El telediario y los Reyes Magos

El telediario de TVE de mediodía de hoy me ha indignado profundamente. Todos los niños que han salido en el reportaje han recibido todo lo que habían pedido a los Reyes Magos, e incluso más; el mundo es perfecto y todo es felicidad por doquier. No se han acordado para nada de los millones de niños cuyos padres están en el paro o con graves dificultades y que sin duda no habrán podido, muy a su pesar, regalarles lo que deseaban; por no hablar de los niños sin hogar, etc. Me parece una muestra de desprecio por la realidad, de falta de respeto y de sensibilidad, insoportable en un medio público.

Las pérdidas del Estado en la banca pública

La operación de venta del Banco de Valencia a Caixabank ha desatado mi más profunda indignación, y supongo que la de muchos ciudadanos.

Como es sabido, el Banco de Valencia estaba integrado en el grupo Bancaja (después, Bankia), que era su accionista mayoritario; es decir, formaba parte del sistema de banca pública, que fue objeto de una desastrosa gestión de los políticos –en este caso, del PP valenciano– y que como otras muchas cajas de ahorros del resto de España se vieron sometidas a los intereses particulares y partidistas, y en muchos casos a prácticas corruptas que están siendo objeto de investigación judicial.

Fruto de esta “gestión pública” –más bien, podríamos decir “ingestión” o “indigestión”–, el banco tuvo que ser intervenido –es decir, nacionalizado– por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, otra instancia del Estado) en noviembre de 2011, mediante la inyección directa de 1.000 millones de euros en capital y otros 2.000 millones en forma de crédito.

Ahora, la operación de venta a Caixabank se materializa mediante una ampliación de capital en el Banco de Valencia, suscrita por el FROB, por valor de 4.500 millones, con carácter previo a la venta de su participación mayoritaria en el banco por el valor simbólico de un euro. Hablando claro, esto significa que el Estado, por medio del FROB, reconoce que el Banco de Valencia no vale nada, que está en situación de quiebra y que los 5.500 millones de euros (4.500 actuales más los 1.000 inyectados anteriormente) invertidos por el Estado en capital pierden todo su valor y se han esfumado: sólo servían para intentar tapar el inmenso agujero producido por años de gestión, cuanto menos, ineficiente; y ello, sin contar los 2.000 millones de crédito, que será de dudosa recuperación. Además, el FROB (es decir, el Estado) suscribe un esquema de protección de activos (EPA) mediante el cual cubrirá el 72,5% de las pérdidas que se produzcan en la cartera de activos del banco, con lo cual la aportación final del Estado está aún por determinar.

Todo esto debe sumarse a las pérdidas registradas en una operación similar que se realizó hace unos meses mediante la venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo al Banco de Sabadell, también por un euro, que costó al Estado 5.249 millones en capital perdido (2.800 en el momento de la nacionalización más 2.449 antes de la venta), sin contar las pérdidas futuras derivadas del correspondiente EPA. Es decir, las pérdidas efectivas y realizadas del Estado en el sector de banca pública, sólo en estas dos operaciones, ascienden, como mínimo, a 10.749 millones de euros, es decir, más de un 1% del PIB, que deberá sumarse al déficit público de este año o, si la contabilidad creativa lo permite, del que viene. ¿Quién se supone que paga toda esta “fiesta”? Adivínenlo los lectores.

Es de destacar que no se trata de “ayudar o salvar a la banca con dinero público”. Podrá ser discutible si el Estado debe “salvar” o no a determinados bancos a fin de asegurar la estabilidad del sistema financiero, y la opinión de los expertos está dividida en este punto. Pero lo que está fuera de toda duda, porque lo confirma la realidad de los hechos, es que en nuestro país la banca privada, sometida a los criterios y a la disciplina del mercado, no ha necesitado hasta ahora la ayuda del Estado, sino que han sido sus accionistas los que han asumido las minusvalías derivadas de los descensos de cotización. Ha sido en el sector de las antiguas cajas de ahorro y entidades sometidas a ellas (controladas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es decir, por instancias del Estado) donde se han concentrado la gestión nefasta, los desaguisados y las corruptelas que han conducido al desastre actual; y todo ello, con la connivencia del Banco de España, el teórico regulador (también estatal, claro está). Es decir, no es que el Estado haya “salvado a la banca”, sino que el Estado se ha salvado a sí mismo, o más bien ha reconocido su ineptitud primero pasándose la patata caliente de unas instancias estatales a otras y finalmente reconociendo sus pérdidas, mientras unos consejeros nombrados a dedo por los partidos políticos y los sindicatos se han repartido impunemente millones de euros procedentes de nuestros bolsillos.

