado ante los mercados y ante el mundo entero su total falta de credibilidad: ¿cómo puede cualquier inversor internacional fiarse del gobierno español a la hora de poner sus ahorros en nuestra deuda soberana? ¿Qué otras medidas imprevisibles e igualmente irresponsables podrá tomar dicho gobierno? ¿Cuáles otras de sus promesas electorales dejará de cumplir? Sin duda, todos pagaremos la irresponsabilidad del gobierno del PP en forma de intereses extra en las próximas emisiones de deuda pública. Los electores que confiaron en la supuesta capacidad del PP en temas económicos pueden comenzar a salir de su engaño.

¿Es malo, necesariamente, el bipartidismo?

Existe una corriente de opinión muy extendida en algunos sectores que critican el bipartidismo como uno de los males de nuestra democracia y que tienden a una exaltación de los partidos minoritarios, independientemente de las ideologías. Incluso desde algunas plataformas en Internet se insta incluso a boicotear a los partidos mayoritarios a través del voto nulo o votando al partido minoritario, sea cual sea, que más posibilidades tenga de romper el denostado bipartidismo.

Con el debido respeto para mis amigos (de dentro y de fuera de la red) que militan o optan en su decisión de voto por alguna opción minoritaria, intentaré explicar por qué considero que el bipartidismo no es malo en sí mismo, y por qué mi opción de voto se inclina hacia el partido mayoritario de la izquierda.

En primer lugar, debemos recordar que los partidos mayoritarios no lo son por su especial naturaleza, ni por un privilegio legal, ni nada por el estilo. Debería ser obvio, pero es necesario subrayarlo: los partidos mayoritarios lo son precisamente porque son los más votados, y son los más votados porque cuentan con el apoyo de la mayoría de los españoles, que les otorgan su confianza a través de la militancia y del voto. Se afirma que ambos partidos “no representan a los intereses de la gente”; pero, ¿quién, si no “la gente”, sabe cuáles son sus intereses? ¿Es que acaso la mayoría somos estúpidos, estamos aletargados o alienados, etc.?

Es posible que alguien entre los minoritarios piense que es así, pero le recuerdo que esta vía de pensamiento, si se lleva al extremo, puede conducir a dar cancha a los autoproclamados “salvadores de la patria”, a los “auténticos defensores del pueblo”, al “partido del proletariado”, etc., es decir, a los que, desde un extremo u otro del espectro político, se consideran como los auténticos poseedores de la verdad. Éstos siempre han tendido a etiquetar a los que no concuerdan con sus ideas, aunque éstos sean mayoría, como “traidores a la patria”, “enemigos del pueblo”, “lacayos de la burguesía”, etc., y en último extremo, a excluirlos y a perseguirlos cuando han tenido ocasión para ello. Digámoslo claramente: una exaltación de las minorías, cuando va unida a un desprecio hacia las mayorías, conduce irremisiblemente por el camino de la dictadura. Desde luego, el respeto por las minorías es un signo de salud para la democracia, pero este respeto no puede convertirse en un desprecio abierto hacia las mayorías.

El ser mayoritario o minoritario tampoco es una cuestión “de origen”, ni está fijada históricamente, ni es definitiva. Una de las opciones que ahora son minoritarias se presentó a las primeras elecciones de 1977 como un partido poderoso, el único que contaba con una organización y una militancia activa, numerosa y entusiasta, con una historia notable, con una ideología que se pretendía científica, y que tenía una visión global del mundo y de la sociedad, con un apoyo internacional poderoso; sin embargo, no obtuvo el apoyo popular que preveía tener, y se quedó desde entonces como minoritario. En cambio, el que fue mayoritario en aquellas elecciones desapareció al cabo de pocos años. Uno de los dos mayoritarios de ahora procede de una de las fuerzas que fueron minoritarias en las primeras legislaturas.

Los minoritarios de hoy aspiran a ser mayoritarios mañana, y a veces lo consiguen. La vía para convertirse en mayoritario es convencer a la mayoría con ideas y propuestas. Obviamente, la ley electoral actual es un obstáculo para dicha transformación y para la renovación política en general, y es necesario reformarla; el partido mayoritario en la izquierda lleva en su programa como propuesta la reforma del sistema electoral. Sin embargo, puestos a concretar, es difícil encontrar un sistema ideal que satisfaga a todos; los sistemas estrictamente proporcionales (por ejemplo, el de Israel), aplicados en España, proporcionarían resultados que ciertas fuerzas –pienso, digamos, en las de representación territorial limitada–, probablemente no considerarían satisfactorios.

