Las reformas estructurales necesarias para salir de la crisis (II)

En la primera parte de esta exposición me referí a dos de las reformas estructurales que, recogiendo las recomendaciones de los principales economistas del país, considero necesarias para salir de la crisis y para volver por la senda del crecimiento sostenido: la reforma del mercado laboral y la reforma del sistema financiero; en dicha entrada mencionaba también la bibliografía utilizada. Hoy se ha aprobado un proyecto de reforma laboral, que será necesario leer detenidamente antes de hacer una valoración objetiva. En este escrito trataré de las otras dos reformas (o grupos de reformas) que mencionaba: la consolidación y la armonización fiscal a escala europea y el impulso de un nuevo modelo productivo.

Existe un consenso generalizado entre los economistas, al menos entre los que se sitúan dentro del paradigma económico comúnmente aceptado de la ciencia económica, y entre los políticos realistas que se abstienen de soluciones utópicas y propuestas irrealizables, sobre la necesidad de reducir el déficit público de nuestro país; es lo que se llama ajuste o armonización fiscal. Nuestro déficit público sufrió un aumento alarmante entre 2007, año en que hubo superávit, y 2009, ejercicio en que el déficit alcanzó la cifra del 11,2% del PIB (la más alta registrada en nuestro país en tiempos de paz desde que se conservan registros históricos), para descender muy lentamente al 9,2% en 2010 y a una cifra superior al 8% en 2011.

Este déficit tan elevado tiene consecuencias profundamente negativas para nuestra economía y para la creación de empleo. En primer lugar, siembra dudas sobre la capacidad de nuestras finanzas públicas para pagar sus deudas y los intereses de deuda, lo cual ocasiona que los inversores nacionales e internacionales se retraigan de comprar deuda pública española y huyan hacia otras inversiones percibidas como más seguras, con la consiguiente elevación de los tipos de interés que el Estado debe pagar al emitir nueva deuda; en esto consiste el aumento de la prima de riesgo (incremento en la rentabilidad exigida en función del riesgo) y del diferencial con respecto a Alemania (diferencia entre la rentabilidad exigida a la deuda alemana y la exigida a la española). Este aumento de los tipos de interés a que deben colocarse las nuevas emisiones de deuda pública necesarias para financiar el déficit incrementa la carga del Estado en cuanto a pago de intereses, lo cual aumenta nuevamente el déficit y la prima de riesgo, en una espiral infernal en la que han caído países irresponsables en el manejo de sus cuentas públicas, como Grecia en los últimos años.

Pero los efectos negativos del aumento de los tipos de interés y de la prima de riesgo no se limitan a las finanzas públicas: las empresas españolas ven también aumentados sus costes de financiación como consecuencia del riesgo país, es decir, del riesgo asociado a la economía española; ello ocasiona que numerosos proyectos de inversión que podrían ser rentables con unos costes de financiación menores dejan de serlo y no se llevan a cabo, con las consecuencias negativas que se derivan de ello para la creación de empleo.

Otra consecuencia negativa del déficit público es el llamado efecto expulsión o crowding out, bien estudiado y descrito por los economistas. El déficit, como ya hemos dicho, debe ser financiado con la emisión de nueva deuda pública, y esta nueva deuda es comprada por los inversores particulares o institucionales, sobre todo por los bancos e instituciones financieras. La deuda pública absorbe, de esta manera, una buena parte de los recursos de los ahorradores, de manera que disminuye la cantidad de ahorro disponible para proyectos de inversión; de esta manera, puesto que los bancos deben invertir parte de sus recursos en la compra de la deuda pública del Estado, cuentan con menos dinero para prestar a los hogares y a las empresas, lo cual hunde todavía más el consumo y la inversión y dificulta la creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, la disminución del ahorro disponible y el aumento de la demanda de fondos prestables por parte del Estado presionan al alza sobre los tipos de interés y encarecen la financiación de las empresas, con las consecuencias negativas para el empleo que hemos indicado más arriba.

Todo esto explica el consenso a que nos hemos referido, al menos por lo que respecta a la reducción de un déficit tan elevado como el de nuestro país. Sin embargo, existe un debate a escala internacional sobre la velocidad adecuada en esta reducción, o incluso sobre la conveniencia o no de un déficit moderado en países con una situación mejor que el nuestro. Los economistas de la escuela keynesiana, como Paul Krugman y Joseph Stiglitz, critican la política de austeridad seguida por la mayor parte de países y abogan por un incremento del gasto y la inversión pública como estímulos para la reactivación económica. Sin embargo, otros economistas y gobiernos insisten en la necesidad de una estabilidad presupuestaria que siente las bases de un sano crecimiento futuro. Es evidente, sin embargo –y sobre ello existe también consenso entre la mayor parte de los economistas– que estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo no es lo mismo que un déficit cero obligatorio en todos los ejercicios sea cual sea la coyuntura económica: en los años de recesión es conveniente y necesario incurrir en un déficit moderado tanto para mantener las prestaciones sociales y los servicios públicos como para aplicar los estímulos económicos que sean necesarios, compensándose este déficit con el correspondiente superávit en cuanto la situación mejore (v. mi entrada “La reforma constitucional y la solicitud de referéndum”).

Sin embargo, hay tener en cuenta que las propuestas de aumento del gasto para reactivar la economía realizadas por los economistas keynesianos se realizan primordialmente en el contexto de países cuyos costes de financiación son muy inferiores al nuestro; las recetas keynesianas que Krugman o Stiglitz recomiendan son probablemente adecuadas para los Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania, con tipos de interés real de la deuda negativos o muy bajos, pero no pueden trasladarse automáticamente a otros países con elevada prima de riesgo, como España o Italia, o mucho menos aún, Portugal o Grecia.

La solución sólo puede venir, pues, a través de una negociación global, o al menos a escala europea. Es necesario convencer a nuestros socios europeos, y particularmente a Alemania, de que la austeridad a ultranza está provocando una recaída en la recesión que no hará más que aumentar el paro y hacer aún más profunda la crisis y más lejana la recuperación. Sin embargo, este convencimiento no se producirá mediante descalificaciones o insultos a determinados líderes europeos –particularmente, contra la señora Merkel, que al fin y al cabo no hace más que defender los intereses de su país de la manera que cree mejor posible–, sino a través de una negociación para alargar por uno o dos años los plazos de los compromisos de reducción del déficit, de manera que la política de ajustes se haga compatible con los estímulos económicos a corto plazo que favorezcan el crecimiento económico, imprescindible para la creación de empleo a corto plazo. Esta es la propuesta, a mi modo de ver razonable y coherente, que mantiene el ya secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, enfrente de las actitudes demagógicas y populistas de otros líderes y de la actitud empecinada del gobierno del PP de reducir del déficit sin ninguna medida de estímulo y aun a costa de aumentar los impuestos en contra de toda lógica económica.

Otra solución a medio plazo pasa por la financiación conjunta de la Unión Europea, o al menos de la zona euro, mediante la emisión de deuda solidaria compartida por todos los estados miembros: los llamados eurobonos. Estos eurobonos estarían respaldados por el Banco Central Europeo (BCE) y contarían como garantía con la solidez económica de toda Europa, de manera que podrían emitirse a tipos de interés menores que los exigidos a la deuda de ciertos estados y resistirían mejor las reticencias y las presiones de los “mercados”. De esta forma, la garantía ofrecida de países más solventes, como lo es Alemania, permitiría a países más débiles económicamente endeudarse a menor coste. Sin embargo, es comprensible que estos países solventes se hayan mostrado reticentes y contrarios a los eurobonos, puesto que la existencia de éstos supondría que los países responsables en sus finanzas públicas se hacen cargo de los excesos presupuestarios de los países más despilfarradores; es normal que dichos países solventes exijan medidas de restricción y recortes del gasto presupuestario y de armonización fiscal en todos los países antes de proceder a su emisión. Sin estas medidas, la exigencia de eurobonos sería como exigir, a cambio de nada, que los vecinos más laboriosos y eficientes de una comunidad pagasen las fiestas de los más improductivos y derrochadores.