Una seria advertencia, pues, para todos aquellos que desconfían de “los políticos” en general pero siguen defendiendo la existencia de una banca pública gestionada por estos mismos políticos, o por otros que no se diferenciarían en nada de los actuales en cuanto a incentivos, intereses y ignorancia, y que sin duda realizarían una gestión igualmente ineficiente, interesada y eventualmente corrupta.

Cataluña: por la libertad y el entendimiento

En Barcelona se produjo el día 11 de septiembre una movilización sin precedentes, que modifica las coordenadas políticas no solamente de Cataluña, sino las de España en su conjunto. No tiene sentido ignorarla ni intentar minimizarla con argumentos o justificaciones del tipo de que muchos manifestantes no eran propiamente independentistas, que estaban allí como protesta por la crisis, por el descontento con el fallo del Tribunal Constitucional respecto al Estatuto, etc. Ello puede ser cierto: quizá sólo un porcentaje indeterminado de los que asistieron a las movilizaciones, a la hora de verdad, no votarían a favor de la independencia; pero no es menos cierto que el lema de la convocatoria era inequívoco, y que la totalidad de los asistentes sabían a lo que iban, y no se sienten incómodos, sino más bien complacientes, con la idea de la independencia. Es necesario reconocer que, sean cuales sean las causas, una base amplísima del espectro social del catalanismo se ha desplazado claramente hacia posiciones independentistas; ya no se puede seguir pensando que el independentismo es y será siempre una opción minoritaria. Y se trata de una ola creciente. 

En primer lugar, debo expresar mi respeto hacia la opción independentista, como hacia todas las opiniones que se expresen en libertad y de manera pacífica, y mi defensa inequívoca del derecho de los pueblos a decidir su futuro. Sin embargo, considero que en una época en que el futuro de la construcción europea pasa por la cesión progresiva de la soberanía de los estados existentes a una Europa fortalecida en un contexto de libertad, democracia y paz, tiene poco sentido crear nuevos estados, que no serían otra cosa que obstáculos y barreras a la convivencia. Siempre me he sentido, como valenciano de padres castellanos y felizmente casado con una latinoamericana, partícipe de los dos ámbitos culturales que conforman mi existencia: el ámbito catalán, entendido en sentido amplio e integrador, como espacio cultural y lingüístico abierto a todos los territorios que compartimos la misma lengua, por encima de particularismos y denominaciones locales igualmente legítimas, y el español o hispanoamericano, como una de las culturas más ricas del planeta). Desde muy joven procuré aprender la lengua de mi país, y la cultivo y uso, junto a la mía de origen, en cualquier tipo de situaciones. Considero igual de “míos” a Ausiàs March, Cervantes, Salinas, Verdaguer, García Márquez, Lluís Llach, Javier Marías, María del Mar Bonet, Màrius Torres, Pío Baroja o Estellés. Me siento orgulloso de mi ciudadanía española, como expresión de un ámbito de convivencia en libertad y solidaridad, y no tengo problemas para usar el término España para referirme a este ámbito de convivencia o al estado que lo vertebra, aunque a veces uso también Estado español para no caer en repeticiones léxicas. No obstante, no me gusta usar el término nación, porque tras varios años de investigación y algunas publicaciones que ahora no suscribiría, no conseguí hallar una definición satisfactoria para dicho término. No me considero “nacionalista” porque creo que la pertenencia a un ámbito identitario no debe ser exclusiva ni excluyente; en este sentido, recomiendo el libro de Amin Maalouf que resumo en mi “Resum del llibre ‘Les identitats que maten. Per unamundialització que respecti la diversitat’”. 

Por todo ello, considero que la opción de convivencia más razonable, el “encaje” más adecuado entre Cataluña y el resto de España, es un estado federal, que tan bien funciona en países como Suiza, Estados Unidos y Alemania. Considero que el futuro de los pueblos pasa por superar las fronteras existentes y no por crear otras nuevas. 