El bipartidismo no es un mal en sí mismo; al contrario, es completamente legítimo, y yo diría que es la situación normal en una sociedad fuertemente bipolarizada como la nuestra, por ejemplo, entre izquierdas y derechas. Cada uno de los dos partidos mayoritarios expresa la corriente mayoritaria dentro de cada lado del espectro: izquierda y derecha. Es natural que los partidarios de cada uno de los campos en litigio tiendan a agruparse alrededor de la opción que le ofrece más confianza y garantías, o de la que tiene más posibilidades de éxito. Véase, por ejemplo, la derecha: a pesar de las diversas corrientes que la integran, se presenta como una única opción organizativa y electoral, y está encantada con la dispersión de voto y con la disgregación que padece la izquierda.

Por mi parte, yo considero como deseable la confluencia hacia una futura unidad de toda la izquierda, bien sea organizativa o meramente electoral, sin prepotencias ni exclusiones, y lo he manifestado en más de una ocasión (v. “La frustrante dispersión en la izquierda”). Pues bien, si se avanzase hacia este objetivo, siempre habría fuerzas que preferirían mantener su identidad en lugar de integrarse, y quedarían inevitablemente como minoritarias; ¿deberíamos premiarlas por ello? Para mí, lo más importante es la opción entre izquierda y derecha, y la coherencia de las ideas y las propuestas, y no el hecho de ser mayoritario o minoritario.

Ante las anteriores elecciones, yo manifesté mi opción de voto por el PSOE-PSPV, partido mayoritario en la izquierda (v. “A qui votaré en les pròximes eleccions?”). Creo que las razones que allí expuse continúan siendo válidas para mí, y que no existen motivos suficientes para cambiar mi voto. El PSOE representa la opción socialdemócrata y progresista, la más próxima a mi visión de la izquierda (v. “Qué significa para mí ser de izquierdas”), netamente diferenciada de la derecha ultraliberal y conservadora (v. “¿Es lo mismo el PP que el PSOE?”). En lugar de limitarse a confiar en una reactivación económica espontánea (posición ultraliberal mantenida por el PP), el PSOE propone una política activa de incentivos para la creación de empleo, por ejemplo con rebajas en las cuotas a la Seguridad Social financiadas mediante nuevos impuestos sobre los beneficios de las instituciones financieras, sobre las grandes fortunas y sobre las transacciones internacionales. A pesar de mi escepticismo respecto a algunas de sus propuestas (v. “Rubalcaba y la socialdemocracia: mi apoyo crítico”), creo que el programa del PSOE propone un programa razonable para reducir el paro e intentar salir de la crisis manteniendo al mismo tiempo el estado del bienestar y la cohesión social.

Sin embargo, siempre estaría abierto a reconsiderar mi voto si hubiese motivos razonables para ello, pero creo que no es el caso. Supongamos que yo estuviese cansado o defraudado de los partidos mayoritarios y del bipartidismo. ¿A quién podría votar?

Veamos, por ejemplo, Izquierda Unida. Esta fuerza continúa siendo una opción minoritaria porque sigue defendiendo un sistema social fracasado en la teoría y en la práctica. La oscilación de sus resultados siempre va en sentido contrario a los resultados de la fuerza mayoritaria en la izquierda, y su crecimiento casi siempre ha coincidido con un ascenso o una victoria de la derecha. Por lo que respecta a estas elecciones, IU defiende una propuesta contra el paro que, en mi opinión (v. “La propuesta de Izquierda Unida para crear empleo”), si fuese puesta en práctica, no sólo no disminuiría el paro, sino que produciría inflación, disminuiría la productividad y la competitividad de nuestra economía, aumentaría el déficit público y ocasionaría una pérdida real de puestos de trabajo productivo y estable. Es decir, en mi opinión, IU se sitúa al margen de la teoría económica convencional. Sin embargo, continúo considerando que IU es la opción natural –la única opción coherente en este sentido, a mi parecer– para los que desconfían de la economía convencional, para los descontentos del sistema, para los que buscan una alternativa al mismo o para los que quieren dar un giro de izquierdas a la política.