A propósito de este tema, muchas veces surge la cuestión de por qué el BCE no presta dinero directamente a los estados, como hace la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco de Inglaterra, en lugar de a los bancos; se arguye que el BCE presta a los bancos a un interés muy bajo, y éstos “hacen negocio” prestando a los estados a un interés más alto. Sin embargo, es necesario  tener en cuenta que, hoy por hoy y tal como fue creado, el BCE no tiene la función de prestar dinero a los estados, pero sí que tiene la de servir de prestamista de último recurso a los bancos, como otros bancos centrales. El BCE, como banco central, decide el tipo de interés al cual prestan a los bancos la cantidad que necesitan diariamente para cumplir con sus ratios de liquidez, es decir, con las reservas obligatorias que deben tener para satisfacer las eventuales retiradas de dinero de los clientes. Estos préstamos están completamente garantizados, y son normalmente por períodos muy cortos; por ello, su tipo de interés no puede compararse con los de la deuda pública de los estados, que varían obviamente según el plazo de la deuda y según la solvencia de cada estado para poder devolver lo prestado. Los tipos de interés de la deuda pública se determinan en los mercados de deuda pública y en las subastas en las que cada estado emite su deuda, y en éstos participan no sólo los bancos, sino cualquier inversor particular o institucional que lo desee. Cuando los bancos prestan a los estados al tipo de interés del mercado asumen el riesgo implicado en dicho préstamo, riesgo que hoy por hoy no puede asumir el BCE porque no está autorizado para ello. La diferencia con respecto a la Reserva Federal o al Banco de Inglaterra radica en que mientras que los Estados Unidos o Gran Bretaña son países cohesionados desde hace siglos y se solidarizan con las cuentas de cada uno de sus componentes, Europa (o la zona euro), aún no lo es. Para que el BCE pueda emitir cumplir la función que se le pide, bien prestando directamente a los estados o emitiendo deuda propia, es necesario armonizar antes las cuentas públicas de todos los estados implicados. Simplemente, las cosas son así, y no podemos exigir a nuestros vecinos una solidaridad incondicional si nosotros no cumplimos con nuestros compromisos y obligaciones.

Este es el sentido de las decisiones adoptadas en las últimas cumbres europeas; para garantizar la estabilidad de la Unión Europea y de su moneda, es necesario profundizar en la unión política, que vaya más allá de lo que hasta ahora ha sido una pura unión económica y monetaria. Es necesaria, pues, la armonización fiscal europea, que implica avanzar hacia una política fiscal común europea.

Pero para todo ello, y sea cual sea el resultado de la negociación indicada o de las velocidades que se adopten, nos vemos obligados, en definitiva, a la reducción del déficit. ¿Cómo debe abordarse dicha reducción? Evidentemente, existen dos vías, que no son incompatibles: aumento de los ingresos y reducción de los gastos.

El aumento de los ingresos será posible, y se producirá de manera natural, cuando se reactive la actividad económica, mediante el aumento natural de las bases impositivas. Sin embargo, un aumento de los ingresos por vía del aumento de impuestos, tal como la emprendida por el gobierno, es contraria a la lógica económica y no estaba contemplada en las propuestas de los economistas (al menos, de los que se encuentran dentro del paradigma comúnmente aceptado), incluidos los propios miembros del gobierno. Ya me he referido en otras ocasiones a los efectos negativos generales de los impuestos sobre la actividad económica (“Comentario crítico a Sartorius (II): ¿Es de izquierdas subir (o bajar) los impuestos, especialmente las rentas de capital?”) y sobre las consecuencias nefastas de la decisión del gobierno de subir los impuestos en estos momentos (“Se desveló el programa oculto del PP”), y por tanto no insistiré sobre ello.

Otra vía que se señala habitualmente para aumentar los ingresos es la persecución del fraude fiscal. Sin embargo, la necesidad de acabar con la evasión fiscal es algo que se plantea desde los inicios de la democracia; se ha avanzado mucho en ello, y debe hacerse un mayor esfuerzo en este sentido. Sin embargo, la erradicación del fraude fiscal es una meta a medio y largo plazo, que es mucho más fácil de enunciar como deseo que de conseguir en la realidad, y no podemos confiar en que a corto plazo podamos conseguir el dinero suficiente para enjugar nuestro déficit únicamente por esta vía.

Por ello, es imprescindible emprender la reducción del déficit público a través de la reducción del gasto superfluo o improductivo. Desde luego, sería deseable no tocar los fundamentos del estado de bienestar (sanidad y educación), y mantener, dentro de lo posible, las inversiones productivas. Pero existen muchas partidas en subvenciones o gastos innecesarios que quizá tengan una justificación en época de bonanza o normalidad, pero que en estos momentos resultan un lujo y son prescindibles. Es necesario, por ejemplo, reducir o eliminar las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, a la Iglesia y a otras organizaciones con contenido ideológico, que deberían mantenerse con las aportaciones de sus militantes, simpatizantes o seguidores.

Hace poco, el economista José Ramón Rallo publicó un artículo donde señalaba una seria de partidas del presupuesto del estado con cuyo recorte se podría ahorrar hasta 32.000 millones sólo en la Administración central (sin contar lo que se podría ahorrar en las autonómicas y locales), y ello sin tocar el sueldo de los funcionarios, el estado de bienestar ni los servicios básicos del Estado. Como afirma el propio autor citado, no es necesario estar de acuerdo con todos los recortes que propone para "reconocer que hay un margen enorme para reducir el gasto sin necesidad de subir todavía más los impuestos".

Igualmente, sería necesario reducir el tamaño del Estado, que en nuestro país alcanza unas dimensiones y una estructura demasiado compleja, con multitud de competencias duplicadas o multiplicadas. Es necesario plantearse la eliminación de instituciones que no cumplen un papel esencial, como las diputaciones provinciales y el Senado, así como reducir el número de municipios mediante agrupación de los más pequeños que se encuentran próximos, a fin de maximizar la eficiencia en la utilización de los servicios ofrecidos. Igualmente, es necesario reducir o eliminar los asesores y los cargos de confianza que pululan en todas las administraciones públicas, así como bajar el sueldo de los políticos y de los altos cargos de la Administración y reducir su número. Así mismo, deben privatizarse las empresas públicas como Loterías y Apuestas del Estado, Aena, los paradores nacionales, las participaciones del SEPI, muchos de los canales de televisión pública, y la mayoría de las empresas públicas creadas a nivel autonómico o local que no comporten servicios esenciales del Estado; de esta forma, la gestión de estas empresas dejaría de estar sometida a los intereses de los políticos (muchas veces se convierten en retiro dorado para pago de ex altos cargos, sus amigos o familiares) y se sometería a los criterios profesionales y de mercado, liquidándose las deficitarias y generando las demás mayores beneficios que podrían revertir en creación de puestos de trabajo.

Igualmente, debe plantearse una racionalización del gasto público, incluso en los servicios esenciales, para impedir el derroche y el abuso, a fin de que estos servicios públicos puedan seguir funcionando con criterios de universalidad, calidad y eficiencia. Por ello, debe dejar de ser tabú el establecimiento de alguna forma de copago de ciertos servicios, como la sanidad, para que sean usados en la medida en que realmente son necesarios; evidentemente, la forma de copago a adoptar debería ser compatible con la universalidad del servicio a las personas necesitadas, mediante un sistema adecuado de exenciones, etc. El copago es normal en la mayoría de países de nuestro entorno, y debería dirigirse a desincentivar los abusos que se derivan de un coste nulo.

Asimismo, debe asegurarse la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, si se plantease como necesaria una nueva reforma, mediante la transición a un sistema mixto entre reparto y capitalización, aunque fuese de manera voluntaria, tal como funciona con éxito en países tan diversos como Suecia o Chile.

Evidentemente, muchos de los temas que planteo son conflictivos y polémicos, pero pienso que deben ser objeto de reflexión y debate desapasionado, desde el punto de vista de la racionalidad y el realismo y sin apriorismos ideológicos. Pienso que un Estado más reducido y eficiente podría cumplir mejor sus funciones primordiales, como la de garantizar la justicia, la libertad y igualdad de oportunidades.

Me quedaría por tratar la última de las reformas estructurales necesarias: el impulso de un nuevo modelo productivo. No me extenderé en este aspecto, puesto que se trata de algo que es mucho más fácil de enunciar que de concretar o de poner en práctica. Sin embargo, existe mucho espacio de mejora en múltiples aspectos, como la educación, la inversión en investigación y desarrollo (la famosa I+D+i), supresión, reducción o simplificación de trámites para montar una empresa, mejora en la eficiencia del sistema de justicia, etc., a fin de aumentar nuestra productividad y competitividad y hacer que nuestro país sea más eficiente y que pueda situarse en el lugar que le corresponde dentro del contexto europeo e internacional.

Gracias, Zapatero

Gracias, Zapatero. A pesar de tus errores, tardanzas e indecisiones, hiciste lo que pudiste en momentos extremadamente difíciles. Aprobaste leyes históricas sobre derechos y libertades ciudadanas, que ahora están en peligro, y supiste mantener la protección social. Aunque no acertaste a explicarlo bien y fuiste incomprendido por muchos de los tuyos, cambiaste de rumbo cuando era necesario hacerlo, tomaste decisiones difíciles y pusiste el interés general por delante de tu carrera política. Fuiste, sobre todo, un hombre honrado.

Las reformas estructurales necesarias para salir de la crisis (I)

En una entrada anterior (La crisis económica y los “fallosdel Estado”) me referí a las dificultades de los estados para enfrentarse a la crisis aplicando las recetas clásicas de la macroeconomía keynesiana, al menos desde un país de manera aislada, y a la necesidad de efectuar reformas estructurales que mejoren nuestro sistema económico y nos permitan salir adelante. Entre estas medidas se encuentran la reforma profunda del mercado laboral, la reforma del sistema financiero, la consolidación y la armonización fiscal a escala europea y el impulso a un nuevo modelo productivo. En esta entrada intentaré incluir y sintetizar algunas de las medidas más importantes propuestas por los más importantes economistas del país que han escrito sobre el tema, por ejemplo Guillermo de la Dehesa: La primera gran crisis financiera del siglo XXI. Orígenes, detonantes, efectos, respuestas y remedios, Alianza Editorial, 2009; Blas Calzada Terrados y Juan Pablo Calzada Torres: La encrucijada económica de España. Propuestas para salir de la crisis, Ed. Deusto, 2009; Juan Velarde (coord.): Lo que hay que hacer con urgencia, Actas Editorial, 2011, o Jorge Juan (pseudónimo de seis economistas de FEDEA): Nada es gratis. Cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa.