Me preocupa, sin embargo, la postura del conjunto de los españoles respecto al tema. Muchos, me gustaría decir que la mayoría, han reaccionado ante la gran manifestación de Barcelona con sorpresa, admiración y respeto. Otros han exhibido posturas más o menos destempladas. Después de siglos ignorando o ocultando el problema catalán, o intentando barrerlo debajo de la alfombra, muchos parecen haber despertado de su bello sueño de la “nación española única e indivisible” y se han topado de bruces con la dura realidad. Es curioso que ahora oigamos hablar de estado federal (como mal menor) a muchos que nunca habían aceptado ni siquiera el estado de las autonomías. 

Se plantea a los catalanes la acusación de “insolidarios”: quieren –se dice– separarse porque son los más ricos y no desean aportar su parte a las regiones españolas más desfavorecidas. Apuntaré de paso que la postura oficial de Artur Mas, de reclamar el “pacto fiscal” y al mismo tiempo apuntarse a la locomotora en marcha de la independencia, me parece irresponsable y contradictoria; es como si en una pareja que está planificando su presupuesto para comprar un piso, uno de ellos plantease la separación: ya no tendría sentido comprar el piso. Sin embargo, debe recordarse que la solidaridad es voluntaria; no puede ser impuesta. Entre otras cosas, porque si se impone se convierte en un expolio que lastra la capacidad de desarrollo propio de los receptores eternos de solidaridad. No es correcto que se piense que “los catalanes, de las piedras hacen panes”, y al mismo tiempo que se pretenda esquilmar parte de dichos panes sin preocuparse por desarrollar los medios para fabricarlos por uno mismo. 

No tiene sentido, en mi opinión, plantear argumentos como que Cataluña independiente quedaría empobrecida, que quedaría fuera del euro, etc. Es cierto que, en un primer momento, una Cataluña independiente quizá perdiera parte de su cuota de mercado en el resto de España, o que algunas grandes empresas con sede actual en Barcelona se trasladarían a Madrid. Pero no voy a descubrir nada nuevo si recuerdo la tradición comercial e industrial de Cataluña, y su capacidad de iniciativa para salir adelante. Y a nadie se le puede ocultar la vocación europea de Cataluña; si así lo deseasen los catalanes, una Cataluña independiente sería inmediatamente integrada en las instituciones europeas e internacionales y en la moneda común, si es que no lo estuviese ya desde el inicio por los acuerdos alcanzados. 

Pero creo que el problema no es económico; se trata de un problema fundamentalmente identitario. Es cierto que el nacionalismo, en mi opinión, supone una exaltación, por encima de otras consideraciones, de un concepto vago y difícil de definir como el de "nación", y que los nacionalistas manejan una concepción esencialista y reduccionista de la identidad como pertenencia exclusiva a una única comunidad, en este caso nacional o lingüística, como excluyente de cualquier otra pertenencia, haciéndolas incompatibles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que responde a una necesidad humana básica de autoidentificación y de pertenencia a una colectividad. Y cuando esta autoidentificación se siente en peligro, como ha sido históricamente en el caso catalán, surgen los conflictos, tal como advierte Amin Maalouf en el libro citado. 

Sin embargo, muchos españoles, en un ejercicio de mirar la paja del ojo ajeno y no ver la viga en el propio, estigmatizan el nacionalismo catalán olvidándose de que ellos mismos caen en el nacionalismo de tipo contrario: el nacionalismo español excluyente. No me referiré aquí a los agravios históricos –que los hay–, sino a actitudes que se manifiestan en expresiones como la "unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, sin tener en cuenta y por encima de la voluntad de sus miembros, la de “Cataluña es parte de España”, entendida como estructura eterna y fosilizada, y no modificable opinen lo que opinen los catalanes o otros pueblos hispanos, o en frases cavernícolas como el "háblame en cristiano", "esto es España y aquí se habla el español", en la supuesta "superioridad del español como lengua de España", etc., que aún se oyen de vez en cuando en territorios del Estado con una lengua distinta de la castellana. Es decir, en la negación permanente, miope y suicida de la realidad catalana y de otros pueblos de España. Creo que, lamentablemente, en el resto de España no se ha entendido ni se entiende a Cataluña ni a los catalanes, ni tampoco a los vascos, y me atrevería a decir de paso que tampoco a una parte de los valencianos. España no ha resuelto satisfactoriamente el problema del plurilingüismo y de la existencia en su territorio de pueblos que aspiran a una identidad propia y distinta de la que se les quiere adjudicar por decreto o por "derecho de conquista". 

