Sin embargo, patronal y sindicatos, todos organizaciones burocráticas subvencionadas por el Estado, han juzgado más provechoso continuar con sus disputas echándose las culpas los unos a los otros; una postura deplorable, que consagra el fracaso global de todas estas organizaciones como tales. ¿Para qué queremos sindicatos y organizaciones patronales, pagadas con nuestros impuestos, que negocien durante meses y meses, si al final el Gobierno es el que ha de legislar?
Esperemos que el Gobierno tenga una vez más, como sucedió en el caso de la reforma laboral, el valor de reformar profundamente (y si es posible, con una decisión mayor que en el caso mencionado, acorde con la magnitud del problema) un sistema de negociación absolutamente rígido, acercando las decisiones y acuerdos sobre las condiciones de trabajo a la realidad de cada empresa, de manera que se facilite la contratación de los trabajadores que buscan empleo. Claro, este acercamiento a las empresas haría que las estructuras burocráticas sindicales y patronales perdiesen gran parte de su protagonismo y de su sentido. Es natural que no se hayan puesto de acuerdo.
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