En muchos casos, parece como si los minoritarios aceptasen su papel: como saben que no tienen posibilidades de gobernar, se permiten realizar propuestas irreales que rayan en la demagogia, propuestas que, si tuviesen posibilidades reales de ganar, no harían, ante la imposibilidad evidente de las mismas. Es el caso de Equo: además de lo que yo considero una actuación poco ética por parte de sus socios en el País Valenciano –actuación que analicé brevemente en mi escrito sobre las elecciones autonómicas anteriormente citado, y en la cual creo que no vale la pena insistir– y de su efecto disgregador de la izquierda, su programa está lleno de ideas que yo pienso que entran directamente en el terreno de la demagogia. Es el caso de su propuesta de una renta social mínima generalizada de 500 euros: ¿cómo piensan financiarla, precisamente en una época de déficit público generalizado? ¿De dónde piensan sacar el dinero, si ni siquiera disponemos de la máquina de imprimir billetes, aún a costa de la inflación? Por otra parte, su oposición global a los transgénicos me parece fruto del más puro oscurantismo anticientífico.

En el caso de UPyD, existen muchos puntos en su programa que me parecen positivos. Sin embargo, su imagen de partido centralista y reticente ante la autonomía y el autogobierno y su carácter de partido centrado en una persona me hace pensar que se trata de un una opción destinada a recoger los votos de algunos descontentos de izquierda o de derecha, más bien que una auténtica opción alternativa.

En definitiva, el proyecto del PSOE me parece el más razonable y convincente, por lo cual no puede extrañarnos que sea la fuerza mayoritaria de la izquierda. No encuentro ningún motivo para no votarlo, y sí muchos aspectos positivos para hacerlo.

Los minoritarios me encontrarán a su lado a la hora de luchar para conseguir un sistema electoral más justo y equitativo, pero me tendrán enfrente si pretenden erigirse como portadores de las esencias o de la verdad absoluta, menospreciando a la mayoría. De todas formas, mientras no se reforme la ley electoral, es necesario comprender que el voto a un partido o opción que no cuenta con ninguna posibilidad de obtener representación en la circunscripción correspondiente puede tranquilizar la conciencia de quien lo emite, pero no tiene ninguna incidencia ni repercusión allí donde se toman las decisiones que nos afectan a todos.

Las propuestas fiscales de Rajoy: ni una a derechas

La oposición del PP al gobierno en los últimos cuatro años ha sido, en el terreno económico, completamente irresponsable. Han aprovechado la crisis económica para cargar las culpas de todos los males del mundo a Zapatero sin ofrecer ninguna alternativa coherente, y se han abstenido o han votado en contra en el parlamento ante las necesarias medidas de control del déficit y en otras reformas económicas importantes. Han preferido permanecer al margen, confiados de que el propio desgaste del gobierno los conduciría directamente a la Moncloa. Y ahora, forzados por la inminencia de las elecciones, se descuelgan con unas propuestas fiscales ambiguas e inconcretas, donde se nos promete al mismo tiempo bajar los impuestos y controlar el déficit, pero no se nos detalla demasiado dónde ni cómo ni en qué. Además, ya nos advierten de que los recortes de impuestos podrán dejarse en suspenso en función de la “herencia recibida”; una insidiosa manera de “curarse en salud” y justificarse por adelantado ante los eventuales incumplimientos de lo prometido.

Una de las medidas propuestas que ha trascendido no puede menos que dejarnos estupefactos: la rebaja de los impuestos sobre las rentas de capital. Desde luego, debe admitirse que la rebaja de impuestos en general es una medida clásica dentro de las recetas keynesianas para impulsar la economía, sobre todo en tiempos de crisis; otra cuestión diferente es si esta rebaja es posible cuando el déficit público ha alcanzado cifras alarmantes y se pretende al mismo tiempo reducir el déficit. Igualmente, es cierto que los impuestos sobre las rentas de capital tienden, en general, a castigar el ahorro, y por tanto comprometen el desarrollo a largo plazo. Sin embargo, debemos cuestionarnos si tales rebajas tienen sentido precisamente en el momento presente, cuando lo prioritario es impulsar la salida de la crisis económica y reducir el paro.