Y la realidad, de la que no podemos huir, es que una parte creciente, quizá ya mayoritaria, de catalanes –y vascos–, sea con motivos objetivos o puramente subjetivos, se sienten agredidos respecto a su propia identidad, sienten que España no les comprende ni les respeta, y opinan que la única opción que les queda es la de “ser un país normal”, es decir, construir un estado propio. Simplemente, hay muchos que han llegado al independentismo por hartazgo, por “fatiga”, porque se sienten insatisfechos con y en el Estado español. Por suerte, no tengo experiencia en divorcios, pero creo que cuando alguien quiere separarse ambos miembros de la pareja suelen tener parte de culpa, y desde luego no la tiene siempre el que promueve la separación. Y cuando la armonía de la convivencia se rompe –si es que esta armonía existió alguna vez–, de nada sirven los reproches. 

Por ello, deben superarse las mentalidades exclusivistas que han llevado a esta situación, y debe entrarse en una vía de entendimiento que permita, de una vez por todas, un encaje satisfactorio entre Cataluña y España, donde los catalanes puedan sentirse cómodos. Una opción, para mí deseable como dije anteriormente, sería la del estado federal, un estado plurinacional que reconociese el derecho de sus pueblos a considerarse una “nación” (aunque ya dije que a mí no me gusta usar dicho término) y a decidir su futuro, incluida la separación, y la igualdad efectiva de derechos de sus ciudadanos a desarrollarse en su propia lengua y con su propia cultura. Cámbiese la Constitución si es necesario, revísese lo que haya que revisar, incluyendo el nombre oficial del Estado si hace falta, etc.; pero lléguese a un acuerdo entre iguales; no entre territorios, sino entre ciudadanos con los mismos derechos y deberes.

 

Pero quizá la locomotora que se puso en marcha el 11 de septiembre ya no pueda detenerse. Quizá ya pasó el momento, y se desaprovechó la oportunidad histórica de convivencia en un mismo estado. Si ello fuera así, contémplese la situación sin dramatismo, sin pensar que se rompe una parte de cada uno; no quedaría otro camino que el del sentido común (el seny) y, de nuevo, el del entendimiento. Por una parte, Cataluña no puede declarar la independencia de manera unilateral e ilegal, pues ello implicaría el rechazo internacional y el aislamiento. Pero por la otra, España no tendría otra opción que la de entrar en la vía de la negociación. En estos días también he oído voces histéricas recordando la inconstitucionalidad de las pretensiones de los catalanes, e incluso llamando a la intervención del ejército evocando su papel garante de la “unidad territorial de la nación española”. Seamos sensatos; si el pueblo catalán, o mañana el vasco o cualquier otro, reafirmase de manera repetida e inequívoca, bien sea por medio de movilizaciones pacíficas, de elecciones, de referéndum, etc., su voluntad de independencia, ¿alguien cree realmente que iba a ser impedimento, a medio o largo plazo, una constitución o un ejército?; ¿alguien en su sano juicio estaría dispuesto a iniciar una guerra contra Cataluña, o quizá también y simultáneamente contra el País Vasco, bajo el grito de “la maté porque era mía”?; ¿pero es que alguien cree que nos encontramos en los tiempos de los tercios de Flandes? Lo lógico, y lo deseable, sería que se actuase como en una ruptura de una pareja que desea separarse de manera civilizada. Se entraría –deseo y quiero esperar– en una vía de diálogo y negociación, donde los partidos españoles mayoritarios no tendrían más remedio que aceptar la situación; se modificaría la Constitución allá donde hiciera falta o incluso se sustituiría, y se negociarían, conjuntamente con las instituciones europeas, los aspectos económicos del asunto (deuda externa, moneda, etc.), de manera que la separación se realizase con los menores traumas posibles. Lo contrario, sería caer en la locura y en el suicidio colectivo.