Abordaré en esta entrada las dos primeras reformas estructurales (la reforma profunda del mercado laboral y la reforma del sistema financiero), y dejaré para un próximo escrito las otras dos.

En cuanto a la reforma laboral, su necesidad es obvia para casi todo el mundo, con el fin de reducir y eliminar progresivamente la lacra social que nos azota con más fuerza, y que, además de comportar un drama humano para los que lo padecen, supone un problema económico de primer orden en forma de infrautilización de los recursos disponibles, caída en la recaudación fiscal y aumento de los recursos dedicados a prestaciones por desempleo, aumento de la inseguridad general y contracción de la demanda ante el temor a perder el empleo. Si tenemos en cuenta que nuestro país es el que tiene un nivel de paro más alto en nuestro entorno (cerca ya del 23%) y que, incluso antes de la crisis, la tasa de paro sólo descendió del 10% en un período muy corto de tiempo (en la cima de la burbuja teníamos más paro que la mayoría de países en plena crisis), llegaremos a la conclusión que algo no funciona bien en nuestro mercado de trabajo, y que la mayor parte del desempleo que padecemos es de carácter estructural; es decir, no depende de la crisis, sino de una legislación inadecuada que debe ser reformada.

Nuestro mercado de trabajo tiene un carácter eminentemente dual, marcado por la división entre contratos indefinidos y contratos temporales, que permite que el porcentaje de contratos temporales sea el más alto entre los países de nuestro entorno. Esta división se manifiesta en la existencia de unos trabajadores aparentemente muy protegidos con altas indemnizaciones por despido –y digo aparentemente, porque también ellos están amenazados permanentemente por la pérdida de su empleo sin perspectivas de recolocación rápida–, y otros trabajadores prácticamente sin ninguna protección. Por ello, en las épocas de bonanza una gran parte de los empleos que se crean son de tipo temporal, ante la perspectiva que se plantea a los empresarios de hacer frente a altas indemnizaciones si la cosa va mal; esta alta temporalidad plantea grandes problemas no sólo de tipo personal (inseguridad, escasas posibilidades de plantearse un futuro estable...) sino también económico (escaso esfuerzo por parte de las empresas y trabajadores de cara a la formación, excesiva rotación en el puesto de trabajo...). Además, cuando llegan las vacas flacas, los trabajadores temporales son los primeros en ser despedidos, como se comprueba en el alto porcentaje de pérdida de puestos de trabajo temporales producidos en esta crisis.

Por tanto, la reforma laboral debe ir en la dirección de eliminar esta dualidad, estableciendo un único tipo de contrato normal indefinido, con una indemnización por despido intermedia entre los dos modelos de contrato ahora existentes, inicialmente reducida pero progresivamente creciente según el tiempo transcurrido, y que no desincentive la contratación. Los contratos temporales deben reservarse para los casos estrictamente justificados por el carácter temporal del trabajo a realizar, y debe utilizarse también el contrato voluntario a tiempo parcial.

Es decir, debemos adoptar, con las modificaciones necesarias en función de nuestro sistema productivo, el modelo de flexiseguridad existente en numerosos países europeos (por ejemplo, Noruega u Holanda, con unas tasas de paro entre el 4% y el 6% en plena crisis), basado en bajos costes de indemnización por despido (compensados por la mayor probabilidad de encontrar rápidamente un empleo) y unas prestaciones por desempleo generosas, pero ligadas a la búsqueda de trabajo y a la formación en programas de eficacia comprobada.

Otro problema de la legislación laboral actual que es necesario reformar es el modelo de negociación colectiva. Actualmente, la preponderancia de los convenios territoriales y sectoriales por encima de los de empresa impone unas condiciones que muchas pequeñas empresas no pueden soportar. Además, los convenios permanecen en vigor una vez caducados mientras no se negocie el nuevo convenio, lo cual implica incentivos que dificultan la negociación. Esta situación comporta una rigidez que impide la adaptación de los salarios y demás costes laborales a las condiciones reales de las empresas, de manera que cuando sobrevienen dificultades el ajuste se produce necesariamente mediante la destrucción de puestos de trabajo o la no creación de nuevos puestos.

Por ello, es necesario fijar como marco de negociación prioritaria la empresa, sobre todo en lo que se refiere a los salarios, condiciones de trabajo, jornada, etc., de manera que los ámbitos de negociación superior queden reservados a condiciones generales que afecten a todo el sector (por ejemplo, regulaciones sobre seguridad, etc.) o a todos los trabajadores (derechos generales, etc.). Los salarios y demás costes laborales deben estar ligados a la productividad en cada empresa, puesto que es bien sabido que todo aumento de salarios que no esté acompañada de aumento de actividad produce paro estructural (v. “El problema del paro”). Debe favorecerse la flexibilidad ante los cambios de ciclo o de perspectivas de las empresas, de manera que éstas puedan adaptarse a las condiciones existentes y no se vean obligadas a despedir trabajadores ante la primera adversidad. Igualmente, deben reducirse los costos de las contrataciones, por ejemplo, mediante bonificaciones o reducciones de las cuotas a la Seguridad Social, si es necesario a costa de otras partidas del Presupuesto del Estado, de manera que la creación de nuevo empleo, prioritario en estos momentos, se vea favorecida.

Resulta curioso que esta necesaria adaptación del marco de la negociación colectiva a la empresa, reclamado por la mayor parte de expertos que han estudiado el tema, no haya sido vista como necesaria por los sindicatos y por las asociaciones patronales en la reciente negociación. ¿Están éstos pensando en la supervivencia de su estructura organizativa general, que podría verse vaciada de contenido si la negociación se concretase a nivel de empresa? ¿Tendrá el gobierno la valentía de legislar en el sentido de los intereses generales, tanto de trabajadores como empresarios, pasando por encima de los intereses particulares de las organizaciones establecidas?

Podría pensarse que alguno de los aspectos de la reforma laboral aquí considerados van en contra de los “intereses de los trabajadores” o de las conquistas sociales consolidadas. Nada más lejos de la realidad, si intentamos mirar más allá de la pura retórica. En primer lugar, porque una gran parte de los trabajadores, casi uno de cada cuatro, están realmente desposeídos de todo derecho, comenzando por el primero y esencial: el derecho al trabajo. Además, una gran parte de los trabajadores que tienen puesto de trabajo, incluidos los fijos, tienen continuamente sobre sí la espada de Damocles en forma de posibilidad de ser despedidos sin perspectivas de encontrar rápidamente un empleo similar, y se ven dificultados para buscar un trabajo mejor remunerado de acuerdo con su formación y capacidades. Por ello, una reducción o eliminación progresiva del desempleo es un objetivo social irrenunciable, que interesa en primer lugar a los propios trabajadores: con un mercado laboral eficiente en que la tasa de paro fuese reducida, funcionaría realmente la competencia entre las empresas por conseguir y retener a los mejores trabajadores pagándoles el sueldo requerido, y los trabajadores no tendrían temor a perder su puesto ante las posibilidades reales de encontrar otro igual o mejor. Con ello, mejoraría tanto la calidad de vida de cada trabajador como el bienestar económico de la sociedad en general.

Por otra parte, es cierto, como se afirma frecuentemente, que la reforma laboral no creará trabajo por sí sola. Efectivamente, no se crearán puestos de trabajo mientras que no exista crecimiento suficiente de la economía. Sin embargo, la reforma laboral es condición necesaria para acabar con el paro estructural, aquél que no depende de los vaivenes de la situación económica coyuntural, puesto que pocos se arriesgarán a hacer contrataciones indefinidas si deshacer el contrato es excesivamente complicado o costoso; y aún con crecimiento, sin reforma laboral nos veríamos abocados, como hasta ahora, al excesivo predominio de los contratos temporales, que son los que primero se destruyen en tiempos de crisis.

La segunda reforma estructural que debe abordarse sin dilación es la reforma del sistema financiero. Uno de los problemas que originaron la crisis y retrasan la recuperación económica es la desconfianza existente respecto a las entidades financieras y entre ellas mismas, a causa de la existencia en los balances de las mismas de los llamados “activos tóxicos”; en el caso de las entidades españolas, sobre todo en determinadas cajas de ahorros, demasiado subordinadas a intereses políticos, existen activos de dudosa valoración producto de inversiones fallidas en el sector de la construcción o de préstamos de dudoso cobro. Esta desconfianza ha dificultado la circulación de efectivo, que en ciertos momentos ha ocasionado una auténtica paralización del crédito.