Y aquí es donde, en mi opinión, la propuesta de Rajoy carece de sentido. En caso de ser posibles las rebajas de impuestos con el propósito de impulsar la demanda agregada, los expertos nos indican que éstas deben dirigirse a los sectores más desfavorecidos, a los que por culpa de la crisis han visto disminuida su capacidad de consumo, a los que tienen más dificultades para acceder al crédito. Por ejemplo, Guillermo de la Dehesa, en su obra La primera gran crisis financiera del siglo XXI. Orígenes, detonantes, efectos, respuestas y remedios” (p. 237), nos indica que: “para estimular el consumo sugieren dos recomendaciones. La primera es dirigir selectivamente la reducción de impuestos o las transferencias a aquellos consumidores que se encuentran más constreñidos por el crédito. Extendiendo la provisión de subsidios de desempleo a un mayor número de desempleados o dando mayor duración a los que ya los reciben, elevando el mínimo exento del impuesto sobre la renta, expandiendo la red de seguridad a más personas o elevándola cuando ésta es muy baja o ayudando a los deudores hipotecarios para evitar que pierdan su vivienda, incluso utilizando recursos públicos para la amortización de sus préstamos. Estas medidas ayudan tanto a mantener la demanda agregada como a mejorar la situación del sistema financiero”. Recordemos que, a pesar de las dificultades originadas por la crisis, el gobierno socialista ha impulsado y mantenido la red de protección social más alta conocida en nuestro país.

En cuanto a las rebajas de impuestos a las rentas de capital, el mencionado autor afirma (en la misma obra y página): “El tercer tipo de estímulo fiscal es el dirigido a incentivar el gasto de inversión en las empresas. Éstas se enfrentan no sólo a una caída de la demanda interna e internacional en sus productos o servicios sino también a una elevada incertidumbre sobre el futuro de la misma. Ante esta incertidumbre y al igual que los consumidores, toman una actitud de espera ante sus inversiones hasta ver atisbos de que la situación puede mejorar. Ante esta situación, las reducciones de impuestos sobre beneficios o sobre las ganancias de capital no suelen tener muchos efectos sobre la inversión. Es más importante conseguir que no reduzcan sus operaciones actuales por falta de financiación o por no poder pagar unos márgenes tan elevados que conseguir que hagan nuevas inversiones. Esta tarea corresponde además a la política monetaria del banco central y no a la fiscal”. (En esta última frase, el autor se refiere a la reducción de los tipos de interés, que sí que favorece la inversión.)

Es decir, lo que dificulta la inversión de las empresas, más que un punto más o menos en la tasa de impuestos sobre rentas de capital, es la incertidumbre ante la situación económica, la posibilidad de que los productos se queden en los almacenes por falta de demanda. Por ello, y sin negar el posible efecto positivo de esta medida en cuanto a la posibilidad de atraer capitales hacia nuestro país, considero que es más prioritario el estímulo de la demanda de los sectores más desfavorecidos en el sentido antes indicado. Más que ahorro a largo plazo, lo que necesitamos es impulsar la demanda a través del consumo, y hacerlo ya.

Por tanto, la propuesta de Rajoy de disminuir los impuestos sobre las rentas de capital, si bien puede ser correcta en términos generales y atemporales (si no se tiene en cuenta el ciclo económico), es completamente inadecuada en los momentos de profunda recesión y elevado paro en que nos encontramos. En cambio, las propuestas de Rubalcaba, en el sentido de aumentar temporalmente los impuestos a los más ricos, aunque parezcan inadecuadas desde el punto de vista de la teoría económica abstracta (es decir, si prescimos de los ciclos económicos), pueden ser en realidad adecuadas en estos momentos del ciclo y pueden tener efectos positivos si el importe de lo recaudado se dedica a favorecer a los más débiles e impulsar la demanda.

Algunas otras medidas económicas propuestas por el PP no dejan de plantearnos serias dudas. Por ejemplo, la de que los convenios de empresa deben primar sobre los convenios de ámbito general. Se trata de una medida en abstracto correcta, hacia la cual tendía la última reforma de la negociación colectiva aprobada por el gobierno (por cierto, con el voto en contra del PP). Pero si el gobierno no pudo o no quiso llegar más lejos en la citada dirección, fue por la búsqueda de consenso entre los agentes sociales, y una vez vista la imposibilidad de un acuerdo, por la necesidad autoimpuesta de mantener la oposición de los sindicatos dentro de unos límites razonables. ¿Se atreverá el PP a imponer por decreto una reforma laboral y de la negociación colectiva más dura, prescindiendo de cualquier tipo de acuerdo entre los agentes sociales y pasando por encima de los sindicatos? Si es así, deberían de aclararlo.