La enésima mentira del Gobierno de Rajoy

Rajoy y sus ministros se hartaron de decir que no habría banco malo. Pues bien, ya tenemos banco malo. Pero si parecía que ésta era la única solución para los activos tóxicos y se había experimentado con éxito en otros países, ¿por qué se llenaron la boca a fuerza de negarlo?; ¿por qué tardaron tanto tiempo en implementar la medida? Y, ¿quién les va a creer ahora cuando dicen que no costará ni un euro al contribuyente?

Desarrollo, inversión internacional y expropiaciones: ¿a quién benefician o perjudican?

En los últimos días hemos presenciado dos actos de nacionalización o expropiación de sendas filiales de empresas españolas en dos países latinoamericanos. En ambos casos, los gobiernos respectivos las realizan “en nombre del pueblo”, “con el objetivo de controlar los recursos naturales”, “los sectores estratégicos”, “los servicios básicos”, etc. Sin entrar en detalles sobre cada caso concreto, sobre las consecuencias para las empresas matrices de las nacionalizadas ni sobre la justeza o no de las compensaciones económicas que puedan derivarse, mi objetivo en esta entrada es el de analizar las consecuencias de dichos actos para los pueblos de los propios países en cuestión: ¿les benefician o les perjudican?

En primer lugar, debemos recordar algunas cuestiones elementales. Es necesario comprender que el nivel de riqueza, de bienestar y de progreso económico de un país depende de la cantidad y calidad de los bienes de capital existentes en dicho país, es decir, de la densidad y la eficiencia de su tejido industrial, de sus fábricas, de sus infraestructuras, de sus medios de comunicación, etc.; no debemos olvidar incluir también el capital humano: la calidad de la enseñanza, el nivel de los conocimientos tecnológicos, etc. Es evidente que de la densidad de los medios de capital depende la productividad, es decir, la cantidad de producción en relación con la cantidad de trabajo empleado: un campesino con un arado romano y unos bueyes tardará un día en labrar un campo que, probablemente, araría en una hora si cuenta con el tractor o la maquinaria adecuada; igualmente, en un país que cuente con infraestructuras deficientes, medios de comunicación escasos y una población mayoritariamente analfabeta, la productividad será mucho menor que en otro que tenga medios de capital más desarrollados. Una mayor productividad, derivada de una alta densidad de bienes de capital, redunda en unos precios menores, ya que productos que antes eran muy costosos de producir, con unos medios de capital adecuados ven abaratados sus costes medios. Así mismo, tal como se explica en cualquier manual de economía, la productividad marginal (es decir, la productividad del último trabajador contratado) determina, los salarios de equilibrio, de manera que el nivel general de los salarios es mayor en los países que cuentan con mayor densidad de bienes de capital; es por ello que los salarios en Alemania, en Suiza o en Holanda son mayores que en España, Portugal, Irlanda o Grecia, y en estos países mayores que en Marruecos, China o Nicaragua, y no porque los sindicatos hayan sido más eficaces o las luchas sociales hayan sido más intensas en unos países que en otros.

El aumento de los bienes de capital puede conseguirse mediante dos vías no excluyentes: el ahorro y la inversión interior o bien la inversión exterior. De manera originaria, en los países desarrollados (en Europa y en algunos países poblados o relacionados con europeos) los bienes de capital han ido desarrollándose y acumulándose a lo largo de siglos, a partir de la revolución cientificotécnica que precedió a la Revolución Industrial, en un constante y progresivo proceso de desarrollo tecnológico, ahorro e inversión. Este proceso ha sido, en términos generales, paralelo al desarrollo humano y social en otros terrenos, como los derechos humanos, la democracia y la libertad, avances que han posibilitado la consolidación de instituciones sólidas en forma de estados democráticos y de derecho, y de una estabilidad política y jurídica que ha favorecido el desarrollo económico.