Es necesario, pues, que las entidades afectadas hagan aflorar estos activos deteriorados, contabilizados ahora en los balances a precio de coste, que ahora resulta irreal, para que sean valorados a precio razonable de acuerdo con las actuales circunstancias del mercado. Esto provocará necesariamente disminución de beneficios, o incluso pérdidas, que deberán ser afrontadas por las propias entidades. No debe dedicarse dinero público para subsanar estas pérdidas, puesto que cada entidad debe ser responsable de las decisiones tomadas, tanto cuando eran acertadas como cuando han resultado erróneas. Si alguna de estas pérdidas ocasiona la insolvencia o la quiebra de alguna entidad, puesto que entre éstas no se contará ninguna de las “sistémicas” (que podrían hacer peligrar al conjunto del sistema financiero con su caída), las entidades que resulten insolventes deberán ser absorbidas o liquidarse, con substitución del equipo directivo y asegurando la protección debida a los depositantes. Las demás deberán refinanciarse sobre todo con capital privado, que asuma los riesgos y los eventuales beneficios, de manera que las entidades saneadas actúen con criterios de eficiencia y profesionalidad; si alguna intervención estatal se hace necesaria (como las del actual FROP), deberá ser en forma de préstamos o participaciones de capital temporales, de manera que puedan ser recuperadas con beneficios y el riesgo para los contribuyentes se reduzca al mínimo.

La reforma del sistema financiero es, pues, necesaria y urgente para que las entidades resultantes se encuentren saneadas, de manera que se reinstaure la confianza y vuelva a circular el crédito a las familias y a las empresas, condición imprescindible para la reactivación económica y para la creación de puestos de trabajo. En los momentos de redactar este escrito, el Gobierno ha anunciado una reforma del sistema financiero que parece que va en la dirección que hemos señalado. Sin embargo, la necesaria regularización de valoraciones en los balances en el plazo de un año (o dos en el caso de que se opte por fusiones) originará pérdidas en muchas entidades, lo cual hará que en el corto plazo se contraiga aún más el crédito y se ahogue todavía más a la actividad económica. Por ello, se ve como cada vez más necesaria la renegociación de los compromisos de déficit con nuestros socios europeos, de manera que se hagan posibles los incentivos a la actividad económica.

Por otra parte, deben abordarse o completarse las reformas legislativas necesarias para conseguir una regulación más eficiente en el sistema financiero: exigencia de suficientes ratios de solvencia (capital) y de liquidez (efectivo disponible); imposición de coeficientes máximos de endeudamiento a los bancos (algunas medidas en este sentido fueron ya adoptadas por los acuerdos de Basilea III); prohibición de la ocultación de riesgos, como la que se produjo mediante la extracción de los balances de riesgos asumidos a través de la titulización; establecimiento de normas claras de buen gobierno para que los directivos actúen en función de los intereses a largo plazo de los inversores y de la sociedad, y no en beneficio propio a corto plazo; exigencia de responsabilidades, incluso penales, por negligencia (que, por supuesto, no pueden ser retroactivas en un estado de derecho); regulación del sueldo de los directivos y de los operadores de bolsa para que estén ligados a resultados a largo plazo, con el objetivo de eliminar los “incentivos perversos” derivados de bonos o premios conseguidos asumiendo unos riesgos excesivos que ponen en peligro la solvencia futura de la sociedad, etc.

A fin de no extenderme en demasía, dejaré para otro escrito próximo las otras dos reformas necesarias para reconducirnos a la senda del crecimiento: la armonización fiscal y el impulso a un nuevo modelo productivo.

Gobierno inoperante

¿Hoy tampoco ha decidido nada este gobierno sobre las reformas estructurales imprescindibles para salir de la crisis? ¿Para cuándo la reforma laboral, que elimine la dualidad de nuestro mercado de trabajo y posibilite la creación de empleo? ¿No se dieron de plazo hasta Reyes? ¿De qué año? ¿Para cuándo la reforma del sistema financiero, que desbloquee el crédito a las empresas y las familias? ¿Sólo han hablado de “estabilidad presupuestaria”? ¿De verdad creen que sólo con recortes y habiendo subido los impuestos, en contra de sus promesas electorales y de toda lógica económica, van a lograr algo positivo? ¿Para cuándo los “incentivos a los emprendedores” que prometieron? ¿De verdad les preocupa más equilibrar el presupuesto que resolver el paro, que ya llega al 23%? ¿Aún hay alguien que crea que este gobierno nos va a sacar de la crisis? ¿Esperan que se resuelva por sí sola? ¿Cuántos de los que votaron al PP les volverían a votar? Desde luego, yo no lo hice. Si lo hubiera hecho, estaría indignadísimo y decepcionadísimo; así, sólo estoy indignadísimo, pero esto tampoco es un consuelo.

La crisis económica y los “fallos del Estado”

En economía se habla habitualmente de los “fallos del mercado”, que justifican la intervención del Estado. Como ejemplos de estos “fallos” podemos citar la existencia de “externalidades negativas”, como la contaminación; la necesidad de suministrar bienes públicos o servicios sociales que por su naturaleza el mercado no suministra en cantidad suficiente; la formación de monopolios y oligopolios, que entorpecen o impiden la competencia; la existencia de información desigual entre los agentes que intervienen, etc. En estos casos, el Estado interviene para intentar resolver estos y otros problemas donde el mercado no funciona correctamente, además de ejercer su función natural de asegurar el cumplimiento de las leyes, el respeto a los derechos, y realizar una labor de redistribución que asegure la igualdad de oportunidades y unos mínimos vitales para todos. Desde mi punto de vista de izquierda social-liberal, en otro lugar expuse mi opinión sobre los respectivos papeles del mercado y del Estado: “Qué significa para mí ser de izquierdas”. 

Igualmente, el Estado se atribuye la función de regular el funcionamiento general de la economía a través de la política monetaria y fiscal, con el objetivo de prevenir las crisis económicas o aminorar sus consecuencias. Pero, en este aspecto, tenemos derecho a preguntarnos si es eficaz la intervención del Estado y si esta intervención ha dado los resultados deseados o no. Por ello, el objetivo de este escrito es examinar la actuación del Estado antes y durante la crisis económica que vivimos, para ver cuáles han sido los resultados.

He de advertir que me refiero al Estado en general, como institución o conjunto de instituciones que forman la estructura jurídico-política de la sociedad, y no al Gobierno (una de estas instituciones), y mucho menos a la actuación de un gobierno concreto. No hablaré, pues, del gobierno de Zapatero ni de su eventual influencia en el desarrollo de la crisis. Mi opinión respecto al mismo es conocida, y la he expuesto en diversas ocasiones: “A qui votaré en les pròximes eleccions?”; “ Rubalcaba y la socialdemocracia: mi apoyo crítico”; “¿Es lo mismo el PP que el PSOE?”. Creo que Zapatero podía haberlo hecho mucho mejor, y también podía haber actuado mucho peor; pero no creo que ningún gobierno hubiera podido hacer milagros, dada la difícil situación de la economía mundial y española. Ahora se trata, más bien, de cuestionarnos el papel del Estado, en sus diversas manifestaciones que afectan a la actuación de la mayor parte de los gobiernos, de los bancos centrales, de los legisladores, etc.

En el origen de la crisis pueden señalarse tres actuaciones del Estado –dos por acción y una por omisión–, que, en mi opinión, posibilitaron el desarrollo de la misma, actuaciones que deberían hacer reflexionar a aquéllos que reclaman la intervención masiva del Estado en la economía. En primer lugar, el Estado, a través de los bancos centrales, controla la oferta monetaria y tiene la capacidad de manipular los tipos de interés. En principio, esta capacidad debería servir para suavizar los ciclos económicos; concretamente, cuando se avecina una crisis, a través de una política monetaria expansiva teóricamente se estimula la demanda agregada, lo cual debería permitir la recuperación económica. Esta política funcionó efectivamente en crisis anteriores de menor profundidad, como la de 2001. Sin embargo, los bancos centrales cometieron el grave error de mantener los tipos de interés artificialmente bajos durante demasiado tiempo. Los tipos de interés básicos reales (teniendo en cuenta la inflación) permanecieron prácticamente en valores negativos entre 2001 y 2005, y esto propició la existencia de crédito barato, que provocó el endeudamiento generalizado en hogares, empresas y bancos y originó la gigantesca burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, España y otros países.

En segundo lugar, en los Estados Unidos, ya desde 1977, durante el mandato de Jimmy Carter y después bajo las administraciones de Cinton y Bush, se promulgaron una serie de leyes que promovían la concesión de hipotecas para la compra de vivienda a familias con pocos recursos, con la esperanza de que se cumpliese el “sueño americano”, mejorase su situación económica y pudiesen pagar los préstamos, que eran financiados y garantizados por las agencias hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac. En esta legislación se encuentra el origen de las “hipotecas basura” o “créditos ninja“ (no incomes, no job, no assets), cuya explosión en 2007 marcó el inicio de la crisis.