No entro en este escrito a valorar la impresentable posición del PP por su indefinición ante la ley del aborto o su silencio ante otras conquistas democráticas o derechos sociales: matrimonio de los homosexuales, derecho a una muerte digna, laicidad del Estado, etc.

Los que confiaban en la capacidad del PP y de Rajoy para sacarnos de la crisis pueden empezar a salir de su espejismo, y el conjunto de los españoles debemos sentirnos realmente preocupados de que las riendas del país caigan en manos de semejantes políticos.

Cambio global, ¿hacia qué? Hablemos claro

Me lo he pensado mucho antes de publicar este escrito, porque sé que va contra corriente, y que muchos de mis amigos, de dentro y de fuera de la red, no compartirán mis opiniones, y quizá algunos quedarán defraudados por ellas. Pero si nunca callé ni oculté mis ideas, incluso cuando la defensa de las mismas implicaba peligro inminente de cárcel o de algo peor, no voy a hacerlo ahora.

El movimiento 15-M nació como una expresión espontánea de descontento de miles de ciudadanos ante la crisis económica que nos atenaza, y de protesta contra el alejamiento de la clase política de los ciudadanos. Un movimiento que se pretendía regenerador de la democracia, y que en sus documentos prometía una regeneración de la vida política mediante la lucha contra la corrupción, la petición de reforma de la ley electoral, el acercamiento de los políticos al pueblo, etc. Un documento que yo apoyé desde el principio, después de un cierto escepticismo inicial (pueden verse mis numerosas entradas sobre el tema, que renuncio a citar), y del cual critiqué los excesos de ciertas minorías violentas, con la esperanza de que se impusiera la sensatez y la moderación. Un movimiento en el cual desde el principio convivieron dos almas diferentes: la de la regeneración democrática, que se recogía en los documentos consensuados y a la cual yo me adherí, y la de revolución antiliberal y anticapitalista, que no se reflejaba en los mínimos de consenso aprobados, pero que se imponía en las acciones y en las convocatorias concretas. Al final, por desgracia, ha triunfado esta última alma, y los que siempre pretendieron darle al movimiento ese carácter se han quitado la careta.

El movimiento afirma que “lo llaman democracia y no lo es”. Desde luego, nuestro sistema tiene muchos defectos, es claramente perfectible, y los primeros documentos de consenso del movimiento iban en la dirección adecuada. Pero una cosa es pedir un cambio en el sistema electoral o que los políticos deban ser responsables de sus promesas electorales, y otra es afirmar que “no nos representan”. ¿Cómo que no nos representan? Desde luego, cada uno se siente mejor representado por el partido que ha votado; la minoría que se ha abstenido quizá no se sienta representada por nadie, pero no olvidemos que éstos han abdicado de su derecho voluntariamente. Pero un auténtico demócrata acepta los resultados dictados por el conjunto de la ciudadanía y respeta los criterios de la mayoría, aunque no esté de acuerdo con ellos. En cambio, en el Movimiento 15-M han triunfado unos eslóganes que, si podían tolerarse al principio como algo eufemístico, metafórico, llamativo y movilizador, cuando vemos que se consolidan y se proclaman en los llamamientos y convocatorias, no podemos dejar de alarmarnos. Si los políticos no nos representan, ¿quién nos representa? Si esto no es una democracia, ¿qué tipo de democracia se propone? ¿Alguien de los que convocan ha conocido un tipo de democracia mejor? ¿Acaso la democracia orgánica, la democracia popular, la democracia asamblearia (y que pasa con los que no acuden a las asambleas)...? Cuando a la democracia comienzan a ponérsele adjetivos, los demócratas alzamos las cejas para no dejarnos engañar: el único adjetivo que yo admito es el de democracia representativa: un hombre (o mujer), un voto, y que nuestros representantes libremente elegidos actúen responsablemente; y si no cumplen con lo pactado, o alguien queda defraudado, no se les vuelve a votar, se cambia de opción y punto (sin prejuicio de las posibles responsabilidades exigibles). Si alguien puede –y debe– mejorar el sistema democrático son los políticos elegidos, en la forma y por las vías libremente aceptadas por la mayoría. ¿Cómo puede alguien en su sano juicio afirmar y mantener que una decisión adoptada por la amplia mayoría de los representantes del pueblo es un “golpe de estado”, y en cambio el criterio defendido por la ínfima minoría es lo auténticamente legítimo?