Lamentablemente, esta situación relativamente favorable (y aun así, sometida a crisis económicas periódicas como la actual) sólo existe en un número reducido de países. En muchas zonas del mundo existen aún gobiernos despóticos al servicio de elites corruptas que someten a sus pueblos a la ignorancia y a la miseria. En otros países, aunque cuenten con regímenes políticos formalmente democráticos, sus instituciones son aún débiles e inestables y su nivel de corrupción es alto. En unos y en otros, los medios de capital, físicos y humanos, son muy escasos o incluso casi inexistentes, debido a que no han tenido la posibilidad de desarrollarse. Esto origina que su nivel de riqueza sea bajo y que abunde la pobreza y la miseria. Muchas veces se arguye como causa del subdesarrollo de los países pobres y de la riqueza de los desarrollados la explotación imperialista o colonialista; aún debiendo analizarse y denunciarse todos los abusos e injusticias que históricamente se hayan producido o puedan producirse, creo que esta explicación no es suficiente para dar cuenta de la situación real actual: por una parte existen países muchos países europeos desarrollados que no contaron con imperios coloniales (Noruega, Suecia, Suiza, Finlandia, Islandia...), y en muchos países del Tercer Mundo, como muchos de los países árabes o africanos, la dominación colonial fue de corta duración en términos históricos. Creo, más bien, que la explicación de la situación actual de unos países y otros está determinada por el distinto nivel de desarrollo de los bienes de capital fruto de su proximidad o lejanía o distinta relación histórica con el núcleo donde primeramente se desarrollaron, de manera paralela, las revoluciones cientificotécnica, industrial y democrática, y que el futuro de los países pobres depende de la política que adopten de cara a favorecer el incremento de su capacidad productiva, es decir, sus bienes de capital.

Por ello, una serie de países (Sudeste asiático, India, Brasil, incluso China...) han optado de manera decidida por la vía de la apertura al exterior, tanto en cuanto a la intensificación de los intercambios comerciales como a la inversión extranjera, y han experimentado un progreso económico indudable en las últimas décadas. En otros países, esta apertura ha sido más indecisa, sometida a bandazos en función de las circunstancias políticas, o incluso no se ha dado, con el consiguiente perjuicio para los pueblos, que se han visto sumidos en el estancamiento y el atraso, o en la pobreza generalizada y en la miseria extrema.

En este sentido, la inversión exterior representa un elemento imprescindible para el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo y para el progresivo aumento del bienestar de sus pueblos. Países donde el tejido industrial, las infraestructuras, el nivel educativo, el desarrollo tecnológico, etc., son muy deficientes, tienen una capacidad productiva muy limitada y no pueden generar por sí mismos, a corto y a medio plazo, los recursos suficientes para mejorar el nivel de vida de sus habitantes ni para desarrollar, a través del ahorro interno y de la inversión endógena, sus propios recursos productivos. Sin inversión exterior, deberían atravesar un largo período de tiempo en adquisición de conocimientos y tecnología, ahorro y esfuerzo de inversión para aumentar sus recursos de capital que les permitiesen, a largo plazo, mejorar su productividad y aumentar su nivel de vida; es decir, deberían recorrer por sí solos el largo y costoso periplo de desarrollo que en Europa y otros países desarrollados ha costado siglos. En cambio, la inversión exterior permite que los países en vías de desarrollo se aprovechen de nuestros avances tecnológicos, de nuestro capital y de nuestra experiencia, y puedan recorrer el camino del progreso en un período mucho más corto que el que nosotros habíamos necesitado.

Cuando una empresa extranjera o una multinacional invierten en un país, desde luego lo hacen por interés propio y de sus accionistas, y no actúan como una ONG; su fin es maximizar los beneficios, de la misma forma que cuando invierten en cualquier parte, o de como actúa la mayor parte de la gente en el terreno económico. Pero esta inversión se traduce en el montaje de una fábrica o de unas instalaciones que aumentan el tejido industrial o las infraestructuras del país; para ello, requerirán la contratación de mano de obra, y a fin de fidelizar a sus trabajadores más eficientes, normalmente pagarán salarios más altos que los que ofrecían los escasos empleos en las manufacturas locales. Desde luego, los salarios y las condiciones de trabajo no serán, al principio, tan altos ni tan favorables como los que se ofrecen en los países desarrollados, puesto que la cantidad de mano de obra disponible es muy numerosa, y por ello la relación entre bienes de capital y trabajo (de la cual depende la productividad marginal y los salarios) es baja; pero sin duda, tales condiciones de trabajo y de vida son mejores que las que tenían cuando la empresa multinacional no existía. Y a medida que la inversión exterior se extiende y acuden nuevas empresas extranjeras a invertir al país, el tejido productivo se hace más denso, la relación entre bienes de capital y trabajo aumenta, y por ello empieza a funcionar la competencia entre las empresas por conseguir los trabajadores más eficientes, y necesariamente los salarios aumentan y las condiciones laborales mejoran. Una parte de los beneficios se reinvertirá en el país, mediante la mejora o ampliación de las instalaciones o la apertura de nuevas industrias. Por ello, la alternativa a una multinacional que ofrece salarios escasos y condiciones duras (en comparación con los estándares de los países ricos) no es que la multinacional se vaya, sino que acudan otras diez, cien o mil multinacionales más a enriquecer el tejido industrial y a ofrecer nuevos puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, gracias a la inversión exterior proliferan las industrias locales que ofrecen sus productos y servicios a la multinacional, y se aprovechan los conocimientos y la tecnología exterior. De esta manera, se incrementan aún más los bienes de capital físico y humano, y se posibilita todavía más la mejora de salarios y condiciones de vida; a largo plazo, éstos se equilibrarán con los de los países desarrollados. Al mismo tiempo, al haber aumentado la producción en su conjunto, se ofrecen bienes y servicios inexistentes anteriormente, o de mejor calidad y a un menor coste que los previamente existentes, y por tanto a un precio más barato. El país en su conjunto se beneficia de la inversión exterior. Por supuesto, el país originario de la empresa inversora también se beneficia, a través de la parte de beneficios que revierten a los inversores y mediante los productos importados a precios más baratos.

