La oposición del PP al gobierno en los últimos cuatro años ha sido, en el terreno económico, completamente irresponsable. Han aprovechado la crisis económica para cargar las culpas de todos los males del mundo a Zapatero sin ofrecer ninguna alternativa coherente, y se han abstenido o han votado en contra en el parlamento ante las necesarias medidas de control del déficit y en otras reformas económicas importantes. Han preferido permanecer al margen, confiados de que el propio desgaste del gobierno los conduciría directamente a la Moncloa. Y ahora, forzados por la inminencia de las elecciones, se descuelgan con unas propuestas fiscales ambiguas e inconcretas, donde se nos promete al mismo tiempo bajar los impuestos y controlar el déficit, pero no se nos detalla demasiado dónde ni cómo ni en qué. Además, ya nos advierten de que los recortes de impuestos podrán dejarse en suspenso en función de la “herencia recibida”; una insidiosa manera de “curarse en salud” y justificarse por adelantado ante los eventuales incumplimientos de lo prometido.
Una de las medidas propuestas que ha trascendido no puede menos que dejarnos estupefactos: la rebaja de los impuestos sobre las rentas de capital. Desde luego, debe admitirse que la rebaja de impuestos en general es una medida clásica dentro de las recetas keynesianas para impulsar la economía, sobre todo en tiempos de crisis; otra cuestión diferente es si esta rebaja es posible cuando el déficit público ha alcanzado cifras alarmantes y se pretende al mismo tiempo reducir el déficit. Igualmente, es cierto que los impuestos sobre las rentas de capital tienden, en general, a castigar el ahorro, y por tanto comprometen el desarrollo a largo plazo. Sin embargo, debemos cuestionarnos si tales rebajas tienen sentido precisamente en el momento presente, cuando lo prioritario es impulsar la salida de la crisis económica y reducir el paro.
Y aquí es donde, en mi opinión, la propuesta de Rajoy carece de sentido. En caso de ser posibles las rebajas de impuestos con el propósito de impulsar la demanda agregada, los expertos nos indican que éstas deben dirigirse a los sectores más desfavorecidos, a los que por culpa de la crisis han visto disminuida su capacidad de consumo, a los que tienen más dificultades para acceder al crédito. Por ejemplo, Guillermo de la Dehesa, en su obra La primera gran crisis financiera del siglo XXI. Orígenes, detonantes, efectos, respuestas y remedios” (p. 237), nos indica que: “para estimular el consumo sugieren dos recomendaciones. La primera es dirigir selectivamente la reducción de impuestos o las transferencias a aquellos consumidores que se encuentran más constreñidos por el crédito. Extendiendo la provisión de subsidios de desempleo a un mayor número de desempleados o dando mayor duración a los que ya los reciben, elevando el mínimo exento del impuesto sobre la renta, expandiendo la red de seguridad a más personas o elevándola cuando ésta es muy baja o ayudando a los deudores hipotecarios para evitar que pierdan su vivienda, incluso utilizando recursos públicos para la amortización de sus préstamos. Estas medidas ayudan tanto a mantener la demanda agregada como a mejorar la situación del sistema financiero”. Recordemos que, a pesar de las dificultades originadas por la crisis, el gobierno socialista ha impulsado y mantenido la red de protección social más alta conocida en nuestro país.
En cuanto a las rebajas de impuestos a las rentas de capital, el mencionado autor afirma (en la misma obra y página): “El tercer tipo de estímulo fiscal es el dirigido a incentivar el gasto de inversión en las empresas. Éstas se enfrentan no sólo a una caída de la demanda interna e internacional en sus productos o servicios sino también a una elevada incertidumbre sobre el futuro de la misma. Ante esta incertidumbre y al igual que los consumidores, toman una actitud de espera ante sus inversiones hasta ver atisbos de que la situación puede mejorar. Ante esta situación, las reducciones de impuestos sobre beneficios o sobre las ganancias de capital no suelen tener muchos efectos sobre la inversión. Es más importante conseguir que no reduzcan sus operaciones actuales por falta de financiación o por no poder pagar unos márgenes tan elevados que conseguir que hagan nuevas inversiones. Esta tarea corresponde además a la política monetaria del banco central y no a la fiscal”. (En esta última frase, el autor se refiere a la reducción de los tipos de interés, que sí que favorece la inversión.)
Es decir, lo que dificulta la inversión de las empresas, más que un punto más o menos en la tasa de impuestos sobre rentas de capital, es la incertidumbre ante la situación económica, la posibilidad de que los productos se queden en los almacenes por falta de demanda. Por ello, y sin negar el posible efecto positivo de esta medida en cuanto a la posibilidad de atraer capitales hacia nuestro país, considero que es más prioritario el estímulo de la demanda de los sectores más desfavorecidos en el sentido antes indicado. Más que ahorro a largo plazo, lo que necesitamos es impulsar la demanda a través del consumo, y hacerlo ya.
Por tanto, la propuesta de Rajoy de disminuir los impuestos sobre las rentas de capital, si bien puede ser correcta en términos generales y atemporales (si no se tiene en cuenta el ciclo económico), es completamente inadecuada en los momentos de profunda recesión y elevado paro en que nos encontramos. En cambio, las propuestas de Rubalcaba, en el sentido de aumentar temporalmente los impuestos a los más ricos, aunque parezcan inadecuadas desde el punto de vista de la teoría económica abstracta (es decir, si prescimos de los ciclos económicos), pueden ser en realidad adecuadas en estos momentos del ciclo y pueden tener efectos positivos si el importe de lo recaudado se dedica a favorecer a los más débiles e impulsar la demanda.
Algunas otras medidas económicas propuestas por el PP no dejan de plantearnos serias dudas. Por ejemplo, la de que los convenios de empresa deben primar sobre los convenios de ámbito general. Se trata de una medida en abstracto correcta, hacia la cual tendía la última reforma de la negociación colectiva aprobada por el gobierno (por cierto, con el voto en contra del PP). Pero si el gobierno no pudo o no quiso llegar más lejos en la citada dirección, fue por la búsqueda de consenso entre los agentes sociales, y una vez vista la imposibilidad de un acuerdo, por la necesidad autoimpuesta de mantener la oposición de los sindicatos dentro de unos límites razonables. ¿Se atreverá el PP a imponer por decreto una reforma laboral y de la negociación colectiva más dura, prescindiendo de cualquier tipo de acuerdo entre los agentes sociales y pasando por encima de los sindicatos? Si es así, deberían de aclararlo.
No entro en este escrito a valorar la impresentable posición del PP por su indefinición ante la ley del aborto o su silencio ante otras conquistas democráticas o derechos sociales: matrimonio de los homosexuales, derecho a una muerte digna, laicidad del Estado, etc.
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