Se acercan las elecciones generales. Los promotores del 15-M (ahora 15-O) tienen ahora la oportunidad de medir sus fuerzas y su representatividad. ¿Se presentarán a las elecciones? Muchos de ellos lo harán, en las listas de ciertos partidos que recogerán parte de sus propuestas. Pero, ¿aceptará el conjunto del movimiento el resultado electoral? Los auténticos demócratas aceptaremos humildemente la decisión de las urnas, nos guste o no nos guste, como auténtica y única expresión de la voluntad popular. Y a los que compartimos los ideales de la izquierda, pero sin creernos representantes de nadie ni portadores de verdades absolutas, probablemente no nos gustará el resultado; pero continuaremos trabajando y estudiando calladamente, intentando explicarnos y explicar las causas de la crisis, buscando soluciones racionales, difundiendo nuestros ideales mediante la palabra, y oponiéndonos mediante la palabra y en la calle contra los retrocesos en las libertades y derechos conquistados que se nos quieran imponer. Pero, siempre con respeto hacia el pueblo soberano, trabajaremos por revertir el resultado previsible, para que en futuras convocatorias retornemos hacia la senda del progreso. ¿Qué harán los impulsores del 15-M (15-O)?

 

A esta peligrosa deriva contra la “clase política” en general, y contra el sistema democrático realmente existente, se une ahora otra tendencia que ha surgido recientemente y que ha tenido un cierto eco. Me refiero a la proclama antiideológica de “No somos ni derechas ni de izquierdas”. Sé que muchos participantes en las movilizaciones no compartirán este eslogan, pero lo he visto reproducirse como la mala hierba en demasiados muros, llamamientos y convocatorias como para permanecer callado. Yo pienso que cualquier persona es respetable independientemente de su ideología, e incluso si no tiene ninguna ideología. Pero de ahí a proclamar la antiideología como algo deseable, hay un mundo. Porque yo sí que me considero y me integro en el campo de la izquierda y me proclamo defensor de sus valores, aunque no comparta muchos de los clichés y tópicos de mis compañeros de ideología. Y me acuerdo alarmado de que los que proclamaban orgullosos que “No somos ni derechas ni de izquierdas”, al menos en mi primera juventud, eran los fascistas, los ideólogos del régimen de Franco, los que pretendían imponer su ideología totalitaria por encima de todas las otras ideologías.

Y la confluencia no es extraña: proclamaciones antidemocráticas, unidas a tendencias violentas (hasta ahora, afortunadamente minoritarias); desprecio por los políticos en general, e incluso por la política sin distinción de partidos e ideologías; proclamas antiideológicas... Todo ello unido al legítimo descontento, incluso a la desesperación, provocada por el paro y la crisis... Agítese y remuévase bien, y ahora retrocedamos en el tiempo y recordemos lo sucedido en la Alemania de la República de Weimar o en la Italia de los años veinte y treinta.

Y ahora, vamos con el cambio global. Desde luego, la crisis que nos azota no tiene precedentes en las últimas décadas; la mayoría la hemos sufrido de una otra manera: paro, rebajas de salarios, recortes de prestaciones, restricciones de todo tipo. Para añadir leña al fuego, la actuación de ciertos banqueros y de muchos políticos dista de ser ejemplar. Existen demasiados motivos para sentirse indignado; existen muchas razones para manifestarse y para movilizarse, para pedir un cambio global. Pero, ésta es la cuestión: ¿en qué dirección? Los organizadores de las movilizaciones no nos dicen hacia dónde pretenden dirigir la inmensa fuerza que pueden acumular; pero se han quitado la careta, y nos dicen lo que no quieren tener: el capitalismo. No es éste el lugar para analizar con profundidad en qué consiste el capitalismo; en alguna ocasión me he referido al tema, y continuaré haciéndolo en otras. Pero hay una cosa clara: la única alternativa global al capitalismo que hemos conocido, y la única que existe mientras no se muestre otra, tiene un nombre y un rostro inequívoco: el comunismo. Y el comunismo ya sabemos lo que ha producido en todos los países donde ha triunfado: dictaduras, algunas de las cuales entre las más feroces y sanguinarias que se han conocido; imposición de una burocracia corrupta sobre el conjunto del pueblo; hambre, miseria y muertes; atraso, anquilosamiento e ineficiencia por doquier... Claro, los organizadores lo saben y no quieren correr el riesgo de decirlo; prefieren mantenerse en la indefinición.