Por todo ello, la inversión exterior permite a los países en vías de desarrollo captar el capital y la tecnología que les posibilitarán su progreso económico y tecnológico, como un intercambio que beneficia a ambas partes. Ello es tan evidente que incluso algunos países de regímenes comunistas han acudido a la inversión exterior, sobre todo en épocas de carestía y como último recurso para su desarrollo.

Con estas reflexiones previas, podemos valorar las acciones de expropiación o nacionalización como profundamente negativas para los pueblos que sufren a los gobiernos populistas que las ejercen. A pesar de la retórica “patriótica” que las envuelve, normalmente sirven de coartada política al gobierno de turno para justificar su ineficiencia o sus problemas en otros terrenos. Su resultado es que, allí donde había una empresa moderna dirigida por profesionales y técnicos competentes, que prestaba un servicio de calidad o proporcionaba unos bienes o productos a la población, nos encontraremos con una macroestructura estatal dirigida por funcionarios sin incentivos adecuados, y eventualmente susceptible de caer en los males que aquejan a este tipo de estructuras: corrupción, nepotismo, despilfarro de recursos públicos, ineficiencia, ineficacia, etc. Además, dejará de afluir la tecnología que aportaba la empresa expropiada, y todo ello redundará en un empeoramiento o incluso desaparición de servicio o bien prestado.

Pero las consecuencias generales para el país no se limitarán a los de la industria o empresa expropiada. Normalmente, la empresa o multinacional se encuentra en el país fruto de un acuerdo previo, por compra de una empresa local que antes era ineficiente, o bien por haber montado nuevas instalaciones fruto de una política previa de apertura al comercio y a la inversión exterior; en todos los casos ha habido una inversión o desembolso por parte de la multinacional, que ahora se pierde. Incluso en el dudoso supuesto de que se llegase a un acuerdo justo con la empresa en cuanto a indemnización a pagar, se genera un precedente de cambio de reglas de juego, y una inseguridad jurídica manifiesta; la expropiación implica una variación en la política de apertura económica previa. Todo ello desincentiva la inversión exterior: las empresas exteriores paralizan las inversiones proyectadas o disminuyen las existentes, y las que pensaban acudir al país desisten de ello; las industrias locales que habían iniciado su florecimiento decaen o desaparecen. Con ello, se congela o se reduce la estructura productiva, los salarios se reducen o no crecen, se pierden puestos de trabajo, las condiciones de vida se estancan, el país se empobrece y se ciega una magnífica vía para salir de la pobreza.

 
Por encima de la demagogia, éstas son las consecuencias reales de los actos populistas de expropiación o nacionalización. Las personas que, desde los valores de la izquierda, nos sentimos sensibles y solidarios con el progreso humano y el desarrollo de los pueblos no deberíamos ignorarlas.