En tercer lugar, las diversas administraciones norteamericanas se lanzaron a una serie de acciones legislativas que promovían la desregulación de los mercados financieros; dichas actuaciones se simbolizan en la derogación en 1999, bajo el mandato de Bill Clinton, de la Ley Glass-Steagall, vigente desde 1933, que separaba las actividades de los bancos comerciales y de inversión. Esta desregulación era fruto del predominio de ciertos modelos matemáticos en economía financiera sin fundamento económico real y de una confianza excesiva en la capacidad de autorregulación de los mercados financieros, pero resultó letal, pues permitió la proliferación descontrolada de los productos financieros sofisticados a través de todo el sistema financiero, la creación de una “banca a la sombra” fuera de control y la existencia de préstamos y riesgos fuera del balance de los bancos.

Estos tres elementos, mezclados y agitados en un cóctel fatídico, impulsaron la asunción de riesgos excesivos y mal calculados por parte de los agentes financieros. Por otra parte, existía un sistema de “incentivos perversos” entre los grandes directivos financieros que les exigía la consecución de resultados a corto plazo para no quedarse atrás respecto a sus competidores, asumiendo riesgos que podían ser contrarios a las perspectivas de futuro estable de sus empresas y al interés general; esto les impulsó a una vorágine competitiva de consecuencias desastrosas. El Estado renunció a su papel de controlar y regular el buen funcionamiento de los mercados financieros, y al mismo tiempo no supo dar una respuesta al evidente “fallo del mercado” que suponía la existencia de dichos incentivos perversos, de manera que cuando durante el verano de 2007 estalló la crisis de las hipotecas basura todo el sistema financiero estaba podrido. (Sobre estos y otros aspectos de la crisis financiera, puede verse mi “Resumen y comentario del libro Por qué quiebran los mercados”.

¿Cuál fue la respuesta de los estados y de los bancos centrales ante el inicio de la crisis? Inmediatamente reaccionaron siguiendo el modelo keynesiano: política monetaria expansiva basada en inyecciones masivas de liquidez (dinero destinado a préstamos a bancos) y bajadas de los tipos de interés (sin que debamos olvidar la esperpéntica actuación de Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, que llegó a subir los tipos en julio de 2008 para volverlos a bajar en septiembre). Ante la amenaza de colapso del sistema financiero, se realizaron rescates o ayudas a los bancos en forma de nacionalizaciones temporales (compras de acciones a bajo precio), préstamos y compra de activos tóxicos. Al mismo tiempo, desde la política fiscal, se realizaron programas de estímulo a la economía mediante el aumento de los gastos y de la inversión del Estado (por ejemplo, el plan E de Zapatero y los planes de estímulo de Obama), de eficiencia discutida.

De esta forma, se salvó al sistema financiero y se evitó que la crisis alcanzara proporciones incalculables, pero se provocó el endeudamiento generalizado de muchos estados, de manera que no pudo aplicarse la otra pata de la política fiscal keynesiana: la bajada de impuestos, que hubiese permitido incentivar la inversión y el consumo. Recordemos que tanto Merkel como Rajoy incumplieron sus promesas electorales de rebajar los impuestos, llegando éste último a subirlos en contra de toda lógica macroeconómica (v. “Se desveló el programaoculto del PP”). El aumento del déficit provocó que, inmediatamente después de que parecía que se iniciaba la recuperación de la crisis financiera, al menos en algunos países (recordemos los “brotes verdes” de 2009-2010), se enlazara con el inicio de la crisis de la deuda en la primavera de 2010.

En estos momentos nos encontramos, en mi opinión, en una especie de situación “entre la espada y la pared”, en que existen diversas opiniones entre los expertos: por una parte, los estados se encuentran con una necesidad imperiosa de reducir del déficit, no sólo por el peligro de impago y por el aumento de la de la prima de riesgo en algunos países, sino por el encarecimiento en los costes de financiación de las empresas a causa del riesgo-país y por el llamado efecto expulsión (crowding out), que consiste en la reducción de la cantidad de dinero disponible para préstamos a empresas y familias a causa de la compra por parte de los bancos de la nueva deuda pública. Por otra, algunos economistas neokeynesianos, como Paul Krugman y Joseph Stiglitz, critican la política de austeridad a toda costa y proclaman la necesidad de estímulos para la reactivación económica.

Es obvio que sin estímulos es difícil crecer, pero las recetas keynesianas parecen difícilmente aplicables, al menos de manera aislada en un único país, como España, con alta prima de riesgo (v. mi entrada “Keynes tenía razón, según Krugman”). Por ello, parecería más adecuado negociar con nuestros socios europeos y convencerlos de la necesidad de alargar por uno o dos años los plazos de los compromisos de reducción del déficit, tal como prometió Rubalcaba en la campaña electoral y contrariamente a la dirección en la que se ha embarcado el nuevo gobierno de Rajoy. Y todo ello, combinado con una reducción del gasto superfluoo improductivo, y la implantación de las reformas estructurales imprescindibles: reforma profunda del mercado laboral, que elimine la dualidad de nuestro mercado de trabajo entre indefinido y temporal y posibilite la creación de empleo; reforma del sistema financiero, que clarifique los balances de los bancos para que pueda fluir de nuevo el crédito, e impulso de un nuevo modelo productivo.

Pero, volviendo al tema principal de la entrada, y ante los “fallos del Estado” señalados y las dificultades e indecisión presentes, es lícito plantearnos la siguiente pregunta: ¿puede el Estado en realidad prevenir o resolver las crisis económicas, o más bien ayuda a provocarlas? Los economistas de la Escuela Austríaca de Economía (v. por ejemplo Juan Ramón Rallo o Jesús Huerta de Soto) nos responderán que es el Estado, a través de la manipulación de los tipos de interés por parte de los bancos centrales y su ayuda permanente a un sistema bancario con coeficiente de caja fraccionario, el que provoca las crisis (v. mi “Resumen y comentario crítico del libro Una crisis y cinco errores”). Se trata de un punto de vista que no puede ignorarse.

Resumen y comentario del libro “Por qué quiebran los mercados”

Por qué quiebran los mercados. La lógica de los desastres financieros, John Cassidy, RBA Libros, 2010 (Original: How Markets Fail, 2009). 

 

Con este comentario reanudo la serie de recensiones de libros sobre la crisis económica, la primera de las cuales se refería al libro Una crisis y cinco errores, de Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo, que podéis consultar en el enlace indicado.

El resumen es un poco largo, pero he preferido no partirlo para conservar su unidad dado el indudable interés del libro.

Introducción

El autor analiza las causas, la génesis y el desarrollo de la crisis financiera (2007-2009), criticando la excesiva confianza de la mayor parte de los economistas y de los gobernantes en la capacidad de autorregulación de los mercados y en la doctrina del laissez faire. Para ello, realiza un repaso de la historia del pensamiento económico, por lo cual el libro puede servir, además de un análisis interesante de los orígenes de la crisis económica actual, como una somera introducción a la historia del pensamiento económico.

En esta exposición histórica, el autor realiza una separación, a mi manera de ver artificial, como indicaré después, entre lo que él llama “economía utópica” (la que pondría el énfasis en la eficiencia del libre mercado) y “economía basada en la realidad” (la que tendría en cuenta los fallos de los mercados). Pero si alguien piensa que el libro es una crítica global al mercado y al capitalismo y una apuesta por otro modelo de sociedad, va a sentirse defraudado. Como puede verse en una entrevista publicada por El País (24-10-2010), el propio autor, parafraseando a Churchill, afirma que el capitalismo es “el mejor de los dos mundos”, y reconoce que el mercado, debidamente regulado, funciona en la mayor parte de los casos. Las reformas que el autor propone en su libro no pasan de una regulación del sistema financiero para hacerlo más eficiente y un control estatal adecuado del mismo.

En este sentido, me parece que el siguiente pasaje del autor en la Introducción del libro resume su postura: “[...] En tales circunstancias, conforme a la ortodoxia económica, la mano invisible del mercado transmuta actos individuales de egoísmo en resultados colectivos socialmente deseables. Si este argumento no incluyese un elemento importante de verdad, el movimiento conservador no hubiese gozado del éxito que tuvo. Los mercados que funcionan correctamente recompensan el trabajo duro, la innovación y el abastecimiento de productos bien hechos y asequibles, y castigan a las empresas y los trabajadores que ofrecen artículos excesivamente caros o de mala calidad. Este mecanismo del palo y la zanahoria asegura que los recursos se distribuyan con fines productivos, haciendo que las economías de mercado sean más eficientes y dinámicas que otros sistemas, como el comunismo y el feudalismo, que carecen de una estructura de incentivos eficaz. Nada en este libro debería interpretarse como un argumento para regresar a la tierra o reconstruir el Gosplan de los Soviets.” (p. 16).

Inmediatamente a continuación, el autor nos advierte de que los mercados no siempre funcionan correctamente: “Pero aseverar que los mercados libres siempre arrojan buenos resultados implica ser víctima de una de las tres ilusiones que yo identifico: la ilusión de la armonía”.