Desde luego, la crisis reclama un análisis serio de sus causas y de sus posibles soluciones. Es lícito exigir responsabilidades y cortar los abusos. Pero el análisis debe hacerse de manera sosegada, racional, aplicando el método científico, única manera mediante la cual ha progresado nuestro conocimiento sobre la realidad y nos ha hecho progresar y distanciarnos de las bestias; utilizando lo que se conoce sobre la ciencia económica, e intentando ir más allá, criticando los errores, modificando lo equivocado, descubriendo y aclarando lo que hasta ahora no se conocía; una tarea que deben hacer –y ya están haciendo, por fortuna– los especialistas, como en cualquier campo del saber, sin encerrarse en sus torres de marfil sino en contacto con la realidad y explicando y difundiendo lo que se descubre. Como decía, ya existen en la bibliografía disponible análisis razonables, no siempre coincidentes, pero de los que se pueden ir extrayendo conclusiones. De la crisis se saldrá; tardaremos quizá algunos años; serán necesarias medidas duras, impopulares –sangre, sudor y lágrimas, prometía Churchill en su famoso discurso de 1940–; serán necesarias reformas; pero éstas deben hacerse con criterios racionales y científicos, deben ser decididas y llevadas a cabo por los representantes democráticamente elegidos y deben explicarse claramente a la población. Y respecto a las responsabilidades y los abusos, éstos deben exigirse y cortarse, pero haciendo recaer todo el peso de la ley, y sólo el peso de la ley; y si la ley debe cambiarse, deben hacerlo, asimismo, nuestros representantes democráticamente elegidos, y nadie más.

Porque he leído y oído demasiados análisis simplistas, demasiados tópicos, demasiados gritos, demasiadas propuestas de soluciones que no resisten el más mínimo análisis lógico. Dejemos trabajar a los expertos, a los que saben, y si no saben, tienen las mejores herramientas y métodos para llegar a saber. Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española, afirmó una vez que “si cada español hablase de lo que entiende, y de nada más, habría un gran silencio que podríamos aprovechar para el estudio”. No se trata de poner límites a la palabra, al libre ejercicio del derecho de expresión; pero las proclamas demagógicas, las “soluciones” sin sentido, las consignas equivocadas, las movilizaciones sin dirección, sólo sirven para dar palos de ciego, para desembocar en callejones sin salida, y portarán a muchos jóvenes ahora ilusionados a la desesperanza y a la frustración.

Desde luego, es necesario un cambio, pero no en el sentido que se nos propone. Seamos claros: ni el cariz autoritario y antiidelógico, ni la poclama anticapitalista sin alternativa conducen a nada bueno. Ambos tienen en común la creencia de que se está en posesión de la verdad, de que los demás están adocenados, aletargados o alienados, o que directamente son los defensores del “capital”, de los “explotadores”, de los “banqueros”, de los “mercados”. Ambos son la semilla del totalitarismo. Desde luego, la mayoría de los jóvenes (o no tan jóvenes) de nuestros días que se sienten indignados y que participan en las movilizaciones no se reconocerán en esta descripción. Pero, ¿no proponían los jóvenes fascistas en los años veinte y treinta también una revolución contra los políticos y los capitalistas? ¿No eran obreros desencantados y desesperados los que votaron a Hitler en 1933? ¿No tenían ideales puros los que llevaron a los bolcheviques al poder en 1917, para acabar pocos meses más tarde con cualquier rastro de libertad? Hablemos claro: el totalitarismo tiene dos rostros: fascismo y comunismo. Los dos fantasmas asesinos del siglo XX, que provocaron decenas de millones de muertos. Las dos caras de un mismo monstruo, aniquilador de la individualidad y de la libertad humana, y causantes de la mayor miseria y sufrimiento. Éstos, en extraño maridaje, son los antecedentes y los ingredientes de lo que ahora se nos presenta. No cuenten conmigo.