El problema no es sólo de Repsol

El problema no es sólo de Repsol. Cuando los argentinos se den cuenta de que no cuentan con tecnología ni recursos para explotar sus pozos, y que de repente se quedan sin energía; cuando se den cuenta de que, habiendo su presidenta violado el principio de seguridad jurídica y el derecho internacional, los inversores exteriores empiezan a no acudir, o incluso a desaparecer de Argentina; cuando se den cuenta de que sin inversión exterior la competencia, la demanda de trabajo y los salarios reales se reducen; cuando se den cuenta de que en lugar de profesionales han colocado al frente de sus empresas más importantes a politicastros corruptos e incompetentes; cuando los organismos internacionales impongan a Argentina una indemnización por el valor real de lo expropiado, que el Estado se niega a pagar, porque sus políticos se han llevado los recursos; cuando ya nadie quiera prestar dinero al estado argentino ni hacer negocios con él; en fin, cuando la sociedad argentina se empobrezca cada vez más por culpa del populismo demagógico, entonces las consecuencias no las sufrirá su presidencia, ni sus políticos; las sufrirá el pueblo argentino. Pero, los políticos no tendrán problema: siempre conservarán lo que se han llevado, y siempre existirá el "imperialismo", el "neoliberalismo", el "colonialismo", los "malditos gallegos" o cualquier otro fantasma para echarle la culpa y eludir los análisis serios y las responsabilidades.

Rajoy decepciona incluso cuando acierta

En otro giro espectacular respecto a lo prometido, después de haber afirmado hasta la saciedad que España cumpliría sus objetivos de déficit, Rajoy se permite desafiar a la Unión Europea negando todas sus promesas anteriores y afirmando que el objetivo del déficit para 2012 será del 5,8% del PIB, muy lejos del 4,4% comprometido.

La decisión, en sí, no puede calificarse de negativa, sino todo lo contrario. El compromiso de déficit del 4,4% se tomó cuando se preveía una cierta recuperación económica que habría permitido ir enjugando el enorme déficit acumulado en los años anteriores; en lugar de ello, la economía ha experimentado un retroceso generalizado en el último trimestre de 2011, lo cual ha originado que el déficit del último año fuese más alto que el inicialmente previsto. En 2012, muchos países prevén una desaceleración que en algunos, como en España, se traducirá sin duda en recesión. En estas condiciones, el cumplimiento del objetivo prefijado hubiera obligado a una profundización de los recortes sociales que hubiera hundido aún más la economía y habría hecho que aumentara aún más de lo previsto el número de parados. Por ello, el mantenimiento del compromiso hubiese sido poco menos que suicida. Muchas voces se han pronunciado en este sentido, y el acierto de la decisión ofrece pocas dudas.

Sin embargo, la forma de tomar esta decisión resulta decepcionante, y puede calificarse de alarmante. La situación de dificultad en el cumplimiento de lo pactado no afecta únicamente a España, sino, como hemos dicho arriba, a muchos países de la Unión Europea. Se ha desaprovechado una magnífica ocasión de introducir un debate de altura en el conjunto de la Unión Europea para evaluar los resultados de la política de austeridad a ultranza seguida hasta ahora, y para valorar la posibilidad de reintroducir incentivos de tipo keynesiano para reactivar la economía; es decir, se ha perdido la oportunidad de convencer a los gobiernos más conservadores de la necesidad de cambiar el rumbo de la política económica seguida hasta ahora. Una decisión consensuada en sentido positivo habría generado confianza y habría permitido ir saliendo conjuntamente de la crisis.

Es decir, se imponía la vía de la negociación con nuestros socios, para tomar entre todos las decisiones más convenientes. Sólo agotada la carta de la negociación, y después de que se hubiese comprobado el fracaso de ésta, podría haber tenido justificación el incumplimiento por parte de España, para evitar males mayores. Sin embargo, el gobierno se lanza a una decisión unilateral, sin contar con nadie, en claro desafío a toda la Unión Europea. Con ello, el PP incumple de nuevo sus promesas electorales y sus afirmaciones anteriores (ya lo hizo al aumentar los impuestos) en un nuevo bandazo que compromete nuestra credibilidad de país para cumplir sus compromisos, y nos expone en solitario a los avatares de los mercados, dificultades que podrían provocar un aumento exagerado de la prima de riesgo que mermase nuestra capacidad de financiación en el exterior y agravase aún más la crisis. Ojalá, además de volver a mentir, el gobierno no se haya equivocado.