El autor hace un repaso de la historia de la economía, haciendo una clasificación entre “economía utópica”, o aquélla que tiende a defender la autonomía de los mercados que se regulan a sí mismos, y “economía basada en la realidad”, donde incluye a los autores que señalan los fallos del mercado, que debe ser regulado. Sin embargo, me parecen desacertadas las etiquetas establecidas por el autor. Entre otros aspectos, bajo la primera (“economía utópica”) se recogen las aportaciones fundamentales a la historia de la economía, como las de Adam Smith, que el propio autor considera válidas; se incluyen también modelos básicos sobre el funcionamiento de la economía, como los del equilibrio general de la escuela de Lausana, que aunque efectivamente sólo son exactos bajo ciertas condiciones simplificadoras que sus propios autores señalaron, nos indican la coherencia general del sistema de precios. Y bajo la segunda (“economía basada en la realidad”) se recogen las teorías sobre los “fallos del mercado”, que efectivamente deben ser tenidas en cuenta pero que en su mayor parte ya se integran en los textos académicos y en la doctrina económica convencional. No puede haber “fallos del mercado” si no existe el mercado, y los fallos no pueden enumerarse si no se ha examinado y descrito previamente al funcionamiento del libre mercado. Desde luego, los modelos matemáticos sobre el funcionamiento de la economía incluyen, como en todas las ramas de la ciencia, una serie de simplificaciones de la realidad necesarias para acercarnos a ella, y sólo funcionan exactamente si se cumplen las condiciones simplificadoras. Por ello, para una descripción más detallada es necesario introducir, junto a los modelos, una aproximación a lo que ocurrirá cuando las hipótesis simplificadoras no se cumplan; pero ello no invalida a los modelos, sino que los completa. Por tanto, la “economía basada en la realidad” no contradice ni invalida a la mayor parte de la llamada “economía utópica”, sino que la matiza y la completa cuando es necesario. Ambos aspectos de la economía son en gran parte compatibles, y deben integrarse, en todo aquello que tienen de válido, en la ciencia económica.

Desde luego, y como señala ya en la Introducción, el autor resta importancia, como causas de la crisis, a las malas decisiones, a la avaricia o a las actitudes delictivas: “Mi propuesta, tal vez controvertida, es que Chuck Prince, Stan O’Neal, John Thain y el resto de directivos de Wall Street cuyos tropiezos financieros y sus paquetes salariales han aparecido en las primeras planas durante los últimos dos años no son ni sociópatas, ni idiotas ni delincuentes. En su mayoría, son estadounidenses brillantes, diligentes y no especialmente imaginativos que fueron ascendiendo en su carrera, se codearon con la gente adecuada, obtuvieron resultados algo superiores a sus colegas y se encontraron ocupando un puesto directivo durante uno de los grandes booms crediticios de todos los tiempos. Algunos de estos hombres, quizá muchos de ellos, albergaban dudas sobre lo que sucedía, pero el entorno competitivo en que trabajaban no les ofrecía ningún incentivo para echarse atrás. Por el contrario, les alentaba a continuar. Entre 2004 y 2007, en la cúspide del boom, los bancos y otras empresas financieras cosechaban unos beneficios récord, el precio de sus acciones alcanzaba nuevas cotas; y sus líderes eran tratados como celebridades en los medios de comunicación” (p. 20).

Hechas estas advertencias, pasaré a resumir el contenido del libro. Éste se estructura en tres partes fundamentales: “Economía utópica”, “Economía basada en la realidad” y “La gran crisis”, además de la “Introducción” y las conclusiones “Conclusiones”. Me referiré a cada parte del libro en un apartado, para luego hacer mi propia valoración.

La “economía utópica”

El autor comienza su repaso a la historia de la economía describiendo el funcionamiento general de los sistemas de mercado como mecanismos que, al permitir la especialización de personas, empresas y países y al proporcionar incentivos a la inversión y a la innovación, expanden la capacidad productiva de la economía y facilitan un aumento gradual de la productividad y de los salarios y una mejora del nivel de vida. El primero en describir este mecanismo fue el escocés Adam Smith en el siglo XVIII, que introdujo el concepto de la “mano invisible” de los mercados, que hace que cada individuo, actuando bajo su propio interés, proporciona mediante su trabajo, a veces en colaboración con otros, las mercancías que otros desean comprar al coste más bajo posible, de manera que produce unos resultados beneficiosos para todos. Al mismo tiempo, Smith señala ya unas determinadas tareas que debe realizar el Estado, como defensa, administración de justicia o suministrar determinados bienes o servicios públicos.

Ya en el siglo XX, el economista austriaco emigrado a los Estados Unidos Friedrich Hayek describe cómo el mercado asigna correctamente los precios y las cantidades necesarias de las distintas mercancías de manera mucho más eficaz que cualquier planificador de una economía centralizada podría hacerlo, puesto que la información necesaria para ello se encuentra dispersa en la mente de cada uno de los productores y consumidores. El mercado coordina la actividad de millones de consumidores y de empresas por medio de los de precios, que actúan como un sistema de telecomunicaciones a lo largo de toda la economía. Por ejemplo, si los consumidores necesitan más cantidad de un determinado producto, su precio subirá, lo cual indicará a los productores que deben aumentar la producción. De manera semejante, las materias primas y los factores de producción se asignan de manera más eficiente posible. Hayek, como ya lo había hecho su maestro Ludwig von Mises, criticó, por este motivo, los sistemas comunistas de planificación central como necesariamente ineficientes, y predijo su caída. Sin embargo, se excedió criticando las políticas moderadas de la socialdemocracia y del estado de bienestar, que para él, y para muchos conservadores, suponían una amenaza para la libertad individual.

Léon Walras, principal figura de la Escuela de Lausana, intentó realizar una descripción matemática del conjunto de la economía de mercado, demostrando que existe un conjunto de ecuaciones que determinan las cantidades y los precios de cada mercancía, de manera que el sistema se encuentra en equilibrio general. A mediados del siglo XX, diversos teóricos, entre los cuales destacan Kenneth Arrow, Gérard Debreu y el físico y matemático John von Neumann, demostraron que, en determinadas condiciones, para los mercados competitivos existía un sistema único de soluciones de las ecuaciones de Walras que permitía una economía eficiente en equilibrio. De esta forma, la “mano invisible” de Smith y el “sistema de telecomunicaciones” de Hayek adquirían consistencia matemática. Sin embargo, a principios de los setenta se descubrió que el sistema podía permanecer en equilibrio estable, pero que también podía alejarse del equilibrio comportándose de forma caótica.

En las últimas décadas del siglo XX tuvo una gran influencia de Milton Friedman, principal economista de la Escuela de Chicago. Junto a algunas aportaciones válidas en macroeconomía, como la justa observación de que la llamada curva de Phillips, que relacionaba el paro y la inflación, sólo tenía efecto a corto plazo, pero no a largo plazo, Friedman criticó la manipulación de la demanda agregada proponiendo un crecimiento fijo constante de la oferta monetaria (propuesta sobre la cual la corriente mayoritaria de los economistas actuales se encuentra en desacuerdo) y abogó por limitar al máximo la intervención del Estado en la economía; de esta manera, ofreció un marco ideológico para la política de desregulación que se dio después.

Otras doctrinas económicas, como la teoría de la eficiencia de los mercados financieros, que postulaba la cotización de los valores financieros siempre reflejaba su verdadero valor, puesto que recogía toda la información disponible sobre ellos (teoría que ha quedado en entredicho por la existencia de las burbujas bursátiles y de otros activos), contribuyeron a la idealización del libre mercado como algo eminentemente estable e infalible. Los modelos matemáticos desarrollados por Paul Samuelson o por Robert Lucas, entre otros, concebían a los individuos encargados de la toma de decisiones como autómatas racionales que intentan maximizar ciertas funciones matemáticas que formalizan sus propios intereses, de manera que pueden realizar una serie de elecciones óptimas para cada situación. Otras teorías, como la de las expectativas racionales, preconizaban la irrelevancia de la política monetaria, siempre que los agentes económicos, completamente racionales e informados, sean capaces de prever las políticas económicas estatales. Argumentos similares se aplicaban a la política fiscal. De esta manera, la intervención del Estado se convertía no sólo en irrelevante, sino incluso desestabilizadora. Robert Lucas suponía que se daban todas las condiciones para el equilibrio general, y que este equilibrio era único y estable; si algo perturbaba el equilibrio, éste volvía a recuperarse automáticamente. En este sentido, Lucas extendió la hipótesis de los mercados eficientes a toda la economía, como un mecanismo idealmente perfecto donde no había espacio para las burbujas, para las recesiones económicas y el desempleo masivo. Todos estos modelos, a pesar de su relevancia matemática, son calificados por el autor, como ya hemos dicho dentro del calificativo de “economía utópica”, puesto que no tienen en cuenta las imperfecciones que se dan en la realidad.

La “economía basada en la realidad”

Sin embargo, otros autores, aun aceptando la esencia y la necesidad de los mercados, iban señalando los “fallos del mercado”, que requieren su regulación y la intervención del Estado. Uno de los primeros fue el inglés Arthur Cecil Pigou (1877-1959), que señaló los “efectos de desbordamiento” de los mercados libres (otros autores se refieren a “externalidades negativas”), que ocasionan que aunque aquéllos puedan conducir a un resultado eficiente desde el punto de vista privado, no lo es desde el punto de vista social. Un ejemplo típico de efecto de desbordamiento o externalidad negativa es la contaminación.

Francis Bator publicó en los años 50 diversos artículos en que utilizaba por primera vez la expresión “fracaso (o fallo) del mercado” (market failure). Entre estos fallos del mercado, señalaba la de dejar de sustentar actividades “indeseables” o no detener actividades “indeseables”, la información imperfecta, la inercia o resistencia al cambio, la incertidumbre y las expectativas incoherentes, los caprichos de la demanda agregada, etc. Sobre todo, indicaba tres fuentes de fallos del mercado que han permanecido como clásicas en los textos de economía, y que requieren la intervención del Estado: el poder de los monopolios y de los oligopolios, que distorsiona los beneficios de la libre competencia; la falta de incentivos de los mercados para proporcionar los “bienes públicos”, como puentes, hospitales, parques, cuerpos de bomberos, etc., a causa de la imposibilidad o dificultad para cobrar por sus servicios lo suficiente para producir un beneficio privado, y los “efectos de desbordamiento” o externalidades negativas, ya señalados por Pigou.

Otro problema se presenta cuando existen situaciones en que dos o más agentes del mercado pueden cooperar entre sí y obtener un resultado mutuamente beneficioso, pero sienten la tentación de no cooperar para obtener ganancias extras individuales. Pero el hecho de no cooperar puede originar graves pérdidas para todos. Es lo que en teoría de juegos se denomina “dilema del prisionero”, y se trata de un fenómeno que puede originar lo que el autor denomina la “irracionalidad racional”: una situación en que la aplicación del propio interés racional en el mercado de cada uno de los participantes da lugar a un resultado global nefasto y socialmente indeseable. Veremos situaciones semejantes en el desarrollo de la crisis.

Otra fuente de ineficiencia para el mercado es la de la información oculta, situación en que uno de los agentes que intervienen en el mercado (generalmente, el vendedor), tiene más información sobre el producto que el comprador. Un ejemplo clásico es el del mercado de coches usados, pero el problema puede darse en muchos sectores del ámbito económico. Un mercado con información oculta puede llegar a convertirse en un mercado “de cacharros” (“para limones”, en la deficiente traducción de la editorial: inglés lemon), puesto que los compradores, dudando de la calidad del producto, pueden no aceptar el precio demandado por los vendedores de productos de auténtica calidad, y éstos pueden verse desplazados del mercado, quedando únicamente los “cacharros”.

Por otra parte, las frecuentes burbujas y crisis bursátiles han puesto en entredicho la teoría de la eficiencia de los mercados financieros, y han dejado terreno a los teóricos del comportamiento o “finanzas conductales”, que dan importancia a la psicología de los inversores. Muchas veces, éstos y otros agentes del mercado tienen un comportamiento de imitación que les hace comportarse como un “rebaño”, puesto que advierten racionalmente que tomar una decisión errónea les comportará menos prejuicios si esta misma decisión es compartida por la mayoría de sus colegas o competidores; por ello, incurren en menor riesgo adoptando una decisión dudosa, aunque pueda ser errónea, si ésta es la que sigue el “rebaño”, que adoptando una decisión siguiendo sus propios criterios, aunque pueda ser la correcta.

Si un sector es especialmente sensible a la inestabilidad económica es, precisamente, el sector financiero. Ya en los años 80, un economista keynesiano, Hyman Minsky, indicaba los peligros del sistema financiero, que describía lo que el llamaba “finanzas especulativas” o “finanzas piramidales” (en la traducción de la editorial, “de Ponzi”). En las etapas expansivas del ciclo económico, el crédito fácil hace que aumente la inversión, los beneficios y los precios de los activos; existe una competencia entre los bancos y otras instituciones financieras para suministrar capital, con lo cual la asunción de riesgos aumenta. Si en las etapas iniciales los bancos prestan sólo a negocios y a familias solventes, las exigencias de solvencia se van diluyendo. Pero ningún boom crediticio dura para siempre; en un momento determinado, cuando empieza a crecer el número de préstamos morosos o impagados, el crédito se restringe. Al comenzar a escasear el dinero, muchos prestatarios se ven obligados a vender sus activos a cualquier precio para poder cumplir sus compromisos, con lo cual comienza una espiral de declive de la inversión, de los beneficios y de los precios de los activos. A menos que las autoridades financieras intervengan facilitando liquidez, puede producirse una profunda depresión.

En realidad, la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky es una forma de irracionalidad racional, en que el interés individual tanto de los bancos prestamistas como de los prestatarios apalancados pueden conducir a expansiones inflacionistas y a contracciones generadoras de desempleo. El apalancamiento (endeudamiento) de los propios bancos, que multiplica su riesgo, y la “ingeniería financiera”, o creación de nuevos productos, como la “titulización” de préstamos, que desincentivan la investigación de la solvencia de los prestatarios, puede ocasionar la agudización de la inestabilidad y de las crisis.

La gran crisis

El autor del libro sitúa el origen de la gran crisis en el estallido, en 2007, de la burbuja inmobiliaria y crediticia que se había iniciado a principios de la década. A fin de combatir la crisis provocada por la burbuja anterior, la de las empresas punto com, la Reserva Federal estadounidense redujo los tipos de interés desde un máximo del 6,5% en el año 2000 hasta el 1,25 en noviembre de 2002, y al 1% en junio de 2003. Con una inflación al 2%, el coste del endeudamiento a costo plazo estaba, pues, por debajo de cero, y así seguiría durante dos años más.

Estos tipos de interés, inusualmente bajos, provocaron una carrera de endeudamiento progresivo por parte de propietarios de viviendas, consumidores, empresas, y después en los propios bancos y sociedades de inversiones, que acabaron fuertemente apalancados. La deuda hipotecaria, sobre todo la de préstamos de alto riesgo (hipotecas subprime) se multiplicó.

Por otra parte, los propios tipos de interés bajos hicieron, como es usual, que creciera de manera exagerada el precio de los activos, particularmente de los activos inmobiliarios, en una burbuja que acompañaba a la burbuja crediticia.

Al mismo tiempo, como fruto de una excesiva confianza en la capacidad autorreguladora de los mercados, las sucesivas administraciones estadounidenses fueron aboliendo la legislación que había sido aprobada a raíz de la Gran Depresión durante los años 30, legislación que separaba las actividades de los bancos comerciales de la de los bancos y sociedades de inversión, con lo cual los organismos reguladores perdían capacidad de control sobre las actividades de alto riesgo en el sistema financiero.

A la carrera de inflación de los precios de la vivienda siguió una carrera por conceder préstamos por parte de los bancos y otras sociedades financieras, cada vez con menores garantías de cobro, con la confianza de que los precios seguirían subiendo y siempre podría recuperarse la cantidad prestada haciéndose cargo de la vivienda. Al mismo tiempo, las administraciones de Clinton y de Bush ejercieron presión sobre las agencias hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac para que aumentaran la financiación de préstamos para vivienda a personas de bajos ingresos. Esta carrera arrastró también a las sociedades financieras más responsables, temerosas de perder cuota de mercado y con ello disminuir sus beneficios y poner en peligro el puesto de trabajo de sus directivos. Se trataba de una materialización de las finanzas piramidales o de Ponzi que había pronosticado Minsky, y de la irracionalidad racional que exemplifica el dilema del prisionero.

La desregulación de los mercados financieros, unida a la ingeniería financiera, agravó los elementos de la burbuja por medio de la titulización de los préstamos (empaquetamiento, subdivisión y venta a terceros), la emisión de certificados de seguros sobre los títulos hipotecarios y la creación de una serie de entidades intermediarias (la llamada banca en la sombra) que permitían que los prestamistas dejaran de asumir la mayor parte del riesgo de los préstamos, que quedaban fuera del balance oficial de los bancos emisores de éstos. A ello se unieron los errores de las agencias de clasificación, que otorgaron la máxima puntuación a muchos de dichos títulos. Además, los modelos de cálculo de riesgo que se utilizaban no reflejaban correctamente el auténtico riesgo que se estaba asumiendo.

Se daban también los elementos estudiados por la psicología de la inversión. Como en otras burbujas anteriores, olvidando la experiencia adquirida, los agentes participantes confiaban en que los precios no llegarían a caer, o bien, no sabiendo cuándo podría comenzar la caída, consideraban necesario participar en ella; por ejemplo, los compradores de viviendas lo hacían ante el temor de tener que comprarla más tarde a mayor precio. La mayor parte de los “expertos” en el mercado inmobiliario no advertían señales de una burbuja.

A todo ello contribuyó el sistema de sueldos y remuneraciones de los directivos de las empresas demasiado ligados a la consecución de beneficios a corto plazo; si las cosas van bien, las acciones de la empresa subirán de precio, y con ello también las opciones sobre acciones que los directivos han recibido; pero si las cosas van mal, los accionistas se arruinarán, mientras que a los directivos les quedan los paquetes de jubilación sumamente generosos. Estos incentivos perversos se extienden a los operadores de bolsa, que se benefician de inmensas bonificaciones proporcionales a los beneficios que generan a la compañía para la cual trabajan; sin embargo, si generan pérdidas, pueden ser despedidos, pero no han de reembolsar el capital perdido. Ello llevó a directivos y a operadores a correr riesgos excesivos a corto plazo, aunque a largo plazo puedan resultar sumamente peligrosos o perjudiciales para las empresas; cuando las cosas comenzaron a ir mal, las consecuencias las sufrieron los accionistas y, en último extremo, los contribuyentes. Sin embargo, debe reconocerse que esta estrategia arriesgada era la racional, teniendo en cuenta los incentivos, las presiones y la competencia que existía; si las cosas hubieran salido de otra forma, dichos directivos hubieran sido tratados como genios de las finanzas, como lo habían sido durante los años anteriores de bonanza; muchos de ellos eran conscientes de los excesos de riesgo, pero si no los hubieran asumido sus empresas se hubiesen quedado estancadas, y ellos hubieran sido despedidos.

Con todos estos ingredientes, era normal que cuando algo fallara el sistema se situase al borde del abismo. El toque de alerta comenzó el 9 de agosto de 2007, cuando el BNP Paribas anunció la suspensión de reembolsos de tres de sus fondos de inversión con participaciones en títulos hipotecarios estadounidenses por falta de liquidez de dichos activos. Las agencias de calificación habían empezado a revisar a la baja la calificación de estos títulos, de manera que los mercados de dichos títulos se colapsaron y era imposible valorarlos objetivamente. Ello creó una crisis de confianza entre las entidades financieras, ya que nadie podía saber la verdadera exposición a los activos tóxicos de las demás compañías, y ni siquiera podían calcular el valor de los propios; de esta manera, a pesar de las sucesivas inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, el mercado de préstamos interbancarios se colapsó. Los bancos y otras entidades financieras, ante la necesidad de obtener efectivo líquido, se vieron obligados a vender muchos de sus activos a cualquier precio, cosa que provocó la caída de precios de los activos; por ello, muchas entidades fuertemente apalancadas se vieron obligadas a intensificar las ventas, lo que originó las crisis bursátiles de 2008 y 2009. Algunos bancos importantes quebraron y tuvieron que ser nacionalizados o vendidos a precio simbólico: el Northern Rock británico (agosto de 2007, rescatado por el Estado; el Bear Sterns, comprado a un precio simbólico por JPMorgan en marzo de 2008 con garantía de la Reserva Federal sobre sus activos tóxicos). En septiembre de 2008, el gobierno federal de los Estados Unidos nacionalizó las entidades hipotecarias semiestatales Fannie Mae y Freddie Mac y substituyó a sus directivos, ante el temor de que sus compromisos de pago, garantizados por el Estado, se incumpliesen. La mayoría de los demás bancos estaban en una situación precaria, y muchos de sus altos directivos fueron despedidos.

El lunes 15 de septiembre de 2008 culminó la crisis bancaria con la quiebra de Lehman Brothers, tras sucesivas advertencias de las autoridades (Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, y Hank Paulson, secretario del Tesoro) de que ampliara su capital y después de un fin de semana de negociaciones infructuosas para su eventual adquisición por Bank of America, Barclays o Merrill Lynch. Pero un día más tarde, la Reserva General acudió al rescate (mediante préstamo y participación mayoritaria en el capital) de la compañía de seguros AIG, la más importante del país, asfixiada por las indemnizaciones por incobro en los seguros de créditos de garantía hipotecaria y por la caída del valor de dichos títulos, ante el temor de que su caída arrastrase a todo el sistema financiero y afectase a las divisiones de seguros convencionales de la compañía. Tras algunas semanas de pánico en todo el sistema financiero, incluidos los hasta entonces tranquilos y seguros fondos del mercado monetario, el 3 de octubre de 2008 el Congreso de los EEUU autorizó la disponibilidad de 700.000 millones de euros para la compra de activos tóxicos, fondo que después se utilizó para la compra de acciones (nacionalización) de bancos e incluso de las compañías automovilísticas Chrysler y General Motors. Muchos americanos conservadores asistían atónitos a la masiva intervención estatal, pero sin que se levantasen voces críticas por el temor al colapso total.

Otras medidas similares se tomaban en diversos países, mientras la recesión se extendía por todo el mundo en forma de caída brutal del crédito, de la demanda, de la producción y del empleo. Sin embargo, las intervenciones gubernamentales lograron evitar el derrumbe general del sistema financiero, que hubiera prolongado una catástrofe económica de dimensiones incalculables. En la segunda mitad de 2009 (fecha de publicación del libro), los mercados se recuperaban de manera relativa, algunos bancos empezaban a devolver los créditos, la caída en la producción se moderaba y se preveía un crecimiento en muchos países en 2010.

Conclusión

Según el autor, la crisis económica ha puesto en evidencia el carácter erróneo de las teorías excesivamente optimistas en la capacidad de autorregulación de los mercados. Es necesaria una nueva filosofía económica que reconozca la utilidad de los mercados, pero también sus limitaciones; que reconozca la existencia del sistema de telecomunicaciones de Hayek, pero su tendencia a derrumbarse. En todo país avanzado el mercado suministra los bienes y servicios que la gente quiere comprar, pero el Estado tiene un papel tanto a la hora de suministrar los bienes que el mercado no puede o no quiere proporcionar como a la hora de establecer normas y regulaciones. Un gobierno eficaz se basa en conseguir el equilibrio necesario: si la supervisión es excesiva, la innovación se verá ahogada; si es insuficiente, se pueden producir burbujas y depresiones y se generarán externalidades negativas, como la contaminación.

Por ello, el autor propone una serie de medidas de reforma del sistema financiero, entre las cuales se incluyen la regulación de los agentes y prestamistas hipotecarios, la imposición de coeficientes máximos de endeudamiento a los bancos y otras empresas financieras, la exigencia de una mayor liquidez y capital en reserva, la prohibición de la ocultación de riesgos, regulación de derivados y otros productos financieros complejos, regulación del sueldo de los directivos y de los operadores de bolsa para que estén ligados a resultados a largo plazo.

Valoración

En definitiva, se trata de un análisis sumamente interesante y que considero en su mayor parte válido de las causas de la crisis financiera. Sin embargo, como he indicado al principio, considero criticable el planteamiento general del libro, sobre todo en cuanto a la separación artificial entre “economía utópica” y “economía basada en la realidad” y sobre la validez de la teoría económica académica. A mi modo de ver, y creo que el autor estaría de acuerdo con ello, los mercados no son perfectos ni son siempre eficientes, pero son la mejor manera que conocemos para calcular los costes y para establecer los precios de las mercancías, y para asignar de la mejor manera posible los recursos escasos.

Por ello, y a pesar de los comentarios críticos del autor respecto a él, me quedo con el comentario de Greg Mankiw reproducido al final del libro (p. 373): según Mankiw sería necesario introducir en los primeros cursos de economía temas hasta ahora reservados a cursos superiores, como el papel de las instituciones financieras, los peligros del apalancamiento y los riesgos de las previsiones económicas; sin embargo, “a pesar de la gravedad de los acontecimientos recientes, los principios de la economía no han variado demasiado. Los estudiantes aún tienen que aprender acerca de las ganancias del comercio, la oferta y la demanda, las propiedades de la eficiencia de los rendimientos del mercado y otras cuestiones. Estos temas seguirán siendo los elementos básicos de los cursos introductorios”. Es decir, los principios generales de la economía no han variado, a pesar de que, obviamente, la economía es una ciencia incompleta (como todas), y se encuentra en plena evolución.

Keynes tenía razón, según Krugman

(El País, 3 de enero de 2011)

La opinión de un premio Nobel siempre debe ser tenida en cuenta, aunque la economía es una ciencia donde no todos los premios Nobel opinan lo mismo, sobre todo a la hora de poner la teoría en práctica. Debe advertirse que las recetas keynesianas que Krugman recomienda son probablemente adecuadas para los Estados Unidos, con intereses reales de la deuda negativos, pero no pueden trasladarse automáticamente a otros países con elevada prima de riesgo: el mismo Krugman reconoce que Grecia e Irlanda no tenían otra opción que la de la austeridad.

Sin embargo, aunque podamos dudar de la aplicabilidad del keynesianismo en un momento o en un país concreto (en España no se podría, de manera aislada, expandir el gasto alegremente, so pena de poner al país al borde de la quiebra) lo que no se puede hacer tampoco es ir totalmente en contra de la teoría mayoritariamante aceptada, como acaba de hacer el gobierno del PP. Creo que ya es hora de cuestionarse y rectificar –eso sí, a escala europea, donde sí que sería posible– la política exclusiva de ajustes sin incentivos económicos de los gobiernos conservadores mayoritarios en Europa, ante los malos resultados que está obteniendo (previsiones de recesión